
El paro armado nacional decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluyó este miércoles 17 de diciembre a las 6:00 a. m., luego de 72 horas marcadas por ataques, bloqueos y restricciones en distintas regiones de Colombia. El balance preliminar de las autoridades reportó al menos cinco personas fallecidas y cerca de 60 acciones violentas atribuidas al grupo insurgente en más de una veintena de departamentos.
Entre las víctimas mortales se encuentran dos policías que perdieron la vida tras explosiones registradas en el sur de Cali y un civil fallecido durante un ataque en Norte de Santander. Las autoridades también investigan la muerte de dos jóvenes hallados en Cúcuta. Además, una funcionaria resultó herida en el peaje de La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, donde se activaron protocolos de seguridad tras un hecho violento.
El paro armado se produjo en un contexto de suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN. Las conversaciones permanecen congeladas desde enero, luego de la escalada de violencia en Catatumbo y los enfrentamientos con el Frente 33 de las disidencias, hechos que organismos humanitarios califican como la peor crisis del país en las últimas dos décadas.
Vera Grabe, jefa del equipo negociador del Gobierno nacional, expresó su preocupación por las consecuencias del paro armado sobre la población civil. En diálogo con El Espectador, afirmó: “La mayor preocupación es por la vida de la gente que vive en los territorios y se ve afectada por un paro armado. Y respecto a la mesa de diálogos, la pregunta es si un paro armado se puede interpretar como gesto de querer reactivar la mesa. Es algo paradójico”. Además, reiteró la posición del Ejecutivo al señalar: “Siempre hemos rechazado sus paros armados, porque es inconcebible que sea precisamente la población la principal afectada de la violencia. Por supuesto, es fundamental que un diálogo de paz signifique en primer lugar respetar a las comunidades en territorio”.
Norte de Santander concentró varios de los episodios más graves durante el paro armado. En municipios como Cúcuta y Villa del Rosario se reportaron ataques armados, homicidios en investigación y acciones contra instalaciones de la fuerza pública. En Cúcuta, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de dos muertes registradas durante los días de la escalada violenta.
En Puerto Santander se produjo uno de los hechos más graves del departamento, cuando un conductor de ambulancia falleció tras quedar atrapado en un ataque contra la subestación de Policía del municipio. A estos eventos se sumaron bloqueos viales y hallazgos de artefactos explosivos en corredores estratégicos, especialmente en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, lo que elevó el nivel de alerta en la zona fronteriza.
Las acciones atribuidas al ELN tuvieron un impacto directo sobre la movilidad en distintas regiones del país. Amenazas, instalación de explosivos y cierres preventivos paralizaron rutas clave y limitaron el tránsito de vehículos particulares y de transporte público. En Norte de Santander, las restricciones afectaron de forma notoria las rutas entre Cúcuta, Ocaña y Aguachica.
En el occidente del país, Cali vivió momentos de pánico tras la detonación de artefactos explosivos cerca de un Centro de Atención Inmediata policial y de una patrulla. Estos hechos provocaron el cierre de sectores específicos mientras las autoridades realizaban labores de verificación. En Antioquia, un bus fue incinerado en jurisdicción de Valdivia y otro artefacto explosivo detonó en Copacabana, lo que obligó a medidas de control adicionales.

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