Colegio de Abogados de Lima exige justicia por la muerte de menor en comisaría de Manchay: “Merece una exhaustiva investigación”
El gremio, representado por Delia Espinoza, alertó sobre posibles deficiencias en el respeto a los derechos humanos y exhortó a la Fiscalía a realizar una investigación rigurosa y transparente.
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El Colegio de Abogados de Lima (CAL) condenó la trágica muerte de un adolescente de 17 años en la carceleta de la Comisaría de Manchay, en Pachacámac, y exhortó a que la Fiscalía de Derechos Humanos asuma una “exhaustiva investigación” para esclarecer las causas de su deceso tras ser intervenido por las autoridades el último sábado 13 de junio.
El gremio consideró que las denuncias de la familia de la víctima sobre presuntos maltratos físicos, señales de violencia y una supuesta extorsión económica por parte de efectivos policiales “evidencian deficiencias en el respeto a los derechos humanos” que merecen ser aclaradas en un proceso con total transparencia y rigurosidad.
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Exigen una investigación rigurosa
Según el resultado del certificado de necropsia, el menor perdió la vida por “asfixia mecánica por ahorcamiento”; sin embargo, esta versión fue rechazada por el padre del joven, Javier Cubas, quien afirmó que su hijo habría sido víctima de maltratos mientras permanecía bajo custodia policial.
Para el CAL, a partir de este punto resulta importante realizar una investigación exhaustiva que establezca las condiciones de detención y las presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes que habría sufrido el adolescente por parte de efectivos de la Policía Nacional (PNP).
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Posibles deficiencias por investigar
La asociación también recordó que, en el caso de los adolescentes infractores, existen derechos fundamentales que deben considerarse cuando son intervenidos. Uno es el debido proceso, que establece que todo menor de edad debe ser informado sobre sus derechos y asistido por un abogado desde el momento de su detención, además de ser ubicado en ambientes adecuados, distintos a los de los adultos.
Otro principio clave es que los menores de 18 años no son imputables penalmente bajo el sistema ordinario y sus procesos deben ser reconducidos bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337). Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia 2/2026, que declaró la inconstitucionalidad de la ley que pretendía criminalizar a los adolescentes de 16 y 17 años al tratarlos como adultos.
La investigación del caso será la que determine finalmente si las autoridades respetaron estos fundamentos. El CAL aseguró que se mantendrá atento y vigilante al seguimiento del proceso de este y otros casos graves de vulneración de derechos humanos, como parte de su compromiso en representación de la justicia y de la sociedad civil 'cuando el poder se ejerce de manera abusiva y arbitraria'.
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