Perú Libre busca beneficiar a altos funcionarios con la demora de sus investigaciones y procesos judiciales

Perú Libre, por medio de una propuesta del congresista Américo Gonza Castillo, buscar beneficiar a altos funcionarios con investigaciones en curso. El parlamentario presentó un proyecto de ley que pretende modificar cinco artículos del Código Penal a fin de que las investigaciones a los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, es decir, el presidente de la República, los congresistas, ministros de Estado, magistrados supremos y otros altos cargos, estén a cargo exclusivamente de jueces y fiscales supremos titulares.

Según la justificación del proyecto, el objetivo es "asegurar un proceso penal transparente, imparcial y libre de cualquier influencia o presión política". Esto debido a que, actualmente, la mayoría de jueces y fiscales son provisionales lo que, según Gonza Castillo, no ofrece "garantías de autonomía e independencia".

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Américo Gonza argumenta que los fiscales provisionales no garantizan imparcialidad

"La provisionalidad, al no estar amparada por la estabilidad que otorga la titularidad, puede propiciar una vulnerabilidad institucional, en tanto los fiscales provisionales, por el temor de ser removidos o no confirmados en sus cargos, podrían actuar condicionados por intereses externos, particularmente en investigaciones de alta carga política", se lee en el documento.

En otras palabras, Gonza sostiene que los fiscales provisionales, al no tener un puesto seguro, pueden ser influenciados por la presión política o son más susceptibles a la agenda mediática y brindar una decisión "imparcial". "Esto por estar condicionadas por la necesidad de conservar el cargo o satisfacer a quienes tienen el poder de nombramiento o remoción", anota el proyecto.

Para sustentar su propuesta, el proyecto presenta una comparativa de la cantidad de fiscales provisionales frente a los titulares. Según ello, en 2023, de 8,338 fiscales, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. "Mientras las plazas provisionales han aumentado en más de 1,400 en los últimos cinco años, el número de fiscales titulares ha disminuido", indican.

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De la misma forma, referente al Poder Judicial, manifestaron que "también se observa una preocupante expansión de plazas ocupadas por jueces supernumerarios provisionales, especialmente en niveles claves del sistema". Hasta marzo de 2024, se registran 3,715 jueces a nivel nacional, de los cuales 1,519 ejercen como jueces supernumerarios, según información de la Subgerencia de Estadística de la referida institución.

Abogada Cruz Silva: 'No se debería hacer distinción entre el trabajo de fiscales provisionales y titulares'

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y especialista en temas de magistratura, reconoció, en diálogo con La República, que, desde hace mucho tiempo, persiste la provisionalidad como problema. En ese sentido, un magistrado provisional puede ser, bajo condiciones objetivas, retirado o removido de su cargo y queda fuera de las investigaciones de los casos que tiene en su despacho. Algo que no sucede con quienes tienen titularidad, pues tienen mayores garantías.

Sin embargo, ello no quiere decir que un magistrado provisional solo por el hecho de ser temporal vaya a estar sometido a presiones. "Es más, hay un caso en la Corte Interamericana que indica que tanto los magistrados titulares como los magistrados provisionales para que sean retirados de sus cargos tienen que estar en situaciones corroboradamente objetivas. Por ejemplo, donde haya una aprobada inconducta funcional o un desempeño deficitario", anotó.

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Es decir, los provisionales están protegidos y no pueden ser retirados de sus cargos sin razón alguna. De esta forma, se descartaría el principal argumento de Gonza Castillo.

Por otro lado, al ser consultada por el impacto que habría de aprobarse dicho proyecto de ley, Silva indicó que el efecto inmediato sería que se ralentizarían los procesos. Además, las personas que han colaborado en la investigación y tenían puesta su confianza en el fiscal, podrían no sentirse cómodas con el cambio de profesional.

"Lo que definitivamente va a pasar es que va a dificultar el juicio y la investigación. Al haber pocos magistrados titulares, muchos de estas investigaciones están a cargo de magistrados que son provisionales. Y la salida de magistrados provisionales conlleva a problemas mayores, como, por ejemplo, qué va a pasar con aquellas personas, testigos o colaboradores eficaces que tienen ya una confianza", dijo.

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Añadido a ello, la propuesta legislativa, explica Silva, va contra el trabajo de un funcionario público. "Por ejemplo, le quitaría a los jueces lo que es el centro de su función jurisdiccional. Lo que está diciendo es 'tales jueces provisionales no van a tener jurisdicción'. Esto es grave porque la jurisdicción no puede estar limitada por lo que son las personas, sino por la naturaleza de las cosas", enfatizó.

"Esa es una diferencia que no se puede permitir. Al menos no en este caso donde históricamente los funcionarios públicos han sido investigados por el juzgado o la autoridad que le corresponda, sea esta titular o provisional", agregó.