Un anuncio sorpresivo que se manejó en la más absoluta reserva
Comicios el 2020. El discurso por 28 de julio del jefe del Estado, Martín Vizcarra, no pasaba de ser un soso recuento de cifras sectoriales, pero reservó la parte más importante para el final: el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones presidenciales y congresales, “aunque ello implique que todos nos tengamos que ir”, dijo. Solo estaba al tanto un grupo muy reducido. El miércoles debe llegar la iniciativa a la plaza Bolívar.
Por: Enrique Patriau
La decisión de presentar un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y congresales para el 2020 se tomó en estricta reserva. Solamente habrían estado al tanto el presidente de la República, Martín Vizcarra, y sus más cercanos colaboradores: el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el titular de Justicia, Vicente Zeballos.
De hecho, los tres salieron de Palacio de Gobierno y llegaron juntos al Congreso. Que hubiesen estado coordinando minutos antes del mensaje daba a entender que el discurso llevaría algún anuncio importante.
Así fue. Luego de una lectura sosa de cifras sectoriales, Vizcarra hizo el anuncio que tomó por sorpresa a todo el Congreso.
Todo hace suponer que la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, tampoco tenía conocimiento del asunto. Una vez que Vizcarra informó su decisión, los ministros se pararon para aplaudir de inmediato. Aráoz, al pie de la mesa de honor en donde el jefe del Estado se dirigía a la nación, se quedó sentada. No hizo gestos.
Es todavía pronto para calibrar las consecuencias de lo que el presidente dijo ayer. El panorama se aclarará con el pasar de los días. Fuentes de Palacio informaron que el proyecto de adelanto de elecciones será entregado el miércoles al Congreso para su análisis y debate, dado que hoy y mañana martes son días feriados. Hasta entonces, el Parlamento no emitirá un pronunciamiento al respecto, según hizo conocer en un comunicado (más información al respecto en la página 8 de esta edición).
Nos vamos todos
“Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha”, dijo Vizcarra. Y añadió: “La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú”.
Además, el presidente señaló que el Perú “reclama a gritos un nuevo comienzo”.
“Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, ¡el Perú primero!”, indicó.
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Con esas palabras, Vizcarra dejó en claro que él también estaba dispuesto a dejar su cargo como jefe de Estado.
Una movida hábil: los congresistas –sobre todo los fujimoristas y los apristas– no podrán acusarlo de querer cerrar el Parlamento para quedarse él con el poder absoluto, una especie que han repetido hasta la saciedad en los últimos meses.
Eso por un lado. Por el otro, lo más seguro es que Vizcarra vaya a subir su aprobación de manera importante en las encuestas. Eso se confirmará en las semanas que vienen.
“Las grandes decisiones, en este gobierno, se toman con la ciudadanía, escuchando a cada peruano para que pueda expresarse y así definir juntos el futuro de nuestro país y nuestro legado a las futuras generaciones”, añadió el presidente.
Las razones detrás
¿Cómo llegaron el presidente Vizcarra y sus colaboradores más cercanos a esta decisión? Hay dos elementos centrales que vale la pena señalar.
El primero, la reforma política que el Ejecutivo presentó para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria deje de estar en manos del Congreso fue desestimada. En efecto, el proyecto que el Pleno aprobó hace unos días –el jueves en la noche– mantenía dicha potestad en manos del Parlamento (salvo para los procesos abiertos con anterioridad a la elección).
El gobierno no hizo ningún comentario sobre ese tema, hasta ayer: “Nuestro proyecto de ley propuso que sea otra instancia independiente que se encargue de determinar que los congresistas puedan ser o no juzgados y detenidos. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción?”, indicó Vizcarra.
Luego, agregó: “Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente, y considerando que la confianza solicitada para las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente, por encima de todo, los intereses del Perú”.
Así, Vizcarra dijo, con todas sus palabras, que, en el entendimiento del gobierno, la confianza solicitada por Del Solar al momento de entregar los proyectos de reforma política había sido rechazada en la práctica, a pesar del voto favorable de la representación nacional.
Sobre los demás proyectos de reforma, Vizcarra no se pronunció. Eso tiene sentido, por cierto. De todos, el de inmunidad era el que más se alejaba de la iniciativa original.
El segundo elemento que apuró la decisión del régimen fue la elección de la nueva Mesa Directiva. La terquedad del fujimorismo en recuperar la conducción del Parlamento a través de un candidato cercano a sus intereses –Pedro Olaechea– terminó por decidir la orientación final del mensaje.
Una mesa diferente podría haber ayudado a la distensión política. No ocurrió así.
Un asunto de plazos
Una de las preguntas que más ha circulado es si podrán cumplir los plazos para convocar a elecciones en abril del 2020, a fin de que pueda haber un nuevo gobierno y Congreso en julio de ese mismo año.
Como se trata de una reforma constitucional, hay dos caminos. El primero, que esta se apruebe en dos legislaturas consecutivas, con la aceptación de una mayoría calificada: 87 votos. Esto es muy complicado, por no decir imposible, dada la actual composición parlamentaria. El otro camino, por el que apuesta Palacio es que el proyecto se apruebe en esta legislatura que arranca en agosto por una mayoría simple (66 votos) y, luego, se confirme por la población, vía la convocatoria a un referéndum.
Sin embargo, el horizonte de tiempo es corto.
Es más, ni siquiera se sabe quién presidirá Constitución para el periodo 2019-2020. Elegir a los nuevos integrantes de las comisiones ordinarias es un proceso en el cual el Congreso suele tomarse su tiempo, porque es producto de intensas negociaciones políticas.
Incluso, es muy posible que, dada la especial coyuntura, Olaechea –escoltado y alentado por el fujimorismo y el aprismo– pretenda darle largas al asunto, todo lo que pueda.
Los días que vienen serán decisivos en este nuevo capítulo para conocer al detalle el proyecto del gobierno –que tendrá que contemplar plazos realistas para su ejecución– y para saber qué responderá el Congreso, hoy conducido por el fujimorismo.
La clave
Fechas. La iniciativa de reforma constitucional propondrá flexibilizar el cronograma electoral. Esto, para que las elecciones generales del 2020 puedan celebrarse en abril de ese año. Asimismo, se propondrá reducir –por una única vez– el periodo presidencial y congresal a cuatro años. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el referéndum será en la última semana de noviembre o la primera de diciembre.
Gobernadores regionales saludan adelanto de elecciones
En un comunicado, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales expresó su complacencia ante el anuncio del presidente Martín Vizcarra.
“Saludamos la decisión del adelanto de elecciones por anteponer los intereses del Perú profundo, pueblo indignado que busca justicia, transparencia y eficiencia, aquel pueblo que nunca se rinde”, dicen.
Según los gobernadores, todo el país es consciente de que existe una profunda crisis del sistema político y electoral, y como consecuencia, inestabilidad.
“La crisis ha traído corrupción en diferentes niveles de gobierno y demás instituciones. No estamos de acuerdo en una política como instrumento para defender intereses particulares y de grupos”, finalizan.
