Reportan 118 víctimas de atentados en el transporte público entre 2024 y 2025, según el Ministerio Público
Gremios de transportistas exigen la acción inmediata del Gobierno de Dina Boluarte para frenar la ola de extorsiones. Las cifras indican que en 2024 se reportaron 29 víctimas, pero en lo que va del 2025 ya son 58.
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El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reveló que entre agosto de 2024 y octubre de 2025 se registraron 118 víctimas de atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao. Las cifras evidencian la creciente violencia que enfrentan los conductores, cobradores y pasajeros de buses y combis, en medio del avance de organizaciones criminales vinculadas a la extorsión.
Frente a esta situación, diversos gremios han salido a protestar y a realizar paros, con el fin de que las autoridades puedan escuchar sus quejas y tomen acciones de contingencia.
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Ataques al transporte público aumentan notablemente
El reporte detalla que durante el segundo semestre de 2024 se contabilizaron 29 víctimas, de las cuales 15 fallecieron y 14 resultaron heridas. Sin embargo, el panorama se agravó este año: entre enero y octubre de 2025, los atentados dejaron 58 víctimas, con 35 muertos y 23 lesionados.
En conjunto, las cifras reflejan un preocupante incremento de casi el doble en la cantidad de víctimas en menos de un año, lo que sugiere una escalada de ataques armados, explosivos o incendiarios contra unidades de transporte urbano y provincial.
Lima y Callao: epicentro de la violencia
Los atentados registrados por el Ministerio Público se concentran principalmente en Lima Metropolitana y el Callao, zonas donde operan bandas dedicadas al cobro de cupos y al control de rutas informales. Estas organizaciones recurren a la intimidación, el sicariato y el ataque de buses como método de presión contra los empresarios que se niegan a pagar extorsiones.
El documento oficial también revela que 87 de las víctimas fueron identificadas, mientras que 31 aún permanecen en proceso de reconocimiento, lo que evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para esclarecer estos crímenes y ubicar a los responsables.
Un problema que pone en jaque la seguridad ciudadana
En los últimos meses, diversos casos de ataques a buses en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Comas han generado alarma pública. Los gremios de transportistas han exigido al Gobierno acciones concretas para frenar la ola de violencia, mientras el Congreso debate propuestas para crear unidades de élite especializadas en combatir la extorsión y el crimen organizado en el sector transporte.
Especialistas en seguridad advierten que estos ataques no solo afectan a las empresas de transporte, sino también a miles de pasajeros que se movilizan diariamente en unidades que se han convertido en blanco de amenazas y atentados. Además, alertan que la falta de cámaras de seguridad, rutas fiscalizadas y controles policiales efectivos facilita la impunidad.
El Ministerio Público anunció que continúa con las investigaciones para determinar los patrones de actuación de estas bandas y fortalecer la persecución penal contra los cabecillas. Asimismo, los datos recopilados serán clave para diseñar políticas públicas enfocadas en prevenir atentados y reducir la violencia en el transporte urbano.
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