Keiko Fujimori: expertos advierten falta de sustento financiero en promesas sociales y cuestionan reforma digital

El mensaje presidencial incluyó propuestas de alto impacto social y económico, como duplicar el monto de Pensión 65 a 700 soles bimestrales, subir la Remuneración Mínima Vital, entregar bonos a las MYPES y aumentar la inversión pública. Sin embargo, frente a estas iniciativas se cuestiona la viabilidad financiera y el sustento detrás de todas estas promesas.

En diálogo con La República, para el economista e investigador Armando Mendoza, las iniciativas de protección social y mejora educativa resultan necesarias y positivas en teoría, pero advirtió que existe una desconexión entre las metas y los ingresos reales del Estado. “Yo veo un desfase entre las propuestas que se plantean y los medios de financiamiento”, señaló el experto.

Mendoza señaló además que el gobierno arranca sin establecer una meta de incremento en la recaudación. Y si bien reconoció que se pueden lograr avances manejando mejor los recursos actuales, advirtió que es imposible financiar el conjunto total de promesas a nivel universal debido a que la presión tributaria en el Perú se mantiene estancada en un nivel de entre el 14% y 15% del PBI.

“El problema surge cuando uno observa el conjunto total de propuestas y objetivos trazados. Aparece la pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Cómo financiarán eso? [...] No existe manera de costearlo con el nivel de recaudación tan exiguo que padecemos," advirtió Mendoza.

Gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes

Por su parte, Mario Vergara Silva, especialista económico y financiero, analizó el impacto de las medidas y explicó que existe un principio fundamental en las finanzas públicas: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes.

Vergara indicó que la duplicación de Pensión 65 constituye un gasto permanente que incrementa el presupuesto público en un momento donde el país tiene poco margen financiero.

Sin embargo, mencionó que se trató de un mensaje inaugural y que la presidenta tiene hasta fines de agosto para presentar el Presupuesto del Sector Público.

“El próximo 30 de agosto es la fecha límite para presentar el Presupuesto del Sector Público del año 2027, y será la oportunidad para explicar la fuente de los recursos que serán utilizados para financiar las medidas propuestas," indicó Vergara.

El especialista detalló además que, para que un paquete de esta magnitud sea viable sin elevar drásticamente el déficit fiscal ni poner en riesgo la calificación crediticia, los recursos tendrían que provenir de fuentes específicas.

Entre ellas señaló el aumento de la recaudación y reducción de la evasión, la lucha contra la informalidad, la ampliación de la base tributaria, el aprovechamiento de los altos precios de los metales, el canon y regalías de proyectos mineros que deben operar a la brevedad, así como la organización y eficiencia del gasto.

Los riesgos colaterales: sueldo mínimo, informalidad y omisión de reformas

Vergara también advirtió que subir el sueldo mínimo en un mercado laboral con más del 70% de informalidad dificulta la formalización y obliga a las MYPES a recortar personal formal o trasladarse a la informalidad.

En cuanto al bono compensatorio para las MYPES, señaló que al tratarse de un subsidio extraordinario no constituye un gasto permanente para el Estado, facilitando su sostenibilidad a corto plazo.

Frente a la omisión de una reforma tributaria o metas de recaudación en el discurso, Vergara explicó que esto replica una práctica histórica muy frecuente en los últimos cincuenta años en el Perú, donde ningún presidente ha detallado el financiamiento al inicio de su gestión.

Además, advirtió que dejar de lado las fuentes del financiamiento representa un riesgo crítico que podría incrementar el déficit fiscal y la deuda pública, amenazar las calificaciones crediticias y aumentar la vulnerabilidad del Estado ante futuros shocks macroeconómicos.

Burocracia digital y la duplicidad de funciones

En cuanto a la modernización del Estado, la propuesta de crear una Autoridad Nacional Digital es cuestionada por Jair Manrique, diputado electo y consultor en Inteligencia Artificial y Blockchain.

En entrevista con La República, Manrique señaló que la medida crearía más burocracia en vez de reducirla. El experto argumentó que ya existe la Secretaría General de Transformación Digital que debería encargarse de eso, y “crear organismos nuevos es como hacer más universidades sin presupuesto para mantenerlas”.

En lugar de eso, el parlamentario indicó que se deben fortalecer las instituciones que ya están creadas y unificar las entidades encargadas de digitalizar el país, como la Autoridad Nacional de Datos, el Concytec, el INEI.

Para el especialista, el Estado no necesita más oficinas ni aplicaciones aisladas, sino rediseñar los servicios para que verdaderamente converjan.

“La creación de una autoridad nacional digital me parece tratar de reducir la burocracia creando más burocracia. [...] El Estado no necesita más aplicaciones. La verdadera forma de digitalizar el Estado no es creando más aplicaciones, sino eliminando procesos," expresó Manrique para La República.

Además, el ingeniero explicó que otorgar una identidad digital a cada ciudadano es positivo, pero por sí sola no cambia absolutamente nada.

“El ciudadano, por más que tenga identidad digital, va a seguir haciendo cola en el Reniec si no lo conversa con la Sunat. O va a seguir haciendo cola en la Sunat si no conversa con los municipios. O en el Poder Judicial si no conversa con la policía". Por ello, precisó que "la identidad digital es apenas la llave".

Manrique concluyó que en la propuesta de Fujimori actualmente se comete el error de “digitalizar la burocracia” haciendo que un trámite de 20 pasos se convierta en 20 clics, cuando lo correcto es eliminar procesos para reducir realmente los trámites, fortaleciendo la estructura del Estado para que todos sus servicios se comuniquen e interactúen entre sí.