
Chile enfrenta una nueva controversia por un proyecto de ley denominado "Escucha su corazón", presentado por diputados del Partido Republicano, del presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, que busca modificar el Código Sanitario para incorporar un nuevo requisito previo al aborto en tres causales. La propuesta establece que el médico deberá informar a la paciente sobre la existencia de actividad cardíaca embrionaria o fetal cuando sea detectable y ofrecerle la posibilidad de escucharla antes de la interrupción del embarazo.
El aspecto que concentra la mayor polémica señala que, si la mujer rechaza oír el latido fetal, el profesional deberá negarse a practicar el procedimiento y dejar constancia de esa decisión en la ficha clínica. La iniciativa mantiene las tres causales vigentes desde 2017 —violación, inviabilidad y riesgo vital—, aunque el diputado Cristóbal Urruticoechea afirmó posteriormente que el texto fue actualizado para excluir los casos de riesgo vital. No obstante, la versión disponible durante la jornada en el sitio de la Cámara aún conservaba la redacción original.
Organizaciones vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos sostienen que la iniciativa no fortalece el consentimiento informado, sino que introduce una condición que dificulta el acceso al aborto legal. La directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, aseveró que "si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal, se ordena al médico rechazar la prestación". Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información".
Canales añadió que la medida resulta "cruel, revictimizante y es contraria a toda lógica de autonomía y dignidad". En este sentido, cuestionó que la reacción de la paciente quede condicionada a una única alternativa válida. "Si te preguntan '¿Quieres escuchar su corazón?' y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje", señaló.
La exministra de la Mujer Antonia Orellana también manifestó su rechazo. En una carta difundida en sus redes sociales sostuvo que la iniciativa sigue estrategias impulsadas por sectores ultraconservadores internacionales y preguntó si "realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá". Además, afirmó que la medida puede generar "mucho dolor psicológico" en quienes enfrentan alguna de las tres causales.
Los autores del proyecto sostienen que la modificación busca entregar más antecedentes antes de que la paciente manifieste su decisión.
Los parlamentarios argumentan que la propuesta no elimina las tres causales ni modifica el acceso establecido por la Ley N.º 21.030. En los fundamentos indican que el objetivo consiste en reforzar el consentimiento informado incorporando un antecedente clínico adicional.
Uno de sus impulsores aseguró que "no es bueno lo que produce el aborto" y manifestó que respaldará "cualquier tipo de proyecto que intente frenar la ofensiva" en esta materia. En tanto, calificó la legislación vigente como una norma que convirtió "el crimen en ley en Chile".
Desde el ámbito sanitario surgieron reparos. El matrón, ecografista y jefe de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, Marcelo Ahumada, explicó que la evaluación de la actividad cardíaca ya forma parte de las ecografías habituales y no requiere que la paciente escuche los latidos.
"Quienes realizamos atención clínica estamos obligados a evaluar y señalar el estado de vitalidad de la gestación", indicó. Añadió que existen distintos métodos médicos para comprobar esa condición y sostuvo que obligar a escuchar el latido fetal "no solo es innecesario, sino que es una medida aberrante que solo agrava la situación clínica". A su juicio, esa exigencia constituye una forma de violencia obstétrica.
Especialistas advirtieron que cualquier cambio a los protocolos podría afectar la atención en regiones donde la medicina materno-fetal se concentra en pocos establecimientos públicos, con posibles repercusiones en los tiempos de acceso para pacientes derivadas desde zonas alejadas.
La iniciativa no constituye un caso aislado. Según las organizaciones feministas, medidas similares fueron impulsadas en Hungría durante el gobierno de Viktor Orbán y también en Castilla y León, España, donde dirige una coalición entre Vox y el Partido Popular.
Además, representantes de grupos civiles sostienen que la propuesta replica estrategias promovidas por movimientos conservadores en otros países. Mientras el proyecto inicia su tramitación en el Congreso Nacional, se espera que parlamentarios, autoridades sanitarias, colegios profesionales y organizaciones de mujeres fijen posición sobre una modificación que podría cambiar la aplicación práctica de la ley vigente en Chile.





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