Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

La noche del 31 de diciembre, mientras el país despedía el año, el entonces Gobierno de José Jerí alumbró el Decreto de Urgencia 010-2025, que encaminaba el desmantelamiento y privatización de Petroperú.

Días después, los principales acreedores internacionales de la petrolera estatal, que también son del Gobierno, fueron invitados a Lima para conocer de primera mano el alcance de la medida. La convocatoria se canalizó a través de la corporación bancaria multinacional Bank of America, que organizó la visita de un grupo de hasta 15 inversionistas de bonos.

PUEDES VER: TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

No era una delegación menor. Entre los asistentes figuraban representantes de BlackRock —el mayor administrador de activos del mundo, con cerca de 13 billones de dólares bajo gestión—, PIMCO, el mayor gestor global especializado en renta fija, y la administradora de fondos norteamericana Vanguard.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Entre los fondos presentes y otros tres representados se agrupa un alto porcentaje de los tenedores de bonos de Petroperú por US$3.000 millones. Para estos gestores que administran billones de dólares, más que la cifra, la señal es lo que cuenta.

PUEDES VER: Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

La delegación estuvo en Lima el 11 y 12 de febrero con una agenda que incluía reuniones con el Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, ProInversión, la Presidencia del Consejo de Ministros y la propia Petroperú. Nadie los recibió. Según una banquero de inversión, testigo del proceso, la secuencia comenzó a desarmarse por orden de Denisse Miralles, quien para ese entonces era ministra de Economía de Jerí y hoy jefa del Gabinente Ministerial del perulibrista José María Balcázar.

“La ministra Denisse Miralles ordena a Petroperú que no los reciban y así fue”, relata el testigo aunque la jefa de la PCM rechaza la afirmación. ProInversión, a cargo de la “reestructuración”, alegó que el plan no estaba listo.

En el análisis de Pedro Gamio, exdirector de Petroperú “es un equivocado manejo de la relación del Gobierno con las partes” cuando existe un contrato internacional. “Exhorto al Ministerio de Economía y al Gobierno a rectificar porque pueden traer problemas para el país, innecesariamente”, apuntó a este diario.

Primero se limitó la asistencia a un representante por fondo. Luego, cuando los bonistas ya estaban en el país, las reuniones se cancelaron en cascada. No hubo viceministro ni otro sustituto que reciban a las gestoras de fondos, preocupadas hoy por el dinero invertido en los bonos de la petrolera y el andar del decreto de urgencia, que según la calificadora de riesgo internacional Moody's debilita los activos de la petrolera.

PUEDES VER: Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

"La posible segmentación o transferencia de activos mediante estructuras bajo ProInversión, son negativas desde el punto de vista crediticio para Petroperú", afirmó la entidad.

Ese mismo día, 12 de febrero, el viceministro de Economía Gerardo López, hoy ministro de Economía, disertaba en un evento del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre la hoja de Ruta de Petroperú en el hotel Westin, donde curiosamente se alojaban los propios acreedores. Decía que “la previsibilidad y regularidad es vital para la toma de decisiones”. Al día siguiente, los inversionistas regresaron sin reunirse con las autoridades.

“Cuando viene BlackRock es porque hay una hay una verdadera preocupación, hay un verdadero interés en saber realmente qué es lo que está pasando en Perú con el decreto de urgencia”, menciona la fuente experta en finanzas.

Petroperú es un cuasi soberano, es decir el 100% de sus acciones pertenece al Estado. El MEF tiene el 60% y el Minem el 40%. Muchos de los fondos que poseen sus bonos también son tenedores relevantes de deuda soberana peruana. En conversaciones privadas recuerdan precedentes como cuando Venezuela cayó en default (incumplimiento de pagos) con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un contexto de insolvencia generalizada.

El Perú no está en esa situación, mantiene reservas internacionales elevadas y acceso a mercados. Los bonos se rigen por ley estadounidense. Si hay controversia, el escenario no será Lima, sino Nueva York, donde el juez leerá el contrato.

La visita de los acreedores coincidió con el estallido del “Chifagate” y el desgaste que derivó posteriormente en la caída de José Jerí. Para cuando los bonistas llegaron, el clima era de censura.

Hoy, con José María Balcázar en la presidencia interina y Denisse Miralles al frente de la PCM, el mercado observa señales sin respuestas. Balcázar había impulsado iniciativas para derogar el decreto de urgencia que privatiza Petroperú antes de asumir, pero ya en el cargo, se refugia en esperar opiniones técnicas.

