
La fase final de un juicio histórico ha iniciado en Brasil. El martes 2 de septiembre comenzó la lectura del informe del caso que se sigue contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien, junto con otras 7 personas, es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de intentar un golpe de Estado a finales de 2022 y principios de 2023. En este proceso, que se espera que se prolongue hasta el 12 de septiembre, podría llevar a que el líder de la derecha brasileña reciba una condena de hasta 43 años de prisión.
El juicio comenzó sin la presencia de Bolsonaro, quien, según sus abogados, decidió no comparecer ante la Corte Suprema dado que las reglas del tribunal no lo obligan a hacerlo. De esta manera, seguiría el resto del proceso desde prisión domiciliaria, la cual cumple desde inicios de agosto, pues las autoridades alegan que existe un alto peligro de fuga que ha llevado a que el exmandatario porte una tobillera electrónica y cuenta seguridad en torno a su residencia en Brasilia.
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El juez Alexandre de Moraes presentó el informe final del caso Bolsonaro y afirmó que el ultraderechista buscó instalar una “verdadera dictadura” tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La fiscalía acusa al exmandatario de liderar una “organización criminal armada” para perpetuarse en el poder.
Moraes subrayó que el tribunal actuará con independencia y no cederá ante “presiones internas o externas”, pese a las tensiones internacionales que ya generó el proceso. Estados Unidos sancionó al propio magistrado como represalia, y el presidente Donald Trump impuso aranceles extras del 50% a las exportaciones brasileñas en señal de apoyo a su aliado.
El histórico juicio contra Jair Bolsonaro se centra en cinco delitos graves señalados por el Ministerio Público: abolición violenta del Estado democrático de derecho, al intentar restringir las instituciones por la fuerza; golpe de Estado, al buscar derrocar al gobierno legítimo; organización criminal, por estructurar un grupo con tareas definidas para cometer ilícitos; daños calificados, por la destrucción de bienes estatales durante los disturbios; y deterioro del patrimonio catalogado, que protegía edificios históricos de Brasilia. En conjunto, estas acusaciones podrían derivar en penas de hasta 43 años de cárcel.
Por su parte, el expresidente insiste en declararse inocente y denuncia ser víctima de una “persecución política”, mientras que sus seguidores continúan movilizándose en las calles.
En la apertura del juicio contra Jair Bolsonaro, el procurador general Paulo Gonet afirmó que no castigar el intento de golpe “intensifica los impulsos de autoritarismo” y daña la vida civilizada. Además, precisó que plan de golpe de Estado orquestado no requería una orden firmada, ya que las reuniones y actos registrados por las investigaciones son suficientes para configurar el delito.
El fiscal recordó la cadena de ataques violentos de 2022 y 2023, entre ellos el asalto a la sede de los Tres Poderes el 8 de enero, y los calificó de “atroces y aterradores”. También reveló que dentro del círculo de Bolsonaro se trazaron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. Gonet recalcó que la denuncia no se apoya en suposiciones, sino en pruebas documentadas por los propios implicados, que dejan en evidencia la intención de quebrar la normalidad democrática en Brasil.

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