Cruz Silva: "El objetivo de la captura de la Fiscalía es taponear las investigaciones vinculadas a economías ilegales"

Vislumbremos el futuro. La revista de Hildebrandt dice en su portada de hoy (viernes)que el intento de toma del Ministerio Público no ha terminado y que lo que sigue a continuación es una acusación por desacato contra la fiscal Delia Espinoza por no cumplir con la resolución de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es posible ese escenario en realidad?

Sí, es absolutamente posible. Y, es más, creo que nos quedamos cortos en ese escenario. En verdad, lo que se vislumbra es mucho más dantesco, teniendo en cuenta lo que ha pasado últimamente, lo que ha hecho la junta: la imposición de una fiscal de facto, con base en un documento que no cumple con las formalidades y la insistencia para que la fuerza pública entre en acción ante un supuesto desacato. Entonces, la posibilidad de una denuncia por desacato es absolutamente posible, pero creo que definitivamente no va a ser la única vía. Particularmente, me parece que la junta no va a querer desligarse del discurso que tiene, de que supuestamente ha sido violentada en su autonomía, en su autoridad, en la fuerza vinculante de sus decisiones, y con mucha seguridad creo que va a tratar de ligarla a un procedimiento administrativo disciplinario, en donde exista una medida provisional de suspensión que se ejecute inmediatamente. Por supuesto, la doctora Espinoza podría presentar algún amparo, alguna medida cautelar, pero eso no se resuelve de la noche a la mañana.

Ahora, a favor de la doctora Espinoza hay un buen argumento, la decisión de no acatar la resolución de la junta no es una cosa individual, es una decisión colectiva, de la Junta de Fiscales los Supremos; por lo tanto, ¿por qué tendrían que apuntar necesariamente a ella?

Porque ella es, en este momento, la cabeza de la institución que está difundiendo cuál es el espíritu que se va a plantar ante esta situación, que es un espíritu de defensa institucional. No creo que este mismo espíritu lo hubiera tenido, por ejemplo, en su momento (Luis) Arce Córdova, quien está siendo reintegrado a la Junta de Fiscales Supremos, o Tomás Gálvez. Entonces, Delia Espinoza es en este momento el punto de ataque, las argucias legales están yendo hacia esa dirección, ese es el objetivo. Y, claro, la Fiscalía de la Nación, con Delia Espinoza, fuertemente se ha plantado ante el Congreso, no solo ante este debate de a quién le competía iniciar la investigación o dirigirla, o la Policía o la Fiscalía; sino también se ha plantado firmemente ante la posibilidad y el intento del Congreso de que los delitos de lesa humanidad sean prescritos o dejen de ser investigados.

Quiero recoger un argumento de IDL, de su último informe. ¿Cómo podrían acusar por desacato a la doctora Espinoza si la resolución de la JNJ no se conoce? Nadie la ha visto.

Siguiendo con la argumentación engañosa y leguleya de Benavides y sus abogados, lo que creo que van a decir es: Existe una decisión válidamente emitida por una organización autónoma como la Junta Nacional de Justicia. Y tan válida es esta decisión que ha sido comunicada al Ministerio del Interior, a la Presidencia del Congreso y al Poder Ejecutivo, y tan válida es que el Ministerio del Interior no la ha cuestionado, y con base en ella le ha otorgado seguridad (a Patricia Benavides). Y también podrían decir que es tan válida que la jueza del proceso de amparo de Patricia Benavides la tomó en cuenta y declaró sobreseído el caso. Lo que es incorrecto, porque la jueza no entró a evaluar la validez a todas luces inexistente de este documento, porque el documento no tiene la apariencia de legalidad por diversas formalidades en su construcción.

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El uso de la Policía en el caso de Benavides

Has mencionado que se pidió el uso de la fuerza pública para que la señora Benavides entrara a la Fiscalía, la duda que hay es: ¿el señor (Gino) Ríos (presidente de la JNJ) estaba capacitado para pedir el uso de la fuerza pública en este caso?

No lo estaba, no lo está ningún funcionario de la junta. Eso solamente lo puede hacer, número uno, un juez, a través de un proceso en el que se haya debatido por qué hacer ingresar a la fuerza pública para acatar un mandato. Lo puede hacer, de grado o fuerza, una comisión investigadora, para que puedan asistir a sus llamados, o se puede con la Ley de Procedimiento Administrativo General, que la usan municipalidades o algún otro espacio administrativo donde haya de por medio una obligación de dar algo a la propia institución. El ejemplo son los impuestos. El proceso de ejecución coactiva sirve para eso.