Según apunta el exviceministro de Electricidad Jaime Luyo, durante 56 años, Petroperú no registró déficits. El deterioro se concentró en el último quinquenio, con la modernización de la Refinería de Talara. El punto de quiebre fue cuando se paralizó la vieja refinería en 2020 mientras se construía la nueva.

La empresa detuvo su principal fuente de caja y, simultáneamente, incrementó deuda para financiar la inversión. Al cierre de 2025, el ebitda (ganancia antes de impuestos e intereses) volvió a terreno positivo no visto desde 2021: US$13 millones. Es decir, Talara funciona.

PUEDES VER: Perú recibió en 2025 solo 3,4 millones de turistas y encadena seis años sin recuperar su nivel prepandemia

Salida para Petroperú: Reperfilar la deuda

Los bonistas no han planteado litigio inmediato, sino que han propuesto formalmente un reperfilamiento de la deuda. La hoja de términos fue entregada al MINEM, al MEF y a Petroperú en febrero de 2025 y refrendada posteriormente ante la ministra.

La idea es alargar plazos, redistribuir vencimientos al 2041 y estructurar un préstamo por alrededor de US$2.500 millones con aval del Estado.

El aval no sería para pagar intereses, sino para garantizar el principal a largo plazo. Se propone una estructura en la que en cinco años se paga una tasa reducida para aliviar caja y luego una tasa mayor que compense el riesgo.

A cambio, exigen reformas como un directorio blindado por ley por cinco años, similar al esquema del Banco Central de Reserva (BCR), gobernanza estable. “Un aval amarrado a condiciones de trabajo que permitan que Petroperú recupere caja y cumpla con metas de corto, mediano y largo plazo, pero necesitamos un directorio altamente especializado y una transparente comunicación con los bonistas internacionales”, afirma Gamio. Sin aval, las tasas podrían acercarse al 10%.

Los fondos si se sienten arrinconados tienen argumentos para demandar, que no recaerían en Petroperú, sino en el dueño: el Estado. Un litigio en Nueva York podría afectar la percepción soberana y encarecer el financiamiento del país.

Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, indicó en entrevista con este diario que cuando una empresa estatal enfrenta problemas de repago, puede haber riesgos reputacionales para el soberano (gobierno) y efectos en los costos de financiamiento.

Si el apoyo no se concreta, la empresa enfrentaría mayores tensiones de liquidez, atrasos con proveedores y eventualmente riesgos legales, que finalmente afectarían el riesgo país.

Según otra fuente financiera dentro del proceso, “Denisse Miralles se está comportando como Alan García (primer gobierno) cuando dejó de pagar al Fondo (Monetario Internacional)”. Frente a ese escenario, ven la posición de cambio (lo que dispone el BCRP de sus reservas internacionales) que alcanzan los US$67.000 millones.

Este diario consultó con la premier Miralles y desde su oficina de prensa señalaron que la reunión con los acreedores prevista para el 12 de febrero fue reprogramada con anticipación porque aún no se contaba con los planes de la reorganización. El 11 de febrero la entonces ministra de Economía se reunía en Roma con el papa León XIV.

Desde las filas de Miralles, indicaron que la nueva fecha se fijó para el 6 de marzo en formato virtual, establecido así desde la primera convocatoria, y que se programó un encuentro adicional el 16 de marzo para mantener el diálogo.

Dicha reprogramación nunca llegó y bastaba que se expongan las intenciones del decreto, apuntó el banquero de inversión a este diario. "Lo peor que puedes hacer cuando debes dinero es no dar la cara y peor que eso lo haga la ministra de economia. Podías decir no tengo el plan listo, pero esto es lo que queremos hacer", observó.

Cabe precisar que una deuda de US$3.000 millones en bonos emitidos en Nueva York, bajo contrato internacional, obligan a que cualquier decisión relevante considere necesariamente la posición de los bonistas, quienes no solo son acreedores de Petroperú, sino también inversionistas institucionales actuales y futuros de Petroperú y del Perú.

Incremento de precios de combustibles

En diferentes grifos del Perú se ha registrado un incremento de precios en los combustibles. A Talara llegó un buque para paliar el desabastecimiento, pero no hay dinero para la descarga.

Pedro Gamio dice que se percibe un incremento promedio de 1,3% por menor recurso del mercado y que “no se puede dejar quebrar a Petroperú, que hoy tiene problema de caja”, apuntó. Además, el gobierno no debe permitir el desabastecimiento.

A fin de 2025, la petrolera empezó a dar utilidades, “pero necesita un universo de tiempo mayor para que sus ganancias no sean ahogadas por sus deudas”, apuntó Gamio.