Congreso prepara paquete de leyes contra la libertad de prensa con apoyo de Perú Libre y Fuerza Popular

En la construcción de una democracia, la interpelación a los medios de comunicación desde uno de los poderes del Estado es un retroceso. Hoy, el Congreso tiene en sus manos el poder de aprobar 5 leyes que -bajo la mirada de la Sociedad de Radio y Televisión- podrían atentar contra la libertad de prensa de periodistas y comunicadores que encuentran en las plataformas televisivas los medios para hacer conocer su trabajo. Bajo el aval del fujimorismo y la bancada cerronista, este congreso puede sumar otro ataque contra los derechos humanos.

Pero no es algo novedoso en su accionar. En mayo de 2025, el Congreso aprobó una de las 5 leyes hoy alertadas. Esta fue la iniciativa impulsada por Mery Infante (Fuerza Popular) que modifica la Ley 30364, permitiendo que entidades del Estado usen gratuitamente el 10% de la programación en medios públicos y privados para difundir contenidos de prevención de la violencia durante horarios familiares. Obligándolos así a que se proyecten contenidos dispuestos por las instituciones públicas.

PUEDES VER: Eduardo Arana confirma que Dina Boluarte considera tener un programa de TV: "Tiene varias ideas que no han podido cristalizarse"

Perú libre lidera el número de iniciativas en contra de la libertad de prensa

Dentro de todo el paquete de leyes aprobadas por el Congreso de la República, el partido que más ha propulsado iniciativas en contra de la libertad de prensa es Perú Libre. Siendo de autoría de congresistas miembros de la bancada 4 de las 5 propuestas señaladas.

Desde la bancada liderada por Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, una de las leyes más llamativas es la propuesta hecha por la congresista María Agüero; que obliga a los medios de comunicación a reportar cada año al Gobierno detalles sobre sus fuentes de financiamiento, actividades desarrolladas, propietarios y el público al que llegan. En su momento, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que este proyecto de ley terminaría haciendo inviable el trabajo periodístico nacional.

PUEDES VER: Gobierno mantendrá a Patricia Benavides con seguridad policial hasta agosto como "personalidad", pese a ser suspendida

Además, indicaron que existirían intenciones de censurar a la prensa independiente a través de esta iniciativa: "La ANP rechaza la aseveración en la exposición de motivos del proyecto en el que se señala que 'los medios de comunicación se utilizan como herramientas para desestabilizar instituciones, atacando directamente a actores políticos y organizaciones que no se alinean con los intereses de sus propietarios y financiadores'", señaló el gremio periodístico al respecto.

En Perú Libre también existen leyes que buscan imponer una cuota de contenidos obligatorios sobre los medios de comunicación privados. Tales iniciativas provienen de los despachos de Waldemar Cerrón y Janet Rivas. En el caso de Cerrón, su iniciativa busca que el 30% de la programación radial se dedique a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana. La iniciativa, respaldada en la preservación de elementos patrios, ignora que los canales determinados para la promoción de estos contenidos están dentro de las señales de radio pública. Similar caso pasa con la iniciativa de Rivas, quien propone que los medios privados pasen una hora de contenidos educativos relacionados con la cultura nacional. Omitiendo que estos programas educativos existen en señal pública, ya que es su responsabilidad transmitirlos.

Cerrando la lista de proyectos contra la libertad de expresión comandados por Perú Libre, la iniciativa de Isaac Mita que busca modificar los terminos de calumnia y difamación en el Código Penal. Estas reformas buscan que, en el caso de calumnia, el juez establezca una reparación civil en favor del querellante, sin acordar los límites de este potencial monto. Además, el proyecto de ley busca que se pueda castigar como difamación la difusión de información íntima, aunque sea cierta. Esto es problemático porque afectaría la labor periodística y el derecho a informar, ya que en casos de privacidad no importa si lo que se dice es falso o verdadero: se considera una invasión si la persona reconoce que esa información pertenece a su vida privada.

PUEDES VER: Poder Judicial advierte patrón delictivo en Patricia Benavides y ordena suspensión pese a restitución de la JNJ

En su momento, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) aseguró que esta reforma podría generarle problemas al quehacer periodístico: "La incorporación de la afectación de la intimidad al delito de difamación es antijurídica desde el punto de vista penal, toda vez que existe un tipo penal específico para el Delito de violación a la intimidad. (...) Además, el derecho al honor y el derecho a la intimidad son derechos fundamentales de contenido independiente y completamente distintos en su concepto. (...) Indudablemente, el PL está destinado a disuadir a los periodistas y comunicadores sociales de compartir información relativa a funcionarios públicos en procesos de investigación por presuntos actos de corrupción", indicó el gremio periodístico.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asocación Nacional de Periodistas: "Cada 60 días, el Congreso presenta iniciativas que afectan las libertades informativas"

La República contactó a la periodista y presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez. Para Lainez, estas iniciativas representan un claro agravio a las libertades periodísticas. La periodista señaló que propuestas como la expresada por la congresista Agüero pueden presentarse como positivas, pero en realidad esconden un excesivo control sobre los medios, especialmente aquellos independientes.

“El caso del proyecto de la congresista Agüero, que habla de fomentar la transparencia… Como periodistas, por supuesto que estamos a favor de la transparencia. Pero lo que no se dice es que ese proyecto de ley, que supuestamente busca impulsar la transparencia en la propiedad, el financiamiento y los contenidos, en realidad abre la puerta para que el Poder Ejecutivo tenga capacidad sancionadora sobre quienes "no cumplan con transparentar esa información". Es decir, ¿le vas a dar al Poder Ejecutivo —que actualmente es objeto de investigaciones y críticas periodísticas— la facultad de cerrar un medio o cancelarle la licencia bajo el argumento de que no cumple con transparentar su financiamiento, propiedad o cobertura? ¿Tienes que rendir cuentas de tu programación ante un poder del Estado? Eso es inaceptable y atenta directamente contra el ejercicio de las libertades informativas”, indicó la periodista.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez estaría detrás del programa dominical de Dina Boluarte

Respecto a las iniciativas de Cerrón y Rivas, que buscan imponer contenidos a los medios privados, Lainez consideró que estas afectan la autonomía de los medios:“La imposición de franjas, tanto en el caso de la franja contra la violencia de género como en el de la franja educativa, presenta siempre los mismos problemas: son irrupciones en la programación de los medios que terminan vulnerando la autonomía editorial. En el caso de la última franja, que ya es ley, no solo se refiere a radio y televisión —que podrían argumentar que usan el espectro radioeléctrico—, sino también a diarios y medios que se difunden a través de cualquier plataforma, incluidas las digitales. Este es, sin duda, un escenario contrario a las libertades informativas. La imposición de franjas siempre afecta la independencia editorial y la autonomía de los medios. Nunca es positiva; siempre resulta restrictiva”, señaló.

Finalmente, la periodista sostuvo que la actual composición legislativa representa una amenaza para el periodismo nacional. Además, advirtió sobre otras iniciativas que podrían estar “cocinándose” en el Congreso con miras a afectar la autonomía de la prensa: “Por eso, estos cinco proyectos —uno de ellos ya convertido en ley— confirman lo que desde hace tiempo venimos denunciando y documentando desde la Asociación Nacional de Periodistas: que cada 60 días, sin falta, el Congreso presenta iniciativas que afectan las libertades informativas. Y este no es un caso aislado. Hay más proyectos, como uno que propone la colegiatura obligatoria —que está en la Comisión de Educación—, entre otros”, finalizó.