Organizaciones civiles exigen al Congreso una Ley Integral de VIH tras 20 años sin ser actualizada
Con más de 56,600 nuevos diagnósticos entre 2020 y 2024, la iniciativa enfatiza la prevención de sida, el tratamiento y la protección de derechos humanos, buscando cerrar brechas en la atención.
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En medio del aumento de casos de sida (VIH) en el Perú durante la última década, organizaciones civiles, especialistas en salud y colectivos de personas viviendo con esta enfermedad han intensificado la presión sobre el Congreso para aprobar una Ley Integral de VIH que reemplace el marco normativo vigente, inalterado desde hace más de veinte años. La propuesta legislativa, presentada bajo el Expediente N.º 13202-2025/CR por la congresista Susel Paredes y el Bloque Democrático, se sustenta en el evidente desfasaje entre la realidad epidemiológica actual y una legislación que ya no responde a las necesidades del país.
En Perú, cerca de 110 000 personas viven con VIH, lo que equivale a una prevalencia nacional de alrededor de 0.4 % en la población general adulta. En cambio, en poblaciones vulnerable la prevalencia es mucho más alta: aproximadamente 10 % en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y hasta 31.8 %–33.4 % en mujeres trans. Pese a los avances en tratamientos antirretrovirales (que según la OPS han reducido la mortalidad en un 56%) las cifras del Ministerio de Salud continúan marcando una tendencia preocupante: solo en el último año se notificaron 6.161 nuevos casos de VIH y 878 diagnósticos de enfermedad avanzada, un indicador que evidencia que la atención temprana sigue siendo insuficiente.
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Propuesta legislativa busca mejorar la situación de personas con VIH
La iniciativa legislativa plantea actualizar el enfoque nacional en prevención y tratamiento mediante la incorporación de estrategias como la prevención combinada, el acceso garantizado a Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), el reconocimiento del principio Indetectable = Intransmisible y la disponibilidad de tratamientos innovadores. Asimismo, propone fortalecer la protección de derechos humanos, asegurar mecanismos de protección social para personas con VIH y blindar el presupuesto destinado al programa nacional.
Voceros de la sociedad civil, como Fernando Cisneros Dávila de ALEP Perú, han reiterado que el Congreso debe debatir la propuesta “de manera urgente para evitar nuevos casos y cerrar brechas de atención”. Otros representantes, como Luz Bustillos (CONAMUSA) y Alex Juárez (Un Mundo con SeroEstigma), advirtieron que las leyes vigentes (de 1996 y 2004) no contemplan el panorama actual, donde persisten altos niveles de estigma, discriminación y brechas críticas en regiones y comunidades indígenas.
La propuesta cuenta además con el respaldo de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH. Su secretaria, Guiselly Flores, destacó que la nueva ley permitiría consolidar avances y asegurar recursos domésticos para cumplir el compromiso global de eliminar el sida al 2030.
VIH en Perú: una crisis silenciosa
La situación de las personas que viven con VIH en el Perú atraviesa un momento crítico, especialmente en las regiones amazónicas, donde diversos factores culturales, lingüísticos y estructurales han creado un escenario que, según el periodista y activista Marlon Castillo, “parece transportarnos a los años 80 y 90” de la epidemia.
Según relata, solo la semana previa al 1 de diciembre (Día Mundial del Sida) la red de salud de Imaza registró cuatro fallecimientos por VIH en fase avanzada, todos en personas jóvenes. “Esto refleja que no se trata solo de falta de medicamentos, sino de que las personas no están siendo atendidas como corresponde y no existe una política sólida de prevención y educación”, señala.
Medicamentos: entre la escasez y la mala gestión
La crisis del abastecimiento de antirretrovirales ha sido otro golpe para las personas con VIH. Castillo recuerda que, entre 2023 y 2024, la situación se tornó tan grave que él mismo, junto a otros activistas, presentó una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial, que les dio la razón frente a la omisión del Estado.
“La gestión del CENARES ha sido inestable, con cambios políticos repentinos y un manejo deficiente de las compras públicas”, afirma. Esto generó semanas de desabastecimiento, bajo el argumento de que no había stock internacional y de que en el país no se producen estos medicamentos.
La problemática también alcanza a EsSalud, según explicó el experto, donde los procesos de compra son más lentos y el estigma desalienta a los usuarios a denunciar la falta de medicamentos o servicios. Castillo menciona, además, que hace apenas un mes se reportó que pacientes del hospital Lanfranco La Hoz debían cubrir de su bolsillo pruebas de laboratorio ante la falta de insumos.
Presupuesto insuficiente y mala distribución de recursos
Para Castillo, el problema no es solo la falta de presupuesto —que, según afirma, nuevamente se ha reducido en algunas categorías para el 2026—, sino también su mala ejecución. “La mayor parte se va en personal. Los recursos destinados a prevención y educación son mínimos”, lamenta.
Además, advierte que existen distorsiones: regiones con baja incidencia reciben más presupuesto que zonas críticas como la Amazonía. “Hay que gastar con calidad. Cambiar partidas de un rubro a otro es malversación”, explica.
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