Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Hasta setiembre de 2025, el Perú registra 114 feminicidios, según cifras del programa Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La mayoría de estos se concentra en Lima con un 20.2% de los casos, seguida por Cusco y Junín con 8.8% cada una. Regiones como Arequipa, Puno, y Áncash también registran un número significativo. No obstante, detrás de estas cifras persisten denuncias que no siempre logran activar una respuesta oportuna de las autoridades, lo que mantiene en alerta a organizaciones de mujeres y especialistas en género.

El reciente feminicidio de una joven madre en Carabayllo, presuntamente a manos de su expareja, reabrió el debate sobre la eficacia del sistema de protección a las mujeres que denuncian agresiones y amedrentamiento. Según contó su madre para La República, la afectada alertó amenazas en septiembre a las autoridades, pero no aceptaron su denuncia. Ahora, mientras la familia vela sus restos, la familia exige justicia para un caso que aseguran, pudo haberse evitado si se tomaba en serio sus alertas. Expertas señalan que casos como este reflejan fallos en la aplicación de los protocolos que deberían prevenir una violencia letal.

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Feminicidio en Carabayllo: madre pide justicia para su hija

La noche del 5 de noviembre, Flor de María Cerna Ramos, madre de un niño de 11 años, fue hallada muerta en un hospedaje del sector El Progreso, en Carabayllo. Junto a ella se encontraba su expareja, Walter Manuel Águila Guardamino, también fallecido, en lo que la Policía investiga como un presunto feminicidio seguido de suicidio. Según familiares, Águila Guardamino habría disparado contra Flor de María antes de quitarse la vida.

Según los familiares, Águila Guardamino habría acosado a Flor de María luego de terminar su relación. Su madre indica que incluso intentaron denunciar amenazas en septiembre, sin que la Policía las recibiera. La joven trabajaba como mototaxista para mantener a su hijo. Se presume que la víctima fue llevada con engaños al hospedaje, donde ocurrió el crimen.

Tras el hallazgo, las autoridades realizaron pericias y tomaron declaraciones para esclarecer los hechos, mientras que la Municipalidad de Carabayllo clausuró el local por faltas administrativas. Ahora, la familia de Flor de María exige justicia y que el caso no quede impune, subrayando que pudo haberse evitado si se hubieran tomado en serio las alertas previas.

Feminicidios anunciados: denuncias que no detienen la violencia

Para Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán, lo ocurrido en Carabayllo muestra una vez más los desafíos del Estado para garantizar la protección de las mujeres en situación de riesgo. La especialista explica que existen protocolos que orientan la actuación de las autoridades, pero su cumplimiento aún es desigual. “El problema no está en la falta de normas, sino en su implementación. Muchas veces las denuncias no se tratan con la urgencia que requieren y eso deja a las víctimas en mayor vulnerabilidad”, agregó. En el presente año, el Centro de Emergencia Mujer y Familia ha atendido 211 casos de tentativa de feminicidio a nivel nacional hasta setiembre.

Por otro lado, también se refirió al feminicidio sucitado en el Callao, en el que el señalado es un suboficial de la Marina de Guerra quien habría asesinado a su expareja tras amenazarla con un arma el día anterior. La madre denunció que, a pesar de haber emitido la denuncia ese mismo día, no se dispusieron las medidas de protección necesarias para salvaguardar a su hija. "Este caso evidencia que no siempre se actúa con la debida diligencia. Cuando una mujer denuncia amenazas con un arma, el nivel de riesgo debería ser considerado severo y requerir una intervención inmediata”, señaló para este medio.

Meléndez también resalta la importancia de evaluar los casos con enfoque de género. “Las instituciones deben entender que detrás de cada denuncia hay una historia de violencia que se acumula. No se puede minimizar el peligro solo porque no hay lesiones visibles”, precisó.

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Feminicidios y las fallas en la respuesta estatal

De acuerdo con la abogada Clea Guerra, Coordinadora nacional de CLADEM Perú y abogada en el CMP Flora Tristán, la Ley 30364 establece que, ante situaciones de amenaza con armas o antecedentes de violencia, se debe aplicar una ficha de valoración de riesgo. Esta herramienta permite determinar la gravedad del caso y orientar las medidas de protección. “Cuando el agresor ya amenazó con un arma, el riesgo suele ser alto. Y si la persona tiene instrucción militar, también es un elemento. En esos casos, la respuesta debe ser rápida y coordinada”, explicó.

