El último miércoles, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República aprobó –por unanimidad– el dictamen que busca una nueva ley del teletrabajo.
De esta manera, todo quedó listo para que este tema pueda ser discutido en el Pleno.
El texto que obtuvo luz verde establece –entre otras disposiciones– que las empresas privadas sean las encargadas de proveer los equipos tecnológicos, el acceso de internet y el consumo de energía que requieren los teletrabajadores para realizar sus actividades.
No obstante, a pedido de la congresista Adriana Tudela de Avanza País, refrendado por la mayoría de la comisión, se incluyó que esta disposición podría no acatarse si se llega a un pacto entre las partes. “Debemos dejar la opción abierta, cierta flexibilidad para que tanto el empleador como el trabajador puedan ‘pactar en contrario’, de acuerdo a cada situación en particular”, sustentó.
Al respecto, el abogado laboralista Ricardo Herrera indicó que ello ya no obliga a las empresas, como sí lo establece la actual ley del teletrabajo.
Asimismo, explicó que, de aprobarse en el Pleno, las empresas tendrían que contratar con una cláusula que precise que el empleador no asume los costos adicionales como internet, luz, entre otros.
Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de un oficio, señaló que la referencia a que puede existir “pacto en contrario” se da como una excepción; no obstante, “en la práctica podría convertirse en una ventana de oportunidad para acciones arbitrarias que la impongan”.
Es importante recordar que con la llegada de la pandemia se creó la figura del “trabajo remoto”, mecanismo diferente al “teletrabajo” que no obliga a empresas a asumir gastos. En el 2020, el MTPE evaluaba realizar ajustes, pero no se llegó a concretar.
Además, en mayo del 2021, el Pleno aprobó una ley del teletrabajo, pero el gobierno de Francisco Sagasti la observó.
Detalles. En el sector público, la provisión de equipos dependerá de la disponibilidad de la entidad.
Excepción. En el caso de los empleadores de la micro y pequeña empresa inscritos en el Remype, la provisión de equipos no es obligatoria, salvo acuerdo expreso en contrario.