
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 determinó que el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) habría violado el principio de neutralidad electoral al permitir que personal de su despacho participara en actividades proselitistas durante el horario laboral, según un informe de fiscalización emitido en diciembre de 2025.
La fiscalización se produjo a partir de un reportaje difundido por Cuarto Poder y unidades de investigación periodística, que documentaron cómo dos trabajadores de confianza del legislador —Gian Marco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren— estaban presentes en una actividad vinculada a la campaña presidencial de Sánchez en noviembre último, en los exteriores del penal de Barbadillo, en el distrito de Ate.
De acuerdo con el informe, el numeral 3 del artículo 8° de la Ley n.° 27815 del Código de Ética de la Función Pública establece que el servidor público queda prohibido de “realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.”.
Asimismo, el numeral 6.1 indica: "Hacer propaganda de organizaciones políticas o candidaturas, dentro o fuera del local de la institución, durante el ejercicio de la función pública o prestación de servicios. Dicha prohibición comprende el horario de trabajo (en actividades presenciales o virtuales), mientras permanezcan en los locales institucionales y durante las comisiones de servicio".
El JEE también subraya que la gravedad de la infracción se ve potenciada por la triple condición de Sánchez: congresista, apoderado partidario y candidato presidencial, lo cual —según el informe— incrementa su obligación de actuar con total imparcialidad durante el proceso electoral.
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Ante las conclusiones del informe, Roberto Sánchez rechazó las acusaciones de uso irregular de recursos públicos. En declaraciones a la prensa, sostuvo que los trabajadores presentes en la actividad contaban con licencias sin goce de haber el día de los hechos, por lo que, en su opinión, no se trató de un uso indebido de personal del Estado. También defendió la legalidad de las contrataciones y la participación política de su equipo fuera del horario laboral oficial.
El informe ya fue elevado al pleno del JEE de Lima Este 1, que deberá emitir su pronunciamiento final conforme a sus atribuciones.

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