Asimismo, sostiene que la aplicación de los protocolos enfrenta obstáculos operativos. “En teoría, las fichas de valoración deberían garantizar una respuesta inmediata, pero en la práctica depende también de la capacitación del personal y de la disponibilidad de recursos”, agregó.

Sin embargo, estos procedimientos no siempre se aplicarían de manera adecuada e, incluso, advierte que las instituciones encargadas no siempre cuentan con la capacidad logística de hacerlo. "En las comisarías, que son la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las medidas de protección, generalmente hay solo una o dos personas a cargo de cientos de casos, por lo que es casi imposible hacer un seguimiento adecuado", afirma la especialista.

Meléndez coincide en que el problema también pasa por la falta de formación. “El personal policial necesita recibir capacitaciones constantes sobre violencia de género. Si no se comprende el ciclo de la violencia o las señales de riesgo, las denuncias se terminan tratando como simples conflictos de pareja”, expresó.

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Impunidad y mensajes de permisividad

Ambas especialistas coinciden en que la impunidad es un factor que agrava el problema. “Cuando los agresores perciben que las denuncias no avanzan o que las sanciones son leves, se envía un mensaje de permisividad”, advierte Meléndez.

Además, señala que los discursos que relativizan la violencia contra las mujeres también tienen impacto. “Cuando se cuestiona la credibilidad de las víctimas o se deslegitima la violencia de género desde espacios públicos, se debilita la confianza en el sistema de justicia”, sostiene.

Para Guerra, el Estado debe reafirmar su compromiso institucional. “Se necesita una política pública sostenida, con recursos, evaluación constante y voluntad de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, subraya.

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Reformas urgentes para un sistema más efectivo

Entre las medidas necesarias, las especialistas plantean que se debe garantizar la evaluación de los funcionarios que incumplen los protocolos. “No basta con tener leyes; se requiere personal suficiente, infraestructura adecuada y seguimiento a las medidas dictadas”, indica Guerra.

Por su parte, Meléndez añade que es necesario mejorar los mecanismos de articulación. “El sistema debe funcionar como una red que actúe rápido ante señales de peligro. Eso implica también el compromiso de los gobiernos locales y regionales”, enfatiza.

Los datos reflejan una situación que continúa siendo alarmante y que exige una respuesta más efectiva del Estado. Mientras no se garantice la protección oportuna y el cumplimiento de los protocolos, los especialistas advierten que la violencia contra las mujeres seguirá cobrando vidas. Los casos, más que cifras, continúan recordando la urgencia de actuar con diligencia antes de que sea demasiado tarde.

Un problema del cual se había advertido

En 2023, la Contraloría ya había alertado sobre esta problemática, en un informe que revelaba que los Centro de Emergencia Mujer no cumplían con sus labores de manera eficiente. Un caso emblemático fue el de M.A.C.C., asesinada por su conviviente apenas 24 días después de denunciar violencia física y psicológica, pese a que su situación había sido catalogada de riesgo severo. El personal del CEM no elaboró planes de seguridad ni de atención, ni coordinó su ingreso a un refugio, y tampoco dio seguimiento, reflejando deficiencias que se repitieron en otros casos auditados ese año en Cajamarca, San Martín, Cusco, Lima y Callao, donde 14 de 28 mujeres denunciantes terminaron siendo asesinadas.

Parejas y exparejas son los principales agresores, según Mimp

Según las cifras del Programa Warmi Ñan para enero a septiembre de 2025, las parejas y exparejas son los principales agresores y potenciales agresores en casos de feminicidio en Perú. En concreto, el 44.7% de los casos corresponden a agresiones cometidas por la pareja actual de la víctima, mientras que el 21.1% fueron perpetradas por exparejas. Esto significa que en más de la mitad de los feminicidios (65.8%) la violencia fatal proviene de personas con un vínculo sentimental directo con la mujer asesinada.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

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