
Jordania, considerado uno de los territorios con mayor escasez hídrica del planeta, puso en marcha un ambicioso proyecto de desalinización destinado a garantizar el suministro de agua potable a millones de habitantes. La iniciativa contempla la construcción de una planta en la ciudad costera de Áqaba y un acueducto de aproximadamente 450 kilómetros hasta Amán, con el objetivo de transformar el acceso al recurso en el país.
El plan, respaldado por un consorcio internacional liderado por empresas francesas, busca asegurar hasta el 40% del abastecimiento nacional y reducir la dependencia de acuíferos subterráneos. Las autoridades consideran esta infraestructura como una solución estratégica frente a décadas de racionamiento y creciente presión sobre las reservas naturales.
La nación de Oriente Medio enfrenta una situación crítica, con una disponibilidad promedio de apenas 90 metros cúbicos de agua por persona al año, muy por debajo de los estándares internacionales. Esta escasez ha obligado a aplicar restricciones periódicas, dejando a numerosas comunidades con acceso limitado al recurso durante varios días a la semana.
Ante este escenario, el gobierno impulsó el Proyecto de Desalinización y Distribución de Agua Áqaba-Amán, considerado el mayor desarrollo de infraestructura hídrica en su historia. La iniciativa busca atender las necesidades de una población de más de 11 millones de habitantes y reforzar la estabilidad económica y social mediante un suministro más confiable.
La futura instalación utilizará tecnología de ósmosis inversa para convertir el agua del mar Rojo en potable, mediante un proceso que elimina sales e impurezas. Esta capacidad permitirá generar un volumen suficiente a fin de abastecer centros urbanos densamente poblados y aliviar el déficit en las zonas más afectadas.
El sistema se complementará con un acueducto de largo alcance y cinco estaciones de bombeo diseñadas con el objetivo de transportar el recurso desde el nivel del mar hasta regiones ubicadas a más de 1.000 metros de altitud. Además, se ampliarán reservorios existentes que integren el nuevo flujo y estabilicen la distribución en todo el territorio.
El proyecto, estimado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, será financiado por medio de una combinación de capital privado y aportes de organismos multilaterales. El modelo contempla que el consorcio encargado opere la infraestructura durante 30 años antes de transferirla al Estado, lo que permitirá consolidar su funcionamiento a largo plazo.
Como parte de su diseño, también se construirá una planta solar con capacidad de 281 megavatios para suministrar cerca del 28% de la energía necesaria para la operación. Esta medida reducirá costos operativos, limitará las emisiones contaminantes y fortalecerá la seguridad hídrica a través de un sistema más eficiente y sostenible.





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