Liberan a sujeto acusado de instalar cámara oculta en baño de restaurante en el Callao, pese a evidencias
El fiscal Gabriel Arrospide dejó libre a Martín Rojas, administrador del negocio, pese a que no se habrían realizado las pesquisas necesarias, según denuncian las afectadas, quienes temen que el caso ahora quede impune.
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Un hombre acusado de colocar una cámara en el baño de un restaurante fue liberado por las autoridades en el Callao. El sujeto, identificado como Martín Rojas Jurado, habría instalado el aparato tecnológico en el mismo espacio donde las trabajadoras de la cevichería que administra se cambiaban la ropa.
Pese a que las mujeres denunciaron el hecho y expusieron un video en el que se apreciaría a Rojas acomodando el dispositivo en los servicios higiénicos, la Fiscalía ordenó la liberación del implicado, lo que generó la indignación y preocupación de las afectadas, quienes temen que el caso ahora sea archivado.
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Grave denuncia contra empleador
Las denunciantes relataron que usualmente usaban los servicios para cambiarse sus prendas e iniciar sus labores. Sin embargo, se percataron de que el administrador del negocio las direccionaba a usar una determinada cabina. “Él salía y me decía: entra al baño a cambiarte. Me señalaba a que baño ingresar, esto ya lo hacía de manera seguida”, contó una de las empleadas a ATV Noticias.
Ante las sospechas que desató este accionar, una de ellas ingresó al espacio y se llevó una ingrata sorpresa al descubrir que, debajo del lavadero de manos, se hallaba una cámara de tamaño reducido. Al revisar el material que contenía, también observaron que la persona que lo habría colocado sería Rojas Jurado.
Cuestionan que lo dejen libre
Las trabajadoras denunciaron el hecho ante la comisaría de La Punta (Callao) por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de violación a la intimidad. En respuesta, efectivos detuvieron en flagrancia al implicado. Sin embargo, la medida no duró mucho ya que el hombre quedó en libertad el 17 de abril.
La liberación del acusado fue ordenada por el fiscal Gabriel Arrospide Ochoa, de la Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva del Callao, pese a que no se habrían realizado las pesquisas necesarias, según denuncian las afectadas. Las mujeres han presentado una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pues temen que el caso se archive y quede en la impunidad.
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