Juan Sheput plantea reducir la informalidad laboral impulsando la productividad de las MYPE y el empleo juvenil

La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos para la economía peruana. En ese escenario, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, planteó una estrategia que busca reducir este problema impulsando la productividad de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y acercando el debate sobre la formalización a los jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral. La propuesta se presenta en momentos en que más del 70% de la población ocupada continúa trabajando fuera del sistema formal, según cifras oficiales.

Durante una entrevista en Best TV, Sheput sostuvo que está dispuesto a acudir a universidades para explicar la importancia de acceder a un empleo formal desde el inicio de la vida laboral. A su juicio, la formalidad no solo implica cumplir con obligaciones administrativas, sino acceder a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, seguro de salud y una futura pensión.

El ministro también afirmó que la reducción de la informalidad requiere fortalecer a las MYPE mediante una mejora de su productividad y una disminución de los costos que dificultan su crecimiento. Entre esos factores mencionó la inseguridad ciudadana y las extorsiones, que obligan a numerosos pequeños negocios a destinar recursos adicionales para proteger sus operaciones.

No obstante, la propuesta abre nuevamente el debate sobre cuáles son los principales obstáculos que impiden que más empresas y trabajadores ingresen a la formalidad.

Para el abogado laboralista César Puntriano, el país ya cuenta con un régimen laboral especial para las micro y pequeñas empresas que reduce significativamente los costos de contratación respecto del régimen general, pero ello no ha sido suficiente para revertir los altos niveles de informalidad.

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"Ya tenemos un marco laboral menos costoso para las micro y pequeñas empresas (...). Sin embargo, este régimen no ha tenido el éxito esperado y eso lo demuestran los altos índices de informalidad, que están por encima del 70%", señaló a La República.

El abogado considera que el problema no se limita a las normas laborales. A su juicio, la formalización requiere una estrategia integral que también abarque aspectos tributarios, administrativos y de seguridad ciudadana.

"El problema no es solo laboral (...). Tiene que ir de la mano con otros aspectos: el tema tributario, la operación de Sunafil, las licencias municipales, los trámites y, por supuesto, la seguridad. Todo eso desincentiva la inversión formal", afirmó.

Ese análisis coincide parcialmente con el diagnóstico planteado por el propio ministro respecto al impacto que tiene la delincuencia sobre las MYPE, aunque amplía el foco hacia otros factores que también afectan la competitividad empresarial.

Jóvenes y mercado laboral

Uno de los puntos centrales de la propuesta del MTPE es el empleo juvenil. Sheput sostiene que el Estado debe promover una cultura de la formalidad entre quienes ingresan por primera vez al mercado laboral para que comprendan la importancia del ahorro previsional y de los beneficios laborales.

Puntriano coincide en que el empleo juvenil merece un tratamiento específico, aunque considera que las políticas deberían ir más allá de campañas informativas.

El abogado recordó que el país mantiene alrededor de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, situación que, según señaló, incrementa los riesgos de exclusión y delincuencia. En ese contexto, planteó volver a debatir un régimen laboral juvenil similar al aprobado en 2014, conocido como la Ley Pulpín, aunque acompañado de una mejor estrategia de comunicación y mayores garantías para los trabajadores.

Salario mínimo bajo discusión

Durante la entrevista, Sheput también confirmó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 constituye una meta del Ejecutivo y precisó que su discusión se desarrollará conforme a ley en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Sin embargo, este anuncio también genera interrogantes respecto a su impacto sobre las empresas de menor tamaño.

Para Puntriano existe una aparente contradicción entre la intención de fortalecer a las MYPE y elevar el salario mínimo en un contexto donde muchas aún enfrentan dificultades para operar.

"Por un lado se dice que se va a fortalecer a las MYPE (...) y por otro lado se aumenta el salario mínimo. Eso golpea directamente a la microempresa", sostuvo.

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Asimismo, sostuvo que cualquier incremento de la remuneración mínima debería sustentarse en criterios objetivos vinculados con la inflación y la productividad, tal como contempla el marco vigente. "No debería ser solamente para que la gente se contente, porque el costo es mayor al beneficio; entonces hay que analizarlo bien", afirmó.

El reto de una reforma integral

Respecto a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, Puntriano consideró que cualquier reforma laboral debería enfocarse en ampliar la formalización sin afectar los derechos de quienes ya cuentan con empleo formal.

"Hay que pensar en los que no tienen. Esos que tienen cero, aunque sea darles una parte", señaló al referirse a la posibilidad de crear regímenes especiales dirigidos a trabajadores informales, pero sin reducir los beneficios de quienes ya los poseen.

Mientras el Ejecutivo plantea que la productividad de las MYPE y el empleo juvenil serán los ejes para reducir la informalidad, el debate también incorpora la necesidad de abordar problemas estructurales como la inseguridad, la carga administrativa, la fiscalización y el acceso al financiamiento. El resultado de esa discusión marcará el alcance que puedan tener las futuras reformas laborales en un país donde la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos para el crecimiento económico y el mercado de trabajo.