Hermano de Pedro Sánchez es inhabilitado 9 años para ejercer un cargo público por presunta contratación irregular
El tribunal critica la creación de empleos públicos espurios y absuelve a Sánchez del tráfico de influencias, mientras se suceden reacciones políticas polarizadas tras la condena en el marco legislativo actual.
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El magistrado José Antonio Patrocinio, titular del juzgado encargado de investigar la contratación irregular en la Diputación de Badajoz, dictó una sentencia que golpeó al entorno del presidente del Gobierno al condenar a David Sánchez a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio.
El tribunal de Extremadura considera al hermano menor del líder socialista autor, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa. Esta resolución judicial también afecta de manera contundente a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE en la región, quien fue castigado con 18 años de inhabilitación.
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De acuerdo con el fallo judicial, la plaza pública concedida al músico y director de orquesta fue diseñada de forma espuria, carecía de contenido real y respondía exclusivamente a intereses particulares, por lo que vulneraba abiertamente los principios de mérito, capacidad y publicidad exigidos por la ley.
Los magistrados determinaron en su argumentación que la creación del puesto de coordinador de conservatorios no era ni necesaria ni urgente y señalaron que este tipo de prácticas poco éticas daña la salud democrática y fomenta la corrupción.
Asimismo, el tribunal afea que David Sánchez apenas pisó su despacho oficial y se desvinculó de sus tareas asignadas para concentrarse en Ópera Joven, un proyecto de índole estrictamente personal financiado con recursos públicos.
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Un intento de camuflaje
Para intentar legalizar esta situación laboral hecha a su medida, la administración procedió a modificar y rebautizar el cargo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con lo que eliminó cualquier incompatibilidad legal.
La sentencia detalla, además, que la maquinaria administrativa se reactivó en 2023 con el único fin de crear otra plaza innecesaria para Luis María Carrero Pérez, amigo y colaborador cercano del principal encausado.
A pesar de la gravedad de estos hechos, el tribunal de Badajoz decidió absolver a David Sánchez del delito de tráfico de influencias que planteaban las acusaciones, al no haberse podido demostrar de forma inequívoca que se ejercieran presiones o influencias directas sobre los funcionarios que tramitaron el polémico nombramiento.
Múltiples reacciones
Tras conocerse la sentencia, las reacciones políticas no se hicieron esperar en un panorama legislativo sumamente polarizado.
Desde la oposición, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de lamentable que al hermano del presidente le pagaran por no trabajar. Además, destacó que es la primera vez en la historia democrática de España que un jefe del Ejecutivo acumula a su hermano y a su exministro de Transportes condenados, además de un fiscal general del Estado inhabilitado.
Por su parte, el secretario general de Vox, José María Figaredo, afirmó que, aunque no habían estudiado el texto judicial al completo, respaldaban la decisión de los tribunales frente a lo que definió como un entramado de colocación de familiares con fondos públicos.
En el espectro contrario, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, mostró una visión sumamente crítica del fallo judicial al calificar la condena de sobredimensionada y acusar directamente a la judicatura de perseguir a la gente por la cara.
Desde el entorno del Gobierno, la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, cerró filas en defensa del condenado y aseguró que toda esta causa forma parte de una estrategia política preconcebida para desgastar al Ejecutivo.
En esta misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió en el respeto institucional a la justicia, aunque remarcó que el Ejecutivo no comparte una sentencia que contradice la postura de la Fiscalía, que había solicitado previamente la absolución al no apreciar indicios delictivos.
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