
Bolivia se aproxima a las elecciones del 17 de agosto en medio de una profunda incertidumbre y con la esperanza de hallar soluciones. A diferencia de procesos anteriores, el debate político ya no se limita a la confrontación entre derecha e izquierda, sino que gira en torno a quién podrá ofrecer respuestas efectivas frente a la inflación y la escasez que afectan a amplios sectores de la población. Esta situación se complica con la presencia latente de Evo Morales, quien, pese a no participar en los comicios, continúa influyendo en el escenario político.
La decisión del electorado está condicionada por las múltiples problemáticas económicas que inciden directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Así lo explica Óscar Gracia Landaeta, magíster en Filosofía Política y director en la Universidad Privada Boliviana. Esta perspectiva coincide con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que evidencian el episodio inflacionario más grave en al menos cuatro décadas. Solo en junio, la inflación mensual alcanzó el 5,21 %, superando el 3,65 % registrado en mayo, según Bloomberg.
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A ello se suma una aguda escasez de dólares. La caída en la producción de gas —principal fuente de divisas— ha mermado las reservas del Banco Central, reduciendo la disponibilidad de moneda extranjera en bancos y casas de cambio, e incentivando el crecimiento del mercado paralelo. La falta de combustible constituye otro factor crítico, como lo reflejan las “filas interminables” de camiones que esperan abastecerse, según Vania Sandoval, politóloga y docente de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA).
La crisis económica también ha debilitado el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes. De acuerdo con Sandoval, la población ha perdido confianza en la justicia, lo que dificulta la implementación de medidas en un contexto de desconfianza generalizada hacia el sistema político. Esta situación, en sus palabras, es resultado de un “sistema colapsado” que ha perdurado durante cerca de veinte años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En paralelo, la exclusión del expresidente Evo Morales ha generado malestar en ciertos sectores. Morales está inhabilitado por dos motivos: el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que el artículo 168 de la Constitución le impide postular nuevamente, al haber cumplido ya dos mandatos. Además, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el 8 de julio la inexistencia de una postulación formal ni de un partido que lo respalde.
Aunque legalmente no representa una amenaza, debido a que Morales no puede abandonar Chapare por una orden de aprehensión en su contra, el exmandatario se mantiene como una amenaza latente para el ámbito político. Sin embargo, Gracia advierte que la preocupación debería centrarse en “la capacidad de movilización del sector cocalero” y en los retos de gobernabilidad que enfrentará el próximo presidente al intentar aplicar reformas urgentes “como son el recorte de las subvenciones, el recorte del gasto fiscal y el ajuste fiscal en general”.
Pese a su inhabilitación, Morales sostiene que una parte importante del electorado desea verlo de nuevo en el poder. Según el diario El País, el exmandatario se atribuye como propios los votos nulos reportados en las encuestas. El último sondeo, realizado por Ipsos Ciesmori para Unitel, señala que el voto residual —blancos, nulos e indecisos— alcanza el 32 %, cinco puntos más que en la medición anterior. Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) lidera la intención de voto con un 18,7 %, seguido por Jorge Quiroga (Alianza Libre) con un 18,1 %.
En contraste, el MAS, que alguna vez superó el 60 % de los votos, hoy ocupa el séptimo lugar con apenas un 2,3 %. Este bajo respaldo pone en riesgo su personería jurídica si no logra superar el umbral del 3 %. Para Sandoval, este desplome refleja la decepción provocada por la crisis económica, que ha debilitado las banderas históricas del partido, como la estabilidad y el desarrollo social.
Gracia, por su parte, remonta la crisis del MAS a 2019, cuando estalló el conflicto social que provocó la salida de Morales. Desde entonces, distintos sectores han buscado proyectos propios, ante la incapacidad de las élites del partido para impulsar un proceso real de renovación. “Tenemos una élite vieja y anacrónica, comandada por Morales, que nunca permitió una transición verdadera”, afirma.
En este escenario, Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, figura como el representante más sólido de la izquierda, con un 11,8 % de intención de voto. Según Gracia, Rodríguez pertenece a un sector que “sí tiende a la renovación”, aunque enfrenta el peso del desprestigio que arrastra el MAS por la crisis económica, lo que limita su crecimiento político.
Otras figuras vinculadas al MAS también compiten en estas elecciones. Sandoval identifica al “exministro Eduardo del Castillo, candidato oficialista; a Eva Copa, exsenadora del MAS y actual alcaldesa de El Alto, hoy con partido propio”; y a Rodríguez, quien presidió el Senado en los últimos años. Esta dispersión, advierte, genera confusión entre las y los simpatizantes del MAS.
El fraccionamiento afecta tanto a la izquierda como a la derecha, y contribuye a la elevada indecisión del electorado. Para Sandoval, muchas personas aún no manifiestan su preferencia, pero esta situación podría resolverse conforme se acerque la fecha de los comicios. Lo que sí parece claro, anticipa, es que “la próxima Asamblea Legislativa estará conformada por un número mayor de partidos que en la actualidad”.
Si bien la actual indecisión impide prever con claridad al futuro vencedor de la contienda electoral, Óscar Gracia anticipa que quedará fuera “quien se haya vinculado principalmente al apoyo a Evo Morales”. En cambio, estima que los demás actores sociales del país irán definiendo su respaldo hacia uno u otro candidato en el contexto de una crisis que permanece en estado crítico y exige una respuesta inmediata.
Hasta ahora, el panorama electoral parece inclinarse hacia la oposición, con dos candidatos que lideran las encuestas: Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Ambos formaron parte, a fines de 2024, del Bloque Unidad, una alianza electoral liderada junto a Carlos Mesa con el objetivo de presentar una candidatura única contra el MAS en los comicios del 17 de agosto. En su etapa inicial, también se sumaron al pacto otras figuras como Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar y Amparo Ballivián.
Sin embargo, en abril de 2025 se produjo una ruptura interna: Jorge Quiroga se alejó del bloque alegando que el proceso que designó a Doria Medina como candidato había violado los acuerdos de fiscalización y confidencialidad pactados, calificándolo como una “emboscada”. Según Quiroga, las encuestas internas no cumplieron los términos acordados (tres sondeos, con observación de todas las partes y resultados reservados).
Tras esto, Quiroga inscribió su propia alianza, Libre – Libertad y Democracia (LIB‑RE), formalizada el 17 de abril de 2025 ante el Tribunal Supremo Electoral, luego de consolidar una coalición con el Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento Demócrata Social.
El 9 de abril, el Bloque de Unidad proclamó oficialmente a Samuel Doria Medina como su candidato presidencial, y varios líderes opositores como Carlos Mesa renunciaron a su rol en el bloque al declararlo irrelevante ante la quiebra del acuerdo. Doria Medina justificó que la alianza aún seguía vigente, mientras que Camacho lamentó públicamente la salida de Quiroga diciendo que la ruptura no era un mandato de la gente.
El futuro inmediato de Bolivia dependerá no solo de quién logre captar el voto indeciso, sino de quién sea capaz de articular un proyecto político viable en medio del colapso del modelo económico heredado. Como señala Gracia, el desafío no radica únicamente en ganar la presidencia, sino en encarar un proceso de reconstrucción institucional tras dos décadas de predominio del MAS. La próxima administración deberá tomar decisiones impopulares, como el retiro de subvenciones y el ajuste fiscal, en un país donde el malestar social crece y la legitimidad del Estado se encuentra seriamente erosionada.
Bolivia se encamina a unos comicios signados por la dispersión del voto, la pérdida de confianza en las élites tradicionales y un escenario económico crítico. La inflación acumulada del primer semestre ha pulverizado el poder adquisitivo, mientras la escasez de combustible y divisas afecta el funcionamiento del aparato productivo. En este contexto, marcado por la incertidumbre y la fatiga social, el próximo presidente asumirá un país fracturado, sin mayorías claras y con una Asamblea fragmentada, donde el consenso será más una necesidad que una opción. La elección del 17 de agosto no solo definirá un nuevo liderazgo, sino también la dirección que tomará Bolivia para salir de su crisis más profunda en décadas.

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