
El gobierno de Estados Unidos comenzó este martes a aplicar un arancel global del 10% sobre productos importados, en una medida impulsada por el presidente Donald Trump tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó su esquema anterior. La decisión busca restablecer el control sobre la política comercial mediante nuevas bases legales que permitan mantener gravámenes sin recurrir a poderes de emergencia.
La orden ejecutiva fue firmada pocos días después de la resolución judicial y se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza la imposición temporal de tarifas durante 150 días sin aval legislativo. El mandatario advirtió que evalúa elevar el gravamen al 15%, aunque la administración aún no ha fijado un plazo para formalizar ese incremento ni ha emitido la directiva correspondiente.
La falta de definiciones ha generado preocupación entre socios comerciales y empresas multinacionales, que analizan el impacto de la medida en contratos vigentes. La Unión Europea paralizó la ratificación de acuerdos en curso, mientras India pospuso conversaciones bilaterales, en espera de mayor claridad sobre el alcance de la estrategia arancelaria estadounidense.
Desde la administración, el representante comercial Jamieson Greer sostuvo que los pactos existentes se mantendrán vigentes y expresó su confianza en la continuidad de la cooperación económica. “Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios también lo hagan”, afirmó, en un intento por reducir la tensión en el comercio global.
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El esquema preserva beneficios para ciertos bienes contemplados en el tratado entre EE. UU., Canadá y México, así como excepciones en el sector agrícola. Según estimaciones de Bloomberg Economics, la tasa promedio efectiva se situará en torno al 10,2%, aunque podría aumentar si el Ejecutivo concreta la subida anunciada.
Paralelamente, la Casa Blanca prepara investigaciones sobre importaciones industriales —incluyendo baterías, equipos eléctricos y productos químicos— que podrían derivar en nuevas tasas. Estas medidas forman parte de un plan más amplio para reconstruir el sistema norteamericano, debilitado tras la intervención del máximo tribunal, y reforzar la posición del país en futuras negociaciones comerciales.
En paralelo, Estados Unidos y Japón ratificaron el acuerdo bilateral alcanzado el año pasado, tras la decisión de la corte que limitó la capacidad del republicano para aplicar tributos de forma unilateral. El pacto permitió reducir del 25% al 15% el impuesto sobre productos japoneses, a cambio de compromisos de inversión por unos US$550.000 millones, en una apuesta por mantener la estabilidad económica entre ambas potencias.
Durante una conversación entre el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el ministro japonés Ryosei Akazawa, ambas partes reafirmaron su intención de ejecutar plenamente lo acordado y destacaron el anuncio del primer proyecto conjunto, valorado en US$36.000 millones. Tokio solicitó además que cualquier futura medida comercial no coloque a sus exportaciones en desventaja, en un contexto marcado por el anuncio de nuevos aranceles globales y la redefinición de la estrategia comercial de Washington.
Chris Padilla, asesor senior en Brunswick Group y exsubsecretario de Comercio para Comercio Internacional, consultado por Bloomberg, subrayó que la estrategia proteccionista de Trump permanece intacta. Según Padilla, la Corte dejó claro que el líder de la Casa Blanca no puede imponer aranceles bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), pero no eliminó su capacidad para aplicar otros gravámenes, como los establecidos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Padilla también señaló que la decisión judicial no representa un cambio estructural hacia la liberalización del comercio, sino más bien un ajuste en el poder del Ejecutivo. A pesar de la anulación de varios aranceles, Trump sigue teniendo un camino alternativo para mantener la presión sobre las importaciones, lo que le permite continuar con su agenda proteccionista. Además, el experto advirtió sobre la incertidumbre que genera este escenario, ya que la volatilidad normativa podría afectar las decisiones comerciales a nivel mundial, como la planificación de cadenas de suministro y las inversiones.





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