Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

Luis Isael Rubio Idrogo presentó su renuncia irrevocable a la candidatura para la alcaldía provincial de Lima Metropolitana por Renovación Popular Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En la misma lista electoral, el líder de la agrupación, Rafael López Aliaga, figura como postulante al cargo de primer regidor y teniente alcalde.

Su renuncia se formalizó mediante un oficio presentado este 4 de agosto ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. En el documento, Rubio señala que toma la decisión por "razones estrictamente personales", a pesar de que su candidatura ya había sido admitida por la autoridad electoral el pasado 26 de julio.

El documento —firmado por Rubio y presentado en 4 folios— se ampara en la Ley de Elecciones Municipales y pide la certificación de su firma ante el Secretario General del JEE para validar su salida formal del proceso electoral.

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La renuncia de Rubio era previsible. A solo un día de que venza el plazo límite, 5 de agosto, el candidato dimitió “por motivos personales”. Sin embargo, su renuncia le deja el camino libre a López Aliaga, quien asumiría automáticamente la alcaldía por ser el primer regidor de la lista, en caso ganara las elecciones.

En diálogo con La República, el abogado experto en derecho electoral y constitucional, Kevin Advíncula, detalló el procedimiento y las implicancias jurídicas de la presentación de renuncia de un candidato al sillón municipal.

El especialista precisó que la sola presentación del documento por motivos personales no cierra el caso de inmediato. Aunque cumple con los requisitos formales y materiales, corresponde que el JEE emita un pronunciamiento. "La declaración de motivo en el escrito de renuncia es la justificación formal, pero no limita por sí sola la competencia del JEE para realizar el control de legalidad material", señaló Advíncula.

Aunque la renuncia no ha sido decidida por el JEE, si se aceptara, sería pasible de ser impugnada ante el pleno del JNE, que deberá tomar una decisión de acuerdo con la Constitución y determinar "si hay un vicio desde origen y si las normas han sido instrumentalizadas", señaló el experto.

La lista se mantiene en carrera

Respecto a si la salida del titular pone en riesgo la participación del partido, el abogado aclaró que la renuncia a la cabeza de la fórmula “no acarrea por sí sola la nulidad de la inscripción”. En esa línea, agregó que “el sistema electoral municipal opera bajo la lógica de una sucesión dentro de la propia lista". Por ello, si se admite dentro del plazo, el orden se reacomoda y “quien ocupa el primer lugar de regidores pasa a ser en los hechos el candidato remanente".

Sobre la legitimidad de que López Aliaga asuma el sillón municipal y su posible conflicto con la prohibición de la reelección inmediata, Advíncula indicó que, aunque la figura de postular a un cargo distinto es defendible en el papel, existe un riesgo jurídico.

"El JEE y el JNE tienen bases normativas suficientes para determinar si existen indicios objetivos de que la candidatura fue instrumentalizada para luego ceder el paso al primer regidor", explicó. Además, adviritó que de no evaluarse de fondo, se "estaría produciéndose una reelección encubierta".

El especialista también indicó que este caso pone en evidencia la necesidad de una reforma normativa integral en el país. "El sistema electoral peruano está disperso en cerca de 48 reglamentos y no en un código electoral sistematizado; eso hace que muchas veces se hagan parches y existan deficiencias", manifestó Advíncula. Y agregó que este tipo de maniobras buscan "ciertos vacíos legales para transgredir la Constitución y la ley, generando un fraude al ciudadano".

“Por supuesto existen vacíos, no solamente en este tipo de hechos... Existen temas que son sensibles que deberían verse con urgencia para que no exista el fraude al ciudadano. Porque lo que se está haciendo con esto es prácticamente buscando ciertos vacíos para transgredir con lo que dice la Constitución y la ley, generando un fraude al ciudadano”.

"Un acto írrito y nula legitimidad"

Por su parte, el abogado experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, cuestionó la validez de todo el proceso, así como el rol de las autoridades electorales al permitir que López Aliaga integre la fórmula municipal manteniendo su condición de parlamentario electo.

En conversación con La República, Jáuregui señaló que el caso va más allá de un trámite administrativo y abre la puerta a reclamos legales más severos. "Esto podría acarrear un pedido de nulidad de la elección. El señor Rafael López no está habilitado constitucionalmente para participar en esta elección", sostuvo.

Según el especialista, el Jurado Nacional de Elecciones fue más allá de sus competencias al avalar la situación de López Aliaga. "El JNE ha ido más allá de sus capacidades legales, es absolutamente írita y carente de fundamento jurídico la decisión que tomaron. Una vez producida una elección, el JNE no tiene capacidad legal para decidir quiénes reciben credenciales o mover listas", agregó.

Jáuregui mencionó que, si López Aliaga llega al sillón municipal tras la renuncia del titular, carecerá por completo de respaldo ciudadano directo para el cargo. "¿Qué nivel de legitimidad tendría un alcalde que llega únicamente por sucesión? Ninguna, carece absolutamente de legitimidad". A su juicio, este tipo de maniobras reflejan una afán de poder donde la legitimidad ciudadana pasa a segundo plano.

"A liderazgos como estos les importa muy poco la legitimidad o lo que la gente piense. Hacen todo lo que tienen que hacer, se alían con quien tienen que aliarse para llegar al cargo, pagar los intereses, pagar con dinero público, pagar con beneficios a quienes los apoyaron y punto, y el sistema circula", señaló Jáuregui.

El especialista también advirtió que el caso de Lima Metropolitana es el reflejo de un deterioro profundo del sistema político e institucional en el país. "Lo que estamos viendo en estas elecciones generales y municipales de 2026 es el fin de la fe en que la democracia liberal pueda funcionar".

Jáuregui consideró que este tipo de estrategias dejan en evidencia una degradación de las reglas de juego democráticas y el aprovechamiento de tecnisismos legales para evadir la prohibición de la reelección. “Se utilizan vacíos y normas para transgredir el espíritu de la Constitución, afectando directamente la representación ciudadana", mencionó para el medio.