
El inminente aumento de la tarifa del agua potable en Lima y Callao, previsto inicialmente para febrero y ahora postergado para junio, motivó a que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso convoque a las autoridades involucradas como el Ministerio de Vivienda, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para evaluar el impacto que tendría el ajuste en el bolsillo de las familias.
Según explicó Mauro Orlando Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass, los cálculos del regulador indican que el incremento máximo en la tarifa debería ubicarse entre 5% y 6%, y no en los “porcentajes altos” planteados por Sedapal, que propone un aumento cercano al 12%, equivalente a un promedio de S/ 7,7 mensuales para los usuarios domésticos. Este mayor ajuste representaría una carga adicional directa sobre el presupuesto de miles de hogares, especialmente los de menores ingresos.
"Cada punto porcentual adicional en la tasa de ganancia tiene un impacto multiplicador en la tarifa final", señaló el funcionario. En ese sentido, explicó que la rentabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) como Sedapal pasó de 4,22% a 5,78%, lo que implicaría mayores ingresos anuales. “Sedapal cada año tiene más utilidades y cuenta con la tercera tarifa media más alta de América Latina”, sostuvo.
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Presidente de Sunass sostiene que Sedapal cada año tiene más utilidades y cuenta con la tercera tarifa media más alta de América Latina. Foto: Congreso
Sin embargo, el gerente general de Sedapal, Humberto Reyes Rocha contradijo esa versión sobre las utilidades de la empresa y señaló que más bien tienen una caja negativa de menos S/500 millones. "Ahí están los estados financieros", afirmó.
El presidente de Sunass precisó que el pedido de Sedapal para un nuevo incremento en la tarifa del agua potable se encuentra actualmente en evaluación y que el regulador no puede adelantar una decisión sobre este recurso presentado por la empresa, debido a que su mandato se limitó al rebalanceo tarifario culminado en diciembre de 2025.
"Es un recurso que está en evaluación en Sunass (...) Nuestro papel es identificar que los reconocimientos de los costos sean eficientes. Una de las cuestiones que sí hemos solicitado es que se revise el Decreto Legislativo N° 1620 (aprobado en 2023), debido a que ahora el regulador ya no tiene las competencias que antes tenía, como determinar la tasa de ganancia; ahora se hace externamente", indicó en declaraciones a la prensa.
En otro momento de la sesión, Sedapal presentó su plan de inversiones para los próximos años, el cual sería financiado con los recursos obtenidos del reajuste tarifario de alrededor de S/400 millones.
Katy Ugarte, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, afirmó que no resulta razonable promover incrementos tarifarios cuando persisten serias deficiencias en la cobertura del servicio de agua potable. Foto: La República
Entre sus próximos proyectos, destacó la construcción de la Planta 3 de tratamiento de agua potable y la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Ventanilla, que en conjunto representan una inversión cercana a S/1.000 millones. Según precisaron, estas iniciativas buscan asegurar la sostenibilidad del servicio, fortalecer la infraestructura existente y ampliar la capacidad operativa frente al crecimiento demográfico.
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Por su parte, Katy Ugarte Mamani, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, hizo énfasis en las deficiencias en continuidad y cobertura del servicio de agua potable a los usuarios. Congresistas como Wilson Soto, Rosangella Barbarán, Miguel Ángel Ciccia y Carlos Zeballos calificaron como una falta de respeto la ausencia del presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando Concha y del ministro de Vivienda Wilder Sifuentes, pese a haber sido formalmente invitados. Además cuestionaron el impacto económico en el incremento en los usuarios, sobre todo, en los sectores más vulnerables.
Recordemos que la regulación tarifaria en el Perú está a cargo de la Sunass. Sin embargo, el esquema regulatorio del Decreto Legislativo N° 1620 cambió en 2023, tras una disposición del Ministerio de Vivienda.
Finalmente, la presidenta del grupo parlamentario en cuestión, Katy Ugarte, pidió que se esclarezca si existirá el incremento al usuario o seguirán en reajustes tarifarios, ya que señaló que parece no haber acuerdos. Por último, resaltó la importancia de seguir el marco normativo, y la importancia de la calidad de agua que se le brinda al usuario.





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