Exministra de Vivienda frente a las fuertes lluvias en Perú, que van dejando 12 muertos en 2026: "Las autoridades lo han permitido"

Las intensas lluvias que se registran en diversas regiones del Perú hasta el momento han dejado 12 personas fallecidas, 778 damnificados, 4.732 afectados, 21 casas destruidas y 333 inhabitables, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Viviendas colapsadas, vías destruidas, colegios afectados y familias que lo han perdido todo vuelven a evidenciar una realidad que se repite cada año durante la temporada de precipitaciones. Sin embargo, para la exministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, esta tragedia no puede atribuirse únicamente a factores climáticos.

La exfuncionaria advirtió que en el país el problema no es la lluvia, sino la forma en la que las autoridades gestionan el riesgo. Según explicó, mucha de la responsabilidad de prevención y actuación durante la catástrofe le corresponde a las municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales.

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Dificultad de coordinación y fiscalización

En ese sentido, consideró que la responsabilidad está dividida o fragmentada por niveles, lo que ocasiona que sea muy difícil poder coordinar e incluso fiscalizar que se realicen las medidas necesarias.

“Lluvias sabemos que hay, el problema es que muchas veces nos instalamos en zonas de riesgo no mitigables. Permitimos las autoridades, sobre todo ediles, que la población se asiente en cauces de huaicos, en laderas inestables, en riveras de ríos”, sostuvo.

Asentamientos informales

Pérez de Cuéllar cuestionó que, pese a saber que las quebradas se activan todos los años, las autoridades han permitido a lo largo del tiempo que la población se instale en lugares peligrosos, para ganar rédito político como para cobrar arbitrios tras entregarles una constancia de posición, que es diferente a un título de propiedad.

A ello, agregó el problema del tráfico de terrenos y señaló que el cambio climático va a agudizar el Fenómeno del Niño, que destapa la falta de planificación cada cinco años.  

“Las cuencas ciegas en Piura son zonas que no debieron ser ocupadas por personas. Incluso en el caso de Piura han invadido lo que antes era una laguna y han rellenado esa laguna. Llueve y todo se convierte en una fosa. Como esas zonas son invasiones, asentamientos humanos que tienen silos. Todas las comienzan a salir”, indicó.

Baja ejecución y personal no capacitado

El Estado peruano cuenta con el Programa 0068, que tiene un presupuesto anual para ejecutar obras de prevención y mitigación, que lo genera el propio municipio o gobierno regional. Sin embargo, la exministra considera que el dinero no se usa, se usa mal o se gestiona recién cuando ocurre el desastre, debido a que elaborar proyectos como un muro de contención no genera tanta popularidad como construir un colegio.

Sumado a ello, señaló que muchas veces el personal técnico de los municipios no está necesariamente capacitado en prevención, por lo que la visión es más política en las obras.

Obras a priorizarse

Pérez de Cuéllar remarcó que la prevención requiere una planificación de alcance nacional, liderada desde la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con un plan integral de obras de gran envergadura y no solo presupuestos aislados.

Entre las intervenciones urgentes, mencionó la descolmatación de ríos como La Leche, en Lambayeque, el río Piura y varios afluentes de la selva, donde indicó que los trabajos son más complejos debido a su geografía. Si bien estas obras pueden ejecutarse en alianza con los gobiernos regionales, advirtió que la planificación no puede depender únicamente del Gobierno Central, pues se trata de cuencas que atraviesan varias jurisdicciones y requieren una visión suprarregional.

La exministra también propuso establecer “candados” al Programa Presupuestal 0068, de modo que sus recursos solo puedan destinarse a prevención, mitigación o respuesta inmediata ante emergencias. Planteó que, si entre enero y agosto no se ejecutan esos fondos, estos regresen automáticamente al Tesoro Público, como una medida coercitiva para obligar a los gobiernos subnacionales a cumplir con sus responsabilidades. A su juicio, las obras deben realizarse apenas termine la temporada de lluvias y antes del siguiente periodo, entre marzo y septiembre.

Asimismo, consideró indispensable fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios públicos mediante una carrera especializada en gestión del riesgo de desastres, así como reforzar los sistemas de alerta temprana. Advirtió que, aunque hoy el foco está en las lluvias, el país tampoco está preparado para un eventual sismo de gran magnitud, lo que podría derivar en una catástrofe aún mayor.

Pérez de Cuéllar también insistió en la necesidad de una ley de ordenamiento territorial que sea vinculante y con sanciones claras, así como en frenar las normas que facilitan la formalización de invasiones en zonas de riesgo.

Recordó que, durante su gestión, se impulsó un piloto de bono de reasentamiento para trasladar a familias que vivían en áreas no mitigables hacia zonas seguras, iniciativa que —dijo— debería convertirse en política pública. “Está demostrado que cuesta mucho más responder que prevenir”, concluyó.

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