
La administración de Donald Trump anunció que el Departamento de Justicia asumirá la defensa legal de las familias inmigrantes separadas durante su primer mandato debido a las deportaciones. De acuerdo con un informe de Politico, esta decisión implica la no renovación del acuerdo con Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que, desde mayo de 2024, brindaba asesoría y representación legal de manera independiente.
La medida se basa en un acuerdo judicial de 2023 que obligaba al gobierno a ofrecer servicios legales financiados a padres e hijos afectados por deportaciones y separaciones familiares ocurridas en 2017 y 2018.
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De acuerdo con Politico, el Departamento de Justicia defendió la decisión y calificó como "insultante sugerir" que los profesionales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración no puedan ofrecer servicios legales de forma adecuada. La medida afecta potencialmente a más de 8.000 personas, algunas con plazos judiciales inmediatos y en riesgo de nuevas deportaciones.
Hasta el 1 de mayo de 2025, las familias separadas recibían asistencia de Acacia y de organizaciones subcontratadas, quienes facilitaban la reunificación, asesoraban sobre el proceso migratorio y ayudaban a solicitar un estatus legal temporal en EE.UU. Sin embargo, la administración decidió no renovar el contrato, interrumpiendo los servicios de asesoría legal externa.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha reportado que 187 personas podrían perder su libertad condicional humanitaria y sus permisos de trabajo este mes de mayo. Además, advierten que otros 255 individuos podrían enfrentarse a la misma situación entre junio y julio. La ACLU también señaló que 114 personas ya tienen órdenes de deportación activas y necesitan urgentemente representación legal para intentar reabrir sus casos y evitar la deportación.
La Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACO) ha informado que muchas organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro siguen ofreciendo un apoyo crucial a los inmigrantes en EE. UU. Estas entidades brindan servicios que van desde asesoramiento legal hasta ayuda para integrarse y la defensa de los derechos humanos.
El costo de contratar un abogado de inmigración en Estados Unidos varía según la complejidad del caso y la experiencia del profesional. Según el Colegio Americano de Abogados de Inmigración (AILA), las tarifas suelen oscilar entre US$1.000 y US$5.000 para trámites comunes como solicitudes de residencia o visas. En casos más complejos, como defensas contra deportación o apelaciones, los honorarios pueden ser más altos. Además, algunos abogados cobran por hora, con tarifas que pueden ir desde US$150 hasta US$500 la hora.
Es importante considerar que muchos abogados ofrecen una consulta inicial gratuita o a bajo costo para evaluar el caso y explicar los costos involucrados. También existen organizaciones sin fines de lucro y clínicas legales que brindan asistencia legal a bajo costo o sin costo para personas con recursos limitados.

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