Caen Los Elegantes de Lima: acusan a trabajadores del Poder Judicial, Sunarp y más entidades de traficar terrenos
La red criminal, compuesta por empleados de entidades estatales, falsificaba documentos para asumir el control de propiedades, perjudicando a comerciantes que ignoraban la legalidad de los alquileres.
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Un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada permitió la detención de 10 presuntos integrantes de la banda denominada ‘Los Elegantes de Lima’, acusada de ocupar ilegalmente inmuebles y alquilarlos a comerciantes en el Cercado de Lima. Algunos de los predios intervenidos habrían permanecido bajo control de la red por más de una década.
De acuerdo con la investigación fiscal, la presunta organización estaba compuesta por trabajadores de entidades del Estado como el Archivo General de la Nación, Registros Públicos (Sunarp), Poder Judicial, notarías públicas e incluso entidades proveedoras de servicios. Los investigados identificaban terrenos, galerías o inmuebles desocupados, elaboraban documentación falsa y luego inscribían dichos bienes a nombre de sus integrantes. Posteriormente, los espacios eran ofrecidos en alquiler a comerciantes, quienes en muchos casos desconocían que los supuestos propietarios no tenían derechos legales sobre los predios.
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¿Cómo operaban Los Elegantes de Lima?
Según la tesis de las autoridades, la red criminal ubicaba inmuebles aparentemente abandonados o con bajo movimiento de servicios básicos. Para ello, habría contado con apoyo de funcionarios y trabajadores de entidades públicas, quienes facilitaban información clave para seleccionar los predios.
Una vez identificados los inmuebles, la organización presuntamente falsificaba escrituras públicas, poderes notariales, ventas, cesiones o donaciones. Estos documentos eran usados para simular transferencias legales y lograr el control de las propiedades.
La investigación también apunta a la participación de operadores vinculados a instituciones públicas. Entre ellos, un abogado conocido como ‘Pedro’, una servidora de Sunarp, un especialista legal del Poder Judicial identificado como ‘José’ y un funcionario del Archivo General de la Nación señalado como ‘Raúl’, quienes habrían intervenido en la elaboración, inscripción o validación de documentos fraudulentos. Ello, con el fin de ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas de los inmuebles valorizados en más de US$25 millones.
Cabe precisar que desde Sunarp aseguraron que están atentos al avance de las investigaciones por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público para emitir un pronunciamiento al respecto.
Comerciantes pagaban hasta S/600 mensuales
Como parte de las diligencias, se incautaron inmuebles con desposesión en ocho distritos, entre ellos una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Beneficencia de Lima.
Durante la intervención, decenas de comerciantes tuvieron que retirar su mercadería de los locales ocupados. Según la información preliminar, varios pagaban alquileres mensuales de entre S/500 y S/600 a personas identificadas solo por apodos, como ‘El Chato’ o ‘El Gordo’.
En una de las galerías intervenidas se contabilizaron entre 30 y 35 puestos en el primer piso, mientras que el total de stands en los tres niveles podría llegar a 200 espacios comerciales. Algunos arrendatarios señalaron que llevaban más de 10 años pagando por esos locales.
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Investigación
El operativo, liderado por el fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia junto a 29 fiscales de crimen organizado, se ejecutó de manera simultánea en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad, en coordinación con efectivos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional del Perú.
A ‘Los Elegantes de Lima’ se les atribuyen presuntos delitos de usurpación, falsificación de documentos, cohecho pasivo propio y sicariato. Las investigaciones también vinculan a la organización con dos asesinatos registrados en 2024, relacionados con disputas internas y el control de inmuebles obtenidos de forma fraudulenta.
Los predios recuperados serán puestos a disposición de la Beneficencia de Lima, conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público. En tanto, las diligencias continúan en otras zonas del país, como Lambayeque y Ayacucho, donde la organización habría replicado la misma modalidad delictiva.
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