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Temporal. En tanto, mientras dure la sanción, la UGEL Sullana se encuentra al frente de la especialista Gloria Martínez Gonzales.

Piura. entre los puntos a tratar en esta mesa de diálogo está el de abuso de autoridad que ejerce algunos directores en las Unidades de Gestión Educativa Local.

Primera etapa. Maestros rendirán prueba escrita para subir de escala y mejorar sueldos. Ganarán entre 2.420 y 4.180 soles

El docente amenazó con una huelga indefinida en caso no se obtengan resultados positivos. Dijo que la medida de lucha será en noviembre.

Por protestas sociales. Estudiantes de colegios Liceo Trujillo y José Carlos Mariátegui de Pataz, en La Libertad; San Antonio de Piura; Renán Elías Olivera de Chiclayo; María Auxiliadora de Arequipa; Albert Einstein de Cajamarca y Saco Oliveros de Lima pasaron el control migratorio.

Los maestros tendrán más oportunidades para llegar a acceder a cargos de mayor responsabilidad en la región.

El decano de los profesores explicó que hasta el momento el Gobierno Central no ha empezado el procedimiento de hacer que el 6% del PBI sea invertido en el sector Educación.

Como se recuerda, mediante un informe de auditoría, el Órgano de Control Institucional del GRL determinó que hubo un exceso en las bonificaciones efectuadas a servidores de la UGEL

En Primaria. Afectados han sido aislados para evitar que contagien a sus compañeros.

Se busca que las actividades escolares no se aplacen más de la cuenta y perjudique a los estudiantes.

El funcionario regional de Control, Joan Ramírez Merino, lamentó que se haya tenido un perjuicio económico de más 10 millores de soles.

La jefa del ente administrativo manifestó que solicitarán la información para emitir las sanciones respectivas a los funcionarios y presentarán un informe sobre las acciones realizadas.

La funcionaria fue suspendida de su cargo durante 12 meses por haber organizado talleres y capacitaciones fantasmas en diciembre de 2017.

Sostuvo que la DREP no ha tomado en cuenta las pruebas que demuestran su inocencia, por lo que apelará la sanción y acudirá a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Se desarrollará una rápida evaluación para agilizar los procesos que están detenidos y merecen ser atendidos para la investigación de los casos de corrupción.

Concurso Crea y Emprende, promovido por el Minedu, fue el lugar propcio para que los alumnos eleven sus pedidos a las autoridades locales y regionales.

Preocupante. Durante el 2015 y 2016, en la UGEL Morropón se habría generado un perjuicio de S/1ʼ772,176. Docentes habrían recibido doble sueldo y se hicieron pagos sin sustento legal.

Los fiscales a cargo presentarán medios probatorios y solicitarán condenas entre seis y diez años de pena privativa de la libertad.

“Expulsión no es la solución”, dice Drelm. Tras maltrato de escolares a docente del colegio Dora Mayer, del Callao, Minedu anuncia contratación de trabajadores sociales y psicólogos.

En su momento, el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo resolvió suspender los acuerdos regionales que permitían la interpelación a la funcionaria, por lo que los consejeros de oposición decidieron apelar dicho fallo.

Criterio. Julio Hidalgo solicitó a gobernador regional la remoción de Darío Balcázar y Ciro Gálvez por “incompetente labor”. Y exigió iniciar proceso disciplinario a Lucio Chumán antes del 25 de agosto.

Entre los 40 casos de denuncias por corrupción que busca resolver la comisión del Ministerio de Educación, están incluidas las Unidades de Gestión Educativa de Piura y Morropón, donde se estima un perjuicio de dinero millonario y correrían el peligro de prescribir.

Se ha evidenciado el desvío de más de 12 millones de soles en las UGEL de Paita, Talara, Sullana, Morropón, Chulucanas, Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca; donde se encuentran involucrados ex directores, funcionarios y servidores.

Cevallos manifiesta que se ha corroborado el mal manejo de los recursos del Estado por parte de los malos funcionarios y se les está robando a los escolares el derecho de una educación de calidad.

Riesgo. Situación permitiría que personal con sentencia condenatoria en delitos de terrorismo, violación a la libertad sexual y tráfico de drogas, reingresen a la función pública o privada en sector Educación.