
En medio del tercer día de protestas contra el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) dispuso la suspensión de las emisiones del canal comunitario TV MICC, medio fundado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). La resolución, amparada en el artículo 180 del Código Orgánico Administrativo, establece una suspensión de quince días argumentando motivos de “orden público y seguridad nacional”, sustentados en un informe secreto. Según el documento, las transmisiones del canal contenían aspectos considerados perjudiciales para la estabilidad del país.
Por su parte, el MICC denunció públicamente que la decisión del gobierno de Daniel Noboa constituye un acto de censura que vulnera la libertad de expresión y el derecho constitucional a fundar medios comunitarios. En un comunicado firmado por su presidente, Rafael Negrete, la organización señaló que esta medida afecta la transmisión en Latacunga, Salcedo, Ambato y otras ciudades, calificándola como un “atropello” a normas nacionales e internacionales y un intento de silenciar la voz indígena y campesina, quienes lideran las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa. Además, exigieron la restitución inmediata de la señal y el fin de lo que describen como prácticas autoritarias.
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció un “sistemático bloqueo de cuentas bancarias” ordenado, según ellos, por el presidente Daniel Noboa a través de la Superintendencia de Bancos. Entre las cuentas afectadas se encuentran las de la propia Conaie y del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). La organización calificó la medida como arbitraria, ejecutada sin orden judicial ni investigación previa, lo que a su juicio constituye una violación de derechos fundamentales y de la seguridad jurídica.
El movimiento indígena rechazó lo que considera una persecución política que busca asfixiar la organización social y limitar el derecho a la resistencia. Exigieron la restitución inmediata de las cuentas bloqueadas y sanciones a los responsables de lo que definieron como un abuso de poder. Además, convocaron a la Defensoría del Pueblo, a organismos internacionales de derechos humanos y a la ciudadanía a pronunciarse frente a lo que describieron como un atropello, ratificando que mantendrán firme su protesta en defensa de los pueblos y sectores populares.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó a la banda criminal venezolana Tren de Aragua de financiar las protestas indígenas contra el incremento del precio del diésel, que subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la acusación y denunció que el gobierno busca “criminalizar la protesta” para ocultar su responsabilidad en la crisis económica y social. Noboa, que en enero declaró como grupo terrorista al Tren de Aragua, advirtió que los manifestantes que incumplan la ley podrían enfrentar penas de hasta 30 años por terrorismo.
Las movilizaciones, que desafían el estado de excepción decretado por el gobierno, han bloqueado carreteras y reunido a miles de indígenas, trabajadores, estudiantes y profesores en ciudades como Quito. Enfrentamientos con la policía han dejado cerca de 60 detenidos, incluidos dos venezolanos que, según las autoridades, tendrían vínculos con la organización criminal. La Conaie, que convocó a un paro nacional indefinido, insiste en que las detenciones afectan también a luchadores sociales y líderes comunitarios que ejercen su derecho a la resistencia, y advierte que el movimiento se mantendrá hasta revertir la eliminación del subsidio al diésel.

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