Corea del Sur impone ley marcial tras confrontación con la oposición: los acusa de controlar el Parlamento
El presidente conservador Yoon Suk Yeol, con baja aprobación y dificultades para implementar su agenda, acusa a sus opositores de simpatizar con Corea del Norte y obstaculizar el gobierno.
En un giro sorprendente, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeo, ha impuesto la ley marcial, una acción contundente que surge en medio de una creciente confrontación política con la oposición y una notable caída en su popularidad. Esta medida se toma en un contexto de gran polarización y tensión interna, donde las dificultades del mandatario para llevar a cabo su agenda han generado un ambiente de incertidumbre generalizada.
El presidente conservador ha señalado a sus opositores políticos de mostrar simpatías hacia Corea del Norte, lo que, según él, ha obstaculizado el funcionamiento del Gobierno. Este panorama ha generado una creciente inquietud y preocupación entre la población surcoreana, que sigue de cerca la evolución de los hechos.
En respuesta a la declaración del presidente, el opositor Partido Democrático, Lee Jae-myung, convocó a una reunión de emergencia de sus legisladores. Este encuentro busca evaluar la situación y definir una estrategia frente a las acciones del Gobierno, que han sido calificadas como un intento de silenciar la disidencia y consolidar el poder ejecutivo.
Contexto de la ley marcial en Corea del Sur
La política surcoreana en los últimos años ha experimentado una creciente polarización, alimentada por una serie de factores, como la división ideológica entre el Gobierno y la oposición, las tensiones internas y las controversias sobre el manejo de cuestiones clave como la economía, la seguridad y las relaciones internacionales.
Esta situación ha generado un ambiente político altamente tenso y conflictivo, en el que las disputas partidistas se intensifican. En este sentido, la declaración de ley marcial no solo refleja una posible desesperación del presidente ante un entorno político adverso, sino también una crisis de legitimidad del Gobierno, con la oposición y la ciudadanía cuestionando sus políticas y decisiones.
Reacciones de la oposición liderado por Lee Jae-myung
La orden de la ley marcial se emite poco después de que el Partido Democrático (PD), principal fuerza opositora y con mayoría en el Parlamento, aprobara rápidamente un proyecto de ley de presupuesto reducido y presentará mociones para destituir al jefe de la auditoría estatal y a varios fiscales. Lee Jae-myung, líder del PD, ha declarado que la medida es inconstitucional y peligrosa para la democracia en Corea del Sur. Los legisladores de la oposición han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en las libertades civiles y los derechos humanos en el país.
Luego de la instauración de la ley marcial, las fuerzas militares se alistan para ingresar al salón principal de la Asamblea Nacional. Foto: EFE
¿Cuáles son las implicaciones de la ley marcial a largo plazo?
Si el presidente surcoreano decide seguir adelante con la declaración de ley marcial , a pesar del rechazo de la oposición y las protestas internas , las consecuencias a largo plazo para la democracia en Corea del Sur podrían ser devastadoras. Al tener una democracia consolidada que ha pasado por períodos de dictaduras militares, cualquier regreso a prácticas autoritarias sería un retroceso significativo. A continuación se detallan algunas de las implicaciones:
- Pérdida de legitimidad : la declaración de ley marcial sería percibida como una violación directa de los principios democráticos que han sido fundamentales para el país desde su transición hacia la democracia en 1987. Un acto de este tipo probablemente deslegitimaría al gobierno de manera irreversible, socavando la confianza pública en las instituciones y autoridades del país.
- Desconfianza en el liderazgo : la medida crearía una profunda desconfianza hacia el gobierno tanto en la oposición como en sectores de la sociedad civil. La deslegitimación de un presidente que recurre a métodos autoritarios para mantenerse en el poder debilitaría las instituciones democráticas del país y su capacidad para operar de manera efectiva, incluso después de que termine el mandato presidencial.