Feminicidios en el Perú: cifras que indignan en medio de la lucha para obtener justicia

“A cada minuto, de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente”, dice un extracto de “Canción sin miedo”, que calza a la perfección en el contexto peruano, en el que las autoridades del Gobierno de Pedro Castillo y del Congreso parecen olvidar la lucha de cientos de mujeres a lo largo de la historia. No solo hay la lentitud de algunos organismos para hacer cumplir los derechos que les corresponden, sino también otros pretenden invisibilizarlos, una vez más.

Según las últimas estadísticas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, se registraron 54 casos con características de feminicidio en el Perú. La mayoría de las víctimas se encontraba entre los 18 y 59 años. Los victimarios fueron sus parejas, exparejas, familiares, conocidos o desconocidos.

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En el mismo periodo, en el 2021 se reportaron 58 casos. Se nota una disminución de 6,9% respecto de este año. Sin embargo, esto todavía no significa un retroceso para las mujeres que viven en este país.

No hay que olvidar que existe un problema en el sistema de justicia para atender denuncias de violencia contra la mujer y más aún de feminicidios. La población afectada muchas veces decide no interponer una denuncia por los engorrosos trámites y por la desconfianza hacia la administración de justicia en nuestro territorio. La mayoría de los casos queda en investigación, a la espera de una sanción y reparación efectiva para las víctimas y deudos.

Por otra parte, solo durante mayo de 2022 se produjeron seis feminicidios (uno en Ica, dos en La Libertad y uno en Lima Metropolitana). Tres de ellas fueron reportadas como desaparecidas previamente. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fortalecer el portal de personas desaparecidas para que se puedan filtrar las notas de alerta por regiones, y capacitar al personal policial, de unidades de protección y Línea 100 para estas situaciones a fin de brindar una ayuda oportuna.

Al respecto, Beatriz Ramirez Huaroto, abogada y docente especialista en género, considera que cuando se habla de un tema de feminicidio se revela un problema estructural de violencia que necesita una acción de muchos sectores. “Requiere cambios de culturas machistas desde el sector educación y en todos los ámbitos, también en el sistema de justicia; trabajar con Gobiernos locales y regionales. Eso hace un ministerio”, explica a La República.

¿Ministerio de la Familia?

La necesidad de la Comisión de Descentralización del Congreso para aprobar un dictamen de proyecto de ley que propone la modificación de la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables” se puede traducir en un retroceso en la política pública para combatir la violencia y discriminación estructural contra las mujeres y diversidades.

De acuerdo al MIMP, esta decisión se pone de espaldas a 17 millones de ellas en nuestro país, porque las relega al espacio familiar y nuevamente les brinda un rol tradicional en la sociedad. Además, las invisibiliza y no permite su desarrollo.

El Sistema de las Naciones Unidas —conformado por las agencias, fondos y programas de la ONU, como Unicef, la Unesco y el PNUD— cuestionó que se pretenda cambiar el nombre del MIMP. “Eliminar la referencia a la mujer y sustituirla por ‘familia’ reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación, desigualdad y vulneración de su autonomía y sus derechos fundamentales, lo cual se ha agravado por la pandemia”, precisa.

Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú, también se ha pronunciado. “Hace 40 años, el Perú ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este tratado reconoce que, pese a los avances en materia normativa de protección, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. No debemos retroceder en todo lo avanzado. Si pretendemos integrarnos a la OCDE, apostemos por superar las barreras que las mujeres enfrentan en la educación, el empleo y la vida pública”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La congresista del Partido Morado Susel Paredes calificó de “estupidez” el dictamen que propone el cambio del nombre. Comentó que lo planean hacer “porque quieren controlar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Agregó que ahora “vivimos en una dictadura del conservadurismo donde el fujimorismo y el cerronismo votan juntos”.

La abogada Beatriz Ramirez opina que el MIMP tiene una capacidad rectora importante para implementar políticas públicas y tener una vocería al más alto nivel. Si desaparece, los temas de agenda pertinentes a la mujer también quedarían en el olvido. “El cambio de nombre sí importa porque, como te llamas, se dividen tus viceministerios. Hoy es Mujer y Poblaciones Vulnerables, un viceministerio para cada uno. Las familias, en plural, están consignadas en el segundo grupo. La propuesta de que sea un ‘Ministerio de la Familia’ no reconoce que hay diversidad en la estructura familiar”, detalla.

Finalmente, hace hincapié en que el MIMP responde a que las mujeres representan a la mitad de la población, que aún vive en discriminación. Busca reivindicar el derecho de las mujeres, pero no está peleado con el de reivindicar el de las familias. Ambas son ahora competencias del ministerio. “Necesitamos un MIMP fortalecido, y cuando se hacen estas cosas se busca debilitar, no fortalecer”, puntualizó.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).