Nuevos aranceles de Estados Unidos del 10 % al 12,5 % generan preocupación y rechazo a nivel internacional

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este viernes una nueva ronda de aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre las importaciones procedentes de unos 60 países y economías, una medida que desató críticas en América, Europa, Asia y Oceanía por su posible impacto sobre el comercio internacional.

Las nuevas tarifas, que comenzaron a aplicarse a las 0.01 a. m., reemplazan el arancel temporal del 10% que expiró el jueves y afectan a países que concentran el 99,4% de las importaciones estadounidenses. La Casa Blanca sostiene que los gravámenes responden a la falta de acciones suficientes para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La decisión se sustenta en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite a Washington imponer medidas contra prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. El Gobierno de Trump recurrió a este mecanismo después de que los tribunales limitaran parte de su anterior estrategia arancelaria.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, defendió la medida al afirmar que "la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados" para lograr la eliminación de las prácticas detectadas durante la investigación. Asimismo, señaló que la decisión busca comenzar "la corrección de lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".

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Brasil encabeza las críticas

La administración de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó los nuevos gravámenes y acusó a Washington de utilizar el argumento del trabajo forzoso para justificar una política comercial proteccionista. "El USTR optó por manipular un tema sensible a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea", denunció.

La Presidencia brasileña recordó además que el país ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus políticas para combatir el trabajo forzoso. La nueva medida se suma al arancel del 25% impuesto por Washington días atrás sobre parte de las exportaciones brasileñas.

De acuerdo con la Cámara Americana de Comercio para Brasil, la carga acumulada para algunos productos alcanzará el 37,5%.

Por su parte, Chile anunció que buscará quedar excluido de la lista de países afectados. La Cancillería aseguró que el país "cuenta con una sólida institucionalidad laboral" y sostuvo que "la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación".

Panamá, en cambio, celebró haber quedado fuera de la lista de países afectados. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que la exclusión constituye "una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos".

México mantiene las ventajas del T-MEC

A diferencia de Brasil, México consiguió evitar el impacto de la mayor parte de los nuevos gravámenes gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que más del 80% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense sin pagar los nuevos aranceles. Respecto a los productos que quedan fuera del acuerdo, precisó que seguirán sujetos a un arancel del 10%, por lo que "no afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora".

El anuncio coincidió con la conclusión de la tercera ronda de negociaciones entre ambos países para revisar el tratado comercial, en la que también participó Jamieson Greer.

Europa rechaza las acusaciones

La Unión Europea también cuestionó la decisión estadounidense. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó los nuevos gravámenes como una "sorpresa negativa" y rechazó las acusaciones relacionadas con trabajo forzoso.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que la decisión afecta "la competitividad" de las exportaciones chilenas y genera "incertidumbre para miles de productores y trabajadores".

Suiza también manifestó su desacuerdo con las acusaciones estadounidenses, mientras que Noruega indicó que no contempla responder con represalias comerciales.

Asia y Oceanía expresan preocupación

Desde Asia, Japón calificó la decisión como "lamentable". El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, sostuvo que "la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales" y cuestionó que se impongan aranceles bajo el argumento de una supuesta falta de medidas contra el trabajo forzoso.

Corea del Sur informó que mantendrá consultas con Washington para preservar el acuerdo comercial vigente. La oficina presidencial señaló que el Gobierno "planea mantener estrechas consultas con Estados Unidos para garantizar que se mantenga el arancel del 15% acordado mutuamente".

En Filipinas, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, George Barcelon, afirmó: "Estamos muy preocupados y sorprendidos por esta nueva imposición del 12,5%, que es muy alta". Añadió que la medida "hará que las industrias sean menos competitivas" y calificó de "muy poco claros" los argumentos relacionados con trabajo infantil.

Australia también rechazó los nuevos gravámenes. El ministro de Comercio, Don Farrell, sostuvo que "estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse". Además, afirmó que su país cuenta con "algunas de las medidas más sólidas del mundo" para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.

En la misma línea, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, aseguró que la investigación estadounidense "no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso" y remarcó que "los aranceles no son el camino; aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas".

Canadá intensifica las negociaciones

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó que Ottawa aceleró las conversaciones con Washington para intentar alcanzar un acuerdo comercial antes de la posible entrada en vigor de un arancel del 50% sobre diversos productos canadienses prevista para el 19 de agosto.

"Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto", afirmó. No obstante, aclaró que "todo está sobre la mesa", aunque añadió: "No necesitamos responder por adelantado".

Por su parte, el ministro canadiense para el Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, indicó que la inclusión del país en la nueva lista "no es inesperada" y aseguró que Ottawa comparte el objetivo de impedir que bienes producidos con trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro norteamericanas.

Una nueva etapa de la estrategia comercial de Trump

La nueva ofensiva arancelaria llega meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucional parte del esquema de aranceles globales impulsado por Donald Trump bajo poderes de emergencia. Frente a ese revés, la Casa Blanca rediseñó su estrategia y recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo considerado jurídicamente más sólido para sostener futuras medidas comerciales.

La administración republicana sostiene que los nuevos gravámenes buscan proteger a los trabajadores estadounidenses y combatir prácticas comerciales desleales. Sin embargo, gobiernos afectados y representantes del sector empresarial consideran que la decisión incrementará la incertidumbre en los mercados, afectará la competitividad de las exportaciones y podría abrir un nuevo capítulo de tensiones comerciales entre Estados Unidos y varios de sus principales socios económicos.