Estamos viendo cómo podría ser la nueva arremetida contra la Fiscalía en la vía legal. ¿Qué pasa en el Congreso? En el Congreso, la fiscal Espinoza tiene al menos cinco acusaciones constitucionales, y la última, de Renovación Popular, es precisamente por haber incumplido la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Probablemente, por ahí venga otro intento de destitución.

Sí, sin duda. Esto me hace recordar el caso de Zoraida Ávalos, que fue indebidamente separada de su función. Pero mira, la destitución es menos gravosa que la suspensión dictada por el Congreso. ¿Por qué? Sin dejar de decir que igual sería una decisión grave, la otra sería una decisión más grave. La destitución la dejaría provisionalmente fuera de carrera a Delia Espinoza, pero si el Congreso decide suspenderla, ella no solo no podría ejercer como funcionaria, formalmente no seguiría dentro de la institución y tampoco podría ejercer como abogada particular. Es un ahogamiento al operador de justicia.

Ahora, hagamos una especie de análisis. ¿Qué ganan los que impulsan el retorno de Patricia Benavides y la salida de la señora Espinoza? ¿En qué están pensando? ¿En la salida de los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato? ¿En tener control del Ministerio Público en época electoral? ¿En encarpetar acusaciones contra probables candidatos? ¿Qué es lo que buscan?

Principalmente, la impunidad. Dicho sea de paso, los riesgos frente a fiscales como Vela, José Domingo Pérez o Marita Barreto son riesgos que no necesitan de esta batalla, porque ya están corriendo. Pero lo que creemos es que buscan impunidad inmediata sobre procesos de investigación, ya sea porque se ralentizan, porque cambian los fiscales, porque cambian las competencias, porque se pierden pruebas, porque no se somete al proceso de investigación a actores importantes. El objetivo central es taponear al Ministerio Público para que no continúen las investigaciones vinculadas a crimen organizado y economías ilegales.

En las que hay actores políticos.

Exacto. En las que hay actores políticos, congresistas, que pertenecen a partidos políticos. No estamos hablando de un delito pequeño, de robo de cierta cantidad de dinero, sino de todo un sistema con una dinámica de economías criminales que están buscando taponear al Ministerio Público. Pero, además, no solamente buscan impunidad en esos casos concretos, sino hacer y pasar todas esas economías criminales a partir del golpe concretado al Ministerio Público. Y por supuesto, esto es parte de algo mucho más grande que tú has mencionado, la presencia en el proceso electoral de 2026.

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Una destitución vinculada a un caso de narcotráfico

Se ha querido mostrar todo esto como un abuso contra la señora Benavides, porque no se cumplió la resolución que la favorece y de lo que se habla menos es de los elementos que motivaron su destitución. Recordemos un poco ¿por qué fue destituida exactamente la señora Benavides?

La primera destitución que ella tiene, porque tiene dos, está vinculada a la interferencia directa que ejerció para que su hermana, la jueza Enma Benavides, no pueda ser investigada por el Ministerio Público o, al menos, no se pueda perjudicar su actividad.

Era investigada por su implicación en un caso de narcotráfico.

En casos vinculados a la impunidad por narcotráfico.

¿Eso es lo que se está buscando? Que regrese una fiscal de la Nación que encubrió a una magistrada, su hermana, quien está involucrada en un aparente favorecimiento a un caso de narcotráfico.

Tal cual.

Es lo que no se quiere decir, ¿no?

Es lo que no se quiere visibilizar, pero sobre todo se está buscando alrededor de ese caso absolutamente probado que los personajes, operadores y fiscales, que estaban vinculados al caso Cuellos Blancos, permanezcan en el sistema de justicia. No solamente es la impunidad de casos graves como el narcotráfico, sino que es la impunidad de operadores de justicia que les sirven a las economías criminales para asegurar impunidad dentro del sistema. Y allí entra el caso, la remoción, de la doctora Bersabeth Revilla, la fiscal que estaba llevando la investigación de la jueza Enma Benavides.

Ahora, ha habido cierta indignación de la señora Benavides cuando le han preguntado sobre su tesis. Lo último que ha dicho es que ella está ejerciendo su derecho de no presentarla porque nadie la obliga a hacerlo. ¿Qué piensas de ese argumento?

Está absolutamente equivocada. No solamente está negando a nivel público y nacional, frente a la prensa, la obligación que tiene de ser transparente sobre los méritos que la llevaron al cargo que accedió, a la Fiscalía Suprema, sino que como profesional del derecho está negándose a tener una actitud honesta, respetuosa y transparente sobre los méritos para que una abogada ejerza un cargo público