La Fiscalía General de Bolivia anunció que pedirá una condena de diez años de prisión en el juicio oral contra Jeanine Áñez Chávez por haberse autoproclamado presidenta cuando gobernó por un año a partir de noviembre de 2019.
Lupe Zabala, fiscal a cargo, señalo que Áñez está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana y las leyes en el marco del caso Golpe de Estado II, que es la ampliación del caso Golpe de Estado I, informó este martes la Fiscalía General del país altoandino.
El secretario general de la Fiscalía del Estado, Edwin Quispe, explicó que la comisión de fiscales, luego de realizar la “investigación” y el “análisis” de las evidencias testificales y documentales, concluyó que hay elementos suficientes para la acusación.
“Se ha logrado establecer que existen los elementos suficientes que dan cuenta de que la señora Jeanine Áñez hubiera adecuado su conducta a esos tipos penales”, indicó Quispe
Agregó que el Ministerio Público presentó al menos 70 pruebas y que con esta acusación formal se concluye la etapa preliminar de la investigación. Añadió que ahora se realizará el juicio oral correspondiente.
“Los casos Golpe I y II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que sea autoproclamada presidenta del Estado”, enfatizó Quispe.
Áñez se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz por el caso Golpe de Estado I, en el que se la acusa de sedición, conspiración y terrorismo por la crisis política y social que Bolivia vivió en 2019 tras las elecciones fallidas.
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En julio se dividió el caso en dos, con lo cual se amplió los cargos por incumplimientos de deberes y resoluciones contra la Constitución. Estos se le atribuyeron a la acusada por la forma en que accedió a la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales, a quien acusó de un supuesto “golpe de Estado”.
Inicialmente, la exmandataria transitoria debía cumplir su detención preventiva por cuatro meses, que se extendieron a seis y luego se prolongaron por otros seis meses más por el caso Golpe de Estado II.
En el caso Golpe de Estado II están acusados Áñez, el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman, el excomandante de la Policía Yuri Calderón, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros, entre otros.
La defensa de Áñez manifestó que la acusación en contra de la exmandataria transitoria es “totalmente vaga y abstracta” y que no se han realizado varias inspecciones técnicas oculares. También ha asegurado que no se tomaron las declaraciones de otros investigados.
La defensa pidió varios informes al Senado, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo, entre otros, comentó la abogada Norka Cuéllar en conferencia de prensa.
Cuéllar sostuvo que no se puede utilizar las declaraciones de Áñez de junio por otro caso cuando en julio inició el caso Golpe de Estado II.
Por su parte, el abogado Luis Guillén indicó que tienen que existir los “elementos probatorios suficientes” para respaldar la acusación y que es necesario que estos no puedan resolverse en un tribunal ordinario.
“Esta tarea no la puede realizar un tribunal ordinario. Vamos a crear un caos jurídico porque es una labor conforme a la Constitución Política del Estado. Le corresponde a un Tribunal Constitucional”, expresó Guillén.
Además, refirió que el Ministerio Público no realizó los “actos investigativos” a pesar de que Áñez estaba en detención preventiva y que, ahora que existe una acusación, corresponde que se emita de oficio el mandamiento de libertad.
De la misma forma, en las redes sociales de Áñez indicaron que el objetivo es de “condenarla a cualquier precio” y que “no les importa la independencia del Órgano Judicial”.
“Jeanine Áñez es el chivo expiatorio de un proyecto totalitario en contra de Bolivia, la libertad y la unión”, señala el mensaje en las redes de Áñez.
La exmandataria también enfrenta otro proceso en la vía ordinaria por una supuesta designación irregular de una funcionaria en una entidad estatal durante su gestión. Además, el Parlamento boliviano analiza varios juicios de responsabilidades en contra de Áñez.
Con información de EFE.