Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Venezuela enfrenta una crisis compleja con el decreto de “conmoción exterior” firmado por Nicolás Maduro, que amplía los poderes del Ejecutivo para controlar militarmente los servicios públicos, las industrias estratégicas y las fronteras, en medio de la presión internacional de la administración Trump.

Aunque se presenta como un instrumento para proteger la soberanía, el decreto consolida un patrón de gobernanza centralizada y militarizada en un país que ya opera bajo restricciones de facto a los derechos civiles, económicos y sociales. La medida refleja cómo la amenaza externa se utiliza como pretexto para reforzar el control político interno, más que para enfrentar peligros reales.

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La crisis interna disfrazada de amenaza externa

Aunque Maduro presenta el decreto como una respuesta a la presencia de buques militares estadounidenses en aguas venezolanas, su impacto internacional real es limitado. En una entrevista para La República, Jesús Alberto Torrealba, periodista y político venezolano, sostiene que “el decreto es más propagandístico que operativo; la escalada depende de los intereses estratégicos de la administración Trump, principalmente petróleo y recursos naturales”. La medida busca mostrar firmeza ante la opinión pública interna y externa, pero no modifica sustancialmente la capacidad militar ni la posición estratégica de Venezuela frente a Estados Unidos.

El decreto también sirve como instrumento de legitimación interna, reforzando la narrativa del gobierno sobre amenazas externas para justificar medidas extraordinarias. Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, explicó también para este medio que “esto refuerza la militarización y el control político sin mejorar la gobernanza ni la economía”, evidenciando cómo la propaganda de seguridad externa se traduce en control sobre la población y consolida la presencia militar en servicios públicos y empresas estratégicas. La política exterior se convierte en un pretexto para perpetuar la crisis social y económica que afecta a los venezolanos desde hace años.

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Concentración de poder y control militar en un contexto de crisis interna

El decreto se ampara en la Constitución, que permite declarar estados de alarma, emergencia económica o conmoció con fines de protección del país. Sin embargo, en la práctica, estas herramientas legales han servido para concentrar poder y limitar derechos. Desde 2015, Maduro ha gobernado mediante decretos que le permiten eludir al parlamento opositor y reforzar la presencia militar en áreas estratégicas.

Torrealba señala que "el decreto implica el otorgamiento de poderes especiales al Ejecutivo nacional para afrontar una situación fuera de lo común", aunque advierte que "en realidad no le da ningún poder que ya no tenga" a Maduro. Esto convierte al decreto en una herramienta política más que en un mecanismo de protección efectiva, donde el marco legal existe principalmente para dar una apariencia de legitimidad a decisiones que de facto ya se han tomado.

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¿Cómo afecta la militarización la vida cotidiana de los venezolanos?

Venezuela enfrenta una restricción sistemática de derechos, como el derecho a reunión, protesta, libertad sindical y debido proceso. El decreto refuerza estas restricciones, formalizando un control militarizado sobre la población. Barrios advierte que "la presión política se va a acentuar", consolidando el control del Ejecutivo sobre sindicatos, partidos políticos y dirigentes comunitarios. La militarización de servicios públicos y empresas estratégicas limita la capacidad de la población de influir en decisiones económicas y políticas que afectan su vida diaria.

La aplicación del estado de excepción también agravaría gravemente la crisis económica. La inflación superior al 200%, los salarios mínimos inferiores a un dólar diario, y los servicios públicos colapsados configuran un panorama desesperante. Barrios destaca que "esto afecta la vida diaria de los venezolanos porque tiene un impacto sobre la economía". Torrealba agrega que, al amparo de un estado de conmoción exterior, el gobierno podría practicar requisas de bienes y provisiones sin procedimiento previo, aumentando la vulnerabilidad y la desigualdad social.