Más de 7800 menores fueron víctimas de violación sexual, pero Congreso plantea modificar educación sexual integral

En el Perú, cada 40 minutos una persona es víctima de violencia sexual. El grupo más afectado continúa siendo los menores de edad. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde enero a agosto de este año, 7,858 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de esta grave problemática.

De acuerdo a los canales oficiales del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Warmi Ñan, antes Aurora, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha registrado 5,473 casos de violación sexual contra menores. La Línea 100, atendió 1,617 casos. Los Servicios de Atención Urgente (SAU), 468. El Sistema Local de Atención y Protección en Zona Rural, 76. Y Servicio de Atención Rural, registró 224.

Sin embargo, pese a esta alarmante situación y mientras los casos continúan en aumento, el Congreso de la República, específicamente la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, pastora evangélica de Renovación Popular y presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, insiste en legislar en contra de las infancias y los derechos de los más vulnerables.

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Jáuregui y su agenda contra la educación sexual integral

El pasado 22 de septiembre, Jáuregui encabezó una mesa técnica en la que participaron voces como Silvia Alburqueque, profesora de la facultad de Derecho de la USAT; Giuliana Caccia, directora de la Asociación Persona, Vida y Familia, agrupación con presuntos vínculos al disuelto Sodalicio de Vida Cristina; y Luis Alberto Pacheco Mandujano, doctor en derecho en la Universidad de San Martín de Porres y con supuestos lazos al grupo conocido colectivamente como 'La Pestilencia, con el fin de modificar la actual 'Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres' (Ley N.° 28983-PL).

Entre sus propuestas, una que ha causado particular alarma es la eliminación de la categoría de género de los “conceptos científicos y biológicos”, bajo el argumento de que su inclusión no promueve la equidad que la misma norma pretende garantizar. "El término ‘género’ es producto de una agenda política e ideológica que busca cambiar la visión antropológica de occidente, que es cristiana. Al tratarse de una agenda ideológica, nadie nos obliga a aceptarla”, argumentó Giuliana Caccia durante el encuentro.

La legisladora también ha planteado reemplazar otro concepto: el de 'Educación Sexual Integral' (ESI), además de introducir cambios en la formación de los funcionarios de justicia y restringir las capacitaciones en interculturalidad y derechos humanos. Cabe recordar que en octubre del 2024, la representante de Renovación Popular ya había propuesta la eliminación de la ESI.

En palabras de la extitular del MIMP, Diana Miloslavich, la iniciativa no solo representaría “una nueva amenaza para que todos los seres humanos tengan derecho a una educación y a saber cómo funciona su cuerpo", sino que representa una junta "antidemocrática de sectores conservadores que piensan como ella (Milagros Jáuregui)", sostiene.

Por su parte, Cynthia Silva, abogada para el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), la parlamentaria ha venido promovido una agenda 'antiderechos' que vulnera el bienestar de las niñas y niños. "La ESI es un derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) y el enfoque de género es una obligación legal y una herramienta que nos permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres que no son justas. Es una cuestión que va más allá de que el Estado lo decida o imponga", argumenta.

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¿El aborto terapéutico está en riesgo?

No obstante, no sería la primera vez que la congresista Aguayo presenta proyectos contra el bienestar de los menores de edad. Como se recuerda, en junio de este año, por iniciativa de la pastora evangélica, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), a través de la Resolución Directoral N.° 200-2025-DG-INMP/MINSA, modificó su guía de procedimiento para el aborto terapéutico. 

Pese a que en 2025, de acuerdo con cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa), 614 infancias de entre 11 y 15 años han sido obligadas a dar a luz. Y solo entre enero y agosto de este año, 6020 niñas de entre 12 a 17 años han sido víctimas de violación sexual.

Pese a que expertas han recordado en conversaciones previas con La República que dicha normativa no impedía aplicar el procedimiento en casos de violación —pues la Guía Técnica Nacional, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 486-2014-MINSA, obliga al personal médico a implementarlo para proteger la vida de las víctimas de este problema sistémico—, según Miloslavich, la nueva iniciativa de Jáuregui pretende “criminalizar a las mujeres víctimas de violencia”.

La abogada Cynthia Silva también coincide en que se estaría buscando la criminalización de todos los abortos, incluidos el de las niñas víctimas de violación. " Cuando se trata de embarazos de niñas y adolescentes y se les impide acceder al aborto terapéutico para salvar su vida y su salud integral —que en todos estos casos está en riesgo—, estamos frente a un trato cruel, inhumano y degradante. Así de grave es", enfatiza