
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela informó este jueves 12 de febrero que se aplazó la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convención Democrática. La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa esta iniciativa con el objetivo de iniciar una liberación masiva de presos políticos. El planteamiento ya había recibido luz verde el 5 de este mes en una primera discusión.
Sin embargo, el texto excluye violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. "Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", indicó el régimen en la exposición de motivos. Aún se requiere una segunda y definitiva deliberación para que el proyecto de ley entre en vigor.
La oposición cuestionó el artículo 7 propuesto en el proyecto. Según la diputada Nora Bracho, la iniciativa del interinato implica que la persona "se presente ante los tribunales para entonces dar la causa como cerrada". Asimismo, la diputada Iris Varlet sostuvo que "no se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito". "Parece que alguien busca amparar a esas personas sin que reconozcan los delitos cometidos", argumentó.
Aunque los detractores del Ejecutivo pidieron aplazar el debate del artículo en cuestión y continuar con el resto del proyecto, el gobierno sugirió posponer la discusión "para mantener el clima necesario de conciliación y consenso". Así comunicó el diputado Jorge Arreaza, quien fue exministro de Maduro y Chávez y encargado de la redacción del texto.
El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, pidió perdón a los presos políticos y aseveró que el martes 10 de febrero se aprobaría la iniciativa de la nueva mandataria interina. Desde fuera de uno de los calabozos de la Policía Nacional, conocido como Zona 7, prometió liberar de inmediato a los detenidos tan pronto como se promulgue la medida. "Vamos a corregir todos los errores cometidos", confesó.
Tras el aplazamiento, señaló que la "semana próxima" continuará la discusión sobre la amnistía. Por su parte, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador Nicolás Maduro, reconoció anteriormente que es necesario avanzar con esta ley "con el fin de impulsar la recuperación". "Quienes nos hemos equivocado, debemos disculparnos, resarcir el daño y seguir adelante", alegó.
Delitos como crímenes de guerra, homicidio doloso, corrupción y tráfico de drogas quedan fuera de la amnistía que cubrirá el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. "La ley servirá para sanar las heridas dejadas por la confrontación, reencauzar la justicia y fomentar la convivencia", proclamó la presidenta venezolana el pasado 30 de enero.
Ese mismo día anunció el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), señalada por la oposición y defensores de derechos humanos como un centro de torturas. La mandataria remarcó que convertirá ese recinto en un espacio social, deportivo, cultural y comercial que beneficie a la familia policial y las comunidades cercanas.
Rodríguez aseguró que la iniciativa fue debatida con líderes del chavismo y afirmó que cuenta con el visto bueno de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York tras ser capturado en Caracas. El gobierno interino delegó la elaboración del proyecto a la Comisión para la Revolución Judicial, un organismo creado por Maduro en 2021, el cual buscaba reestructurar el sistema de justicia. En ese contexto, la agencia AFP detalló que el primer debate se centrará en el enfoque general de la norma antes de abrir una consulta con la sociedad civil, paso previo a la revisión detallada de cada artículo.
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Miles se dieron cita en Caracas en lo que fue la primera manifestación multitudinaria de la oposición vinculada al debate sobre la ley de amnistía. Bajo el grito de "¡No tenemos miedo!", los participantes marcharon con pancartas y banderas hasta los alrededores de la Universidad Central de Venezuela.
Este acto representa la mayor protesta en el país desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una incursión militar el 3 de enero, una operación que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas.
El Foro Penal reportó que, hasta el 2 de febrero, hay 687 presos políticos en Venezuela. De ese total, se desconoce el paradero de 51 y 59 son de nacionalidad extranjera.
Se ha informado que quienes han salido de prisión no pueden abandonar el país, dar entrevistas ni publicar declaraciones en redes sociales. Además, el gobierno exige que se presenten ante tribunales cada 30 días y prohíbe la comunicación entre ellos, según las condiciones establecidas en las boletas que recibieron al dejar los recintos penitenciarios.
Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigen información transparente, respeto a las víctimas y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos.





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