
Las denuncias sobre "torturas y tratos inhumanos" a migrantes venezolanos reavivan las tensiones diplomáticas entre Venezuela, Estados Unidos y El Salvador. Según documentos y testimonios, al menos 252 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump estarían sufriendo graves abusos dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel promovida por el presidente Nayib Bukele.
El régimen de Nicolás Maduro contrató al bufete salvadoreño Grupo Ortega para representar a los detenidos, argumentando que "se trata de una violación flagrante a los derechos humanos" y reclamando "pruebas de vida inmediatas". El canciller venezolano, Yván Gil, calificó la situación como "una tragedia fabricada por la política migratoria hostil de los Estados Unidos y avalada por gobiernos autoritarios como el de El Salvador".
El Cecot, inaugurado en 2023 por Nayib Bukele, es una instalación diseñada para albergar a más de 40.000 presos bajo condiciones extremas de seguridad. Entre sus internos figuran los 252 venezolanos deportados durante la gestión de Trump, los cuales fueron arrestados tras intentar cruzar la frontera sur estadounidense sin documentos.
Los abogados contratados por el gobierno de Maduro aseguran que estos migrantes venezolanos fueron "torturados, incomunicados y obligados a confesar vínculos falsos con grupos criminales". Las condiciones del CECOT fueron criticadas por organizaciones internacionales. Human Rights Watch documentó abusos físicos, celdas de castigo y negación de atención médica. Maduro denuncia que "El Salvador se ha convertido en una extensión del guion represivo estadounidense".
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Bukele defendió la política de mano dura como una estrategia exitosa contra las pandillas. Sin embargo, la inclusión de migrantes venezolanos en este esquema generó controversia. En declaraciones recientes, el ministro de Seguridad de El Salvador afirmó: "Todos los detenidos tienen vínculos con estructuras criminales o cometieron delitos al ingresar ilegalmente. No hay presos políticos ni víctimas inocentes".
Algunos familiares en Venezuela y Colombia también denunciaron que no reciben noticias desde hace más de seis meses, lo que incentiva rumores sobre muertes no reportadas. "Estamos ante una nueva forma de represión transnacional", opinó la activista opositora venezolana Tamara Adrián. "El gobierno de Trump los deportó, Bukele los encerró, y ahora Maduro intenta capitalizar políticamente su dolor".
La administración de Trump reactivó en 2024 un programa de deportaciones exprés para migrantes sin protección legal, afectando a miles de venezolanos. Muchos de ellos fueron trasladados directamente a terceros países, bajo acuerdos de cooperación regional. Los demócrata criticaron la política como "inhumana y contraproducente".
El senador Bob Menéndez, del Partido Demócrata, expresó: "Enviar a migrantes a cárceles controladas por regímenes autoritarios no es una solución, es una vergüenza". Mientras tanto, la Casa Blanca evitó pronunciarse directamente sobre el caso, aunque fuentes del Departamento de Estado aseguraron que "se está monitoreando la situación".

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