Pescadores marcharán este 10 de diciembre a casi cuatro años del derrame de Repsol: anuncian demanda constitucional
Afectados por el ecocidio en el mar de Ventanilla marcharán hacia la PCM y el Poder Judicial para denunciar la falta de avances en la remediación ambiental y exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes.
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A casi cuatro años del derrame de más de 11.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, los pescadores artesanales de esta zona del litoral del país volverán a movilizarse para exigir justicia y reparación integral por el ecocidio ocurrido el 15 de enero de 2022 en la Refinería La Pampilla.
En ese sentido, organizaciones de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay anunciaron que este miércoles 10 de diciembre, a las 9 a. m., realizarán una marcha hacia la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y luego hacia el Poder Judicial, donde además presentarán una acción constitucional por vulneración de derechos humanos.
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Con este recurso exigirán conocer: el estado real de la remediación ambiental, la situación socioeconómica actual de las familias dedicadas a la pesca artesanal, el avance de los compromisos asumidos por el Estado y el nivel de cumplimiento de Repsol frente a las medidas establecidas tras el derrame.
Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla, de los cinco distritos afectados, explicó que la acción judicial en mención está siendo firmada por alrededor de 600 personas, "quienes son los primeros que van a demandar", declaró en diálogo con La República.
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Pescadores rechazan acuerdos entre el Estado y empresa española
Sin embargo, esta acción colectiva coincide con nuevas revelaciones sobre los acuerdos suscritos entre Repsol y el Estado, según un reportaje difundido por Hildebrant en sus Trece. La investigación detalla como la empresa española, de acuerdo con los documentos firmados, y precisada en el inciso 13 del texto, no admite ninguna responsabilidad por el derrame ocurrido.
El semanario también informó que la petrolera se comprometió a pagar S/ 9 millones adicionales para que la Fiscalía modificara la acusación penal de contaminación ambiental dolosa a culposa, evitando así una posible condena. El exfiscal Abel Tapia —removido luego por avalar el acuerdo—, el procurador Julio Guzmán y el juez Jorge Silva avalaron esta negociación. Pese a que la nueva fiscal del caso, Tamara Gonzales, solicitó anularlo, Silva ratificó su decisión.
En ese contexto, Melchor añadió que la movilización responde también a información reciente: “Nos hemos enterado por medio de la congresista Ruth Luque que el Gobierno ya negoció a nombre de los afectados, e incluso ya tampoco va a haber monitoreo en las zonas", informó.
Según explicó el dirigente, la parlamentaria ha solicitado formalmente la instalación de una mesa multisectorial para exigir un informe actualizado sobre los avances del Estado y sus acciones contra la empresa.
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"No hay pejerrey desde hace 3 años"
Mientras tanto, a situación ambiental en el litoral continúa siendo crítica. Germán Melchor cuestionó que el Estado sostenga que las playas están en óptimas condiciones mientras el OEFA sigue reportando contaminación. También señaló que la fauna marina sigue afectada: "En Pasamayo hace 3 años que no entra a desovar el pejerrey, y hace 3 años tampoco el calamar. Salgo una o dos veces a la semana y no hay pesca. Gasto 80 soles en carrera y no pesco nada”, enfatizó.
En paralelo, recordaron que Repsol mantiene deudas significativas con la población afectada. Informes de CooperAcción y Oxfam estiman que la petrolera adeuda más de S/ 2.600 millones en pagos pendientes a pescadores y trabajadores. Además, investigaciones del OEFA, Sernanp y Serfor proyectan que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 5 y 23 años, debido a que más del 60% del petróleo vertido permanecía en el ambiente tres años después del derrame.
Finalmente, Melchor adelantó que aún no han definido si realizarán actividades por el cuarto aniversario del derrame el próximo 15 de enero, pero enfatizó que la movilización del lunes es clave: “No existe una respuesta integral ni reparadora. Nuestros derechos fueron vulnerados y no vamos a aceptar acuerdos injustos”, enfatizó.
En un último pronunciamiento, difundido en enero de este año, Repsol difundió un comunicado en el que asegura haber cumplido con las labores de limpieza, remediación, compensaciones y reactivación económica en las zonas afectadas. Según la empresa, ha destinado más de S/1.000 millones a esas tareas y afirma que el mar y las playas “cumplen con los estándares de calidad ambiental nacional e internacional”, por lo que están “aptos para cualquier actividad productiva y recreacional”
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