Mujeres con discapacidad siguen invisibilizadas pese a ser mayoría en Perú: advierten subregistro en Conadis

En el Perú, la discapacidad tiene rostro de mujer. Según datos del Censo Nacional 2017, más de 1,8 millones de mujeres viven con algún tipo de discapacidad, cifra que supera en más de 430.000 casos a la población masculina. Sin embargo, esta mayoría no se refleja en las políticas públicas ni en los registros oficiales, lo que profundiza las brechas de acceso a derechos y servicios básicos.

Hasta abril de 2026, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) registra 625.060 personas con carnet de discapacidad. De ellas, 365.001 son hombres y 260.059 mujeres, pese a que la población femenina con discapacidad es mayor en el país.

Para Sol Ponce, abogada e investigadora de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), esta situación evidencia la falta de un enfoque integral en la atención estatal.

“Las mujeres con discapacidad enfrentan diferentes tipos de vulnerabilidades por razón de género y condición social. Se requiere aplicar un enfoque interseccional que permita analizar el problema desde distintos factores y, en base a ello, arribar a soluciones reales”, sostuvo en diálogo con La República.

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Riesgos por subregistro oficial de discapacidad

La especialista también advirtió que el subregistro dificulta una correcta planificación de servicios públicos. “Si el Estado planifica servicios para una población menor a la real, los recursos serán insuficientes y los problemas persistirán”, indicó.

En la misma línea, Jainor Avellaneda, docente e investigador de la UCSS, señaló que las mujeres con discapacidad enfrentan mayores obstáculos. “El registro es menor en la población femenina porque enfrentan mayores barreras para ser reconocidas oficialmente. Atraviesan situaciones de vulnerabilidad derivadas de la combinación interseccional de factores estructurales y de género”, explicó.

El especialista añadió que entre estas barreras se encuentran “la discriminación por género, la pobreza, la dependencia y los problemas de accesibilidad, tanto geográfica como digital”.

Barreras en salud sexual y reproductiva

Las dificultades también alcanzan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Según Ponce, muchas mujeres con discapacidad encuentran obstáculos para acceder a atención ginecológica, métodos anticonceptivos o información accesible sobre planificación familiar.

“Muchas veces no se brindan ajustes razonables. Hay mujeres sordas que deben acudir acompañadas por un familiar porque el establecimiento no cuenta con intérpretes de lengua de señas. Eso vulnera su privacidad y confidencialidad”, cuestionó.

La investigadora afirmó que aún persisten prejuicios contra esta población. “Existe infantilización hacia las mujeres con discapacidad. Algunas personas consideran que no pueden ejercer la maternidad o tomar decisiones sobre su vida sexual”, explicó.

Además, indicó que las barreras comienzan incluso antes de llegar a una institución pública. “El simple hecho de salir de casa ya es complicado. No todos los distritos tienen rampas adecuadas o señales podotáctiles para personas con discapacidad visual”, detalló.

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Autonomía y políticas del Estado

Frente a este panorama, la investigadora consideró urgente incluir directamente a las personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas. “No se puede pensar por ellas ni tomar decisiones sin consultarlas. Es necesario establecer mesas de diálogo para conocer las barreras que enfrentan y construir soluciones reales”, manifestó.

Asimismo, pidió fortalecer la fiscalización a las instituciones que incumplen medidas de accesibilidad y promover mayor sensibilización entre funcionarios públicos sobre los distintos tipos de discapacidad y formas adecuadas de atención.

“La accesibilidad no es un favor. Es una condición básica para que las personas con discapacidad puedan vivir plenamente en sociedad”, concluyó.

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