
El Gobierno de José Raúl Mulino confirmó que aplicará sanciones contra el consorcio chino encargado de la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, luego de detectar presuntas irregularidades laborales, diferencias en el trato a trabajadores y posibles incumplimientos en normas de migración laboral. La medida afecta al proyecto del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por China Harbour Engineering Company (CHEC) y China Communications Construction Company (CCCC).
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aseguró que la inspección reveló condiciones laborales irregulares en áreas destinadas a empleados panameños. Según su declaración, la empresa tuvo un plazo de 10 días para corregir fallas, aunque aclaró que “independientemente de los correctivos, la sanción se va a dar”.
Muñoz también indicó que durante la visita observó incompatibilidad en infraestructura y servicios dentro del plan, lo que calificó como un trato desigual. “Aquí no hay categorías. Los trabajadores panameños se respetan”, señaló en una actividad oficial, donde denunció deficiencias en comedores, higiene y equipamiento básico.
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El consorcio chino además enfrenta cuestionamientos por el presunto incumplimiento del límite legal de operarios externos. La ministra Jackeline Muñoz comentó que la normativa establece un máximo del 10% al 15% de personal extranjero en las empresas, pero que en el proyecto del cuarto puente se habría detectado una proporción mayor de personal asiático.
La funcionaria aseveró que parte del problema estaría relacionado con procesos de migración laboral y reclutamiento. “No doy un permiso de trabajo más ni una excepción más”, afirmó, al advertir que algunos obreros ingresan como ayudantes generales y luego ocupan otros cargos dentro del programa.
Asimismo, sostuvo que trabajadores panameños presentaron denuncias con videos que evidencian diferencias en condiciones laborales dentro de la obra, lo que forma parte del expediente que evalúa el Ministerio de Trabajo.
El caso de la corporación china ocurre en medio de una disputa más amplia entre Panamá y China vinculada a la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los extremos del canal. Estas terminales estuvieron bajo control de CK Hutchison durante décadas, hasta que un fallo judicial en Panamá anuló la concesión y el Estado asumió su administración.
El proceso ha generado arbitrajes internacionales de empresas vinculadas a la operación portuaria, mientras el Gobierno panameño mantiene la supervisión de la transición hacia nuevas operadoras. En este contexto, se han registrado preocupaciones sobre movimientos inusuales de carga en rutas marítimas con destino a Pekín.
El presidente Mulino ha señalado que estas tensiones forman parte de un escenario sensible para el comercio global, aunque ha insistido en evitar una escalada diplomática.
De manera paralela, informes internacionales han señalado que el gigante asiático habría solicitado a las navieras Maersk y MSC que abandonen operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal, de acuerdo con información publicada por el Financial Times. La medida estaría vinculada a la disputa por la venta de activos portuarios del grupo CK Hutchison a un consorcio liderado por BlackRock y MSC.
La operación ha sido interpretada como una disputa comercial y geoestratégica entre China y actores occidentales por el control de infraestructuras clave en el Canal de Panamá, una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial.





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