Desde el último martes 17 de noviembre, una misión ad hoc de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se encuentra en Lima para evaluar el impacto de la crisis en los derechos humanos cometida por la Policía peruana durante las manifestaciones contra Manuel Merino.
Jan Jarab, jefe de esta misión y representante de ONU Derechos para América del Sur, ha indicado a El País que los investigadores han encontrado cinco patrones de violación de derechos humanos por parte de la Policía peruana.
En rigor, se trata del uso indebido de armas menos letales, el uso de los policías de civil para infiltrarse en las marchas y hacer detenciones, la obstaculización del trabajo de defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento y agresión contra periodistas.
Unos tres millones de peruanos —principalmente jóvenes― salieron a las calles para exigir la salida de Merino, según estimaciones de consultoras privadas. Los muertos y heridos se produjeron en una multitudinaria marcha violentamente reprimida por la policía.
Jarab explicó al diario español que el equipo pretende no solo describir lo que pasó, sino ver “qué razones estructurales además de la crisis política contribuyeron a esa situación”, para hacer recomendaciones a las autoridades y garantizar que no se repita.
“En sus pronunciamientos públicos y en su presentación hacia nosotros la Policía Nacional sigue negando las violaciones de derechos humanos, sigue defendiendo su conducta. Desde nuestra perspectiva, para garantizar la no repetición se tiene que identificar lo que falló”, señaló el alto funcionario.
“Es super importante la investigación de la Fiscalía para determinar las responsabilidades de los perpetradores inmediatos y de sus superiores jerárquicos, pero también es urgente la dimensión de la verdad, la reparación y la no repetición: y esta no puede esperar hasta que se resuelvan los casos en la dimensión penal”, añadió.
Jan Jarab, cuyo equipo retorna a Chile este domingo 22 y emitirá sus conclusiones antes de fin de año, calificó el panorama peruano de preocupante y represivo, y condenó finalmente la persecución penal al abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez, detenido en una comisaría cuando pedía leer el acta de ciudadanos detenidos arbitrariamente.