Megaoperativos de INPE en los penales: ¿golpe a la extorsión o respuesta insuficiente ante la ola de violencia?

Los últimos megaoperativos simultáneos ejecutados en los 68 penales del país volvieron a exponer el nivel de control que aún ejercen las organizaciones criminales desde las cárceles. A pesar de la intervención de cerca de 1.000 agentes del INPE y del GOES, los resultados (14 celulares, 3 routers repetidoras y 358 ketes de droga incautados) revelan tanto la magnitud del problema como los límites de estas operaciones, según especialistas.

Para los expertos consultados por La República, el sistema penal funciona en modo contención, no en modo solución. Esta crítica cobra aun más peso si se considera que, durante los primeros 21 días del estado de emergencia (del 22 de octubre al 11 de noviembre de 2025) se registraron 41 homicidios en Lima y Callao, según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Este escenario socava la narrativa oficial de que las medidas tomadas por el Gobierno, como operativos carcelarios, están logrando impactos inmediatos.

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Requisas masivas del INPE

La intervención simultánea en los penales, ordenada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, buscó “eliminar todo ilícito que pudiera dirigirse desde alguna cárcel del país”, según la comunicación oficial. Se revisaron pabellones, celdas, cocinas, baños, espacios comunes y pertenencias de los internos; además, se retiraron conexiones eléctricas clandestinas que facilitaban la comunicación con el exterior.

Según reportes del INPE, desde julio se han ejecutado 2.761 requisas que han permitido decomisar 775 celulares y 2.951 armas punzocortantes. El comunicado oficial del instituto señala que esta estrategia forma parte de “la política nacional para garantizar la seguridad ciudadana y disuadir todo acto delictivo vinculado a la extorsión, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado”.

Sin embargo, estas cifras evidencian también el nivel de infiltración criminal dentro de un sistema penitenciario sobrepoblado y sin suficientes herramientas tecnológicas. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, remarca esta fragilidad estructural. Según explica, el INPE “es una institución con muy poco personal y sin tecnología para hacer inteligencia”, lo que obliga a recurrir casi exclusivamente a información humana, insuficiente ante la magnitud del problema. Pedraza sostiene, además, que el principal cuello de botella no está en la inteligencia policial, sino en 'el deficiente sistema de control que las cárceles tienen, y en la corrupción, que eso es incontestable'”.

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Extorsión desde los penales

Pese a los operativos, voces críticas insisten en que sin un componente de inteligencia real detrás, no se resolverá el problema de fondo. Para Ricardo Valdés, exministro del Interior, lo que ocurre es más un gesto político que una intervención estratégica. En sus palabras, los operativos “sin dar inteligencia a la PNP… es un saludo a la bandera”.

Valdés considera que el Estado no ha aprovechado el momento de emergencia para cerrar los flancos desde donde operan las mafias. Propone controles más rigurosos: “Toda persona que entre y salga de un penal debe ser chequeada con sistemas de rayos X o escáneres, y que esto lo realice una empresa externa, no el INPE, por el alto riesgo de corrupción o amenazas”.

El exministro explica que la extorsión telefónica desde cárceles (conocida en el argot policial como “escopetazo”) se sostiene gracias a múltiples fallas del sistema. Las requisas ayudan, pero son solo una parte del control necesario. Además, señala que el Estado sigue operando “a ciegas” en el análisis de datos. Sugiere incorporar Big Data e inteligencia artificial para procesar las decenas de miles de denuncias por extorsión acumuladas, lo que permitiría modelar patrones, ubicar cabecillas y anticipar movimientos.

¿Por qué las mafias siguen operando desde adentro?

Los analistas también apuntan al colapso del sistema penal como otro gran obstáculo. Según cifras recientes del INPE, entre enero y octubre de 2025 se reportaron 23.213 denuncias por extorsión (datos de SIDPOL), pero solo 11 sentencias condenatorias. Eso representa una tasa de resolución judicial menor al 0,05 %.

De los internos que han sido ingresados por extorsión (295, según datos oficiales), el 96% no tiene una sentencia firme, mientras que 284 personas permanecen en prisión preventiva sin que sus casos hayan sido resueltos. Esa discreta contundencia judicial refuerza la percepción de que las cárceles se han convertido en centros operativos más que en espacios de rehabilitación o control penal efectivo.

El exministro Wilfredo Pedraza culpa también a la sobrepoblación, la corrupción y la falta de control interno por permitir la entrada de teléfonos y otros objetos prohibidos. Aunque coincide en la necesidad de confiscar celulares, advierte que retirar herramientas de trabajo o televisores puede ser contraproducente. Para él, esos elementos son medios de distensión para los reclusos. Si se prohíben, podrían volver a ingresar de manera clandestina, alimentando redes de corrupción interna.

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¿Qué falta para detener la extorsión?

Expertos en seguridad alertan que la extorsión carcelaria no es un fenómeno aislado, sino parte de una economía criminal adaptativa. Según Nicolás Zevallos, hay organizaciones consolidadas dentro de las prisiones, como grupos vinculados al Tren de Aragua y otras bandas nacionales. Estas organizaciones mantienen actividad gracias a la sobrepoblación carcelaria, que dificulta su control, y al fácil acceso de objetos prohibidos.

Asimismo, Zevallos explica que la tecnología complica aún más la situación: “un teléfono puede tener 50 chips, eso facilita evadir controles. Además, la presencia de internet o telecomunicaciones internas alimenta la coordinación delictiva”. A su juicio, el problema no radica solo en política penitenciaria, sino en entender por qué la cárcel se ha convertido en un espacio fértil para el crimen organizado. Los especialistas recomiendan algunos puntos para combatirlo:

• Controles tecnológicos obligatorios de ingreso y salida administrados por terceros.
• Unidades permanentes de inteligencia policial penitenciaria.
• Uso de Big Data e IA para analizar miles de denuncias y detectar redes.
• Reforma penal y reducción del hacinamiento, revisando penas desproporcionadas.
• Inversión sostenida en infraestructura y vigilancia, no solo en operativos.

Los expertos consideran que mientras existan “factores de oportunidad”, como el fácil ingreso de implementos, las comunicaciones internas y la sobrecarga del sistema, las organizaciones criminales mantendrán su capacidad de adaptación. De acuerdo a su análisis, si los operativos no van acompañados de inteligencia, control tecnológico real ni reformas profundas, corren el riesgo de ser más publicidad que disuasión, en especial en la ola de violencia que afecta al país. Las cárceles seguirán siendo incubadoras del crimen, y las extorsiones seguirán quitando vidas a peruanos.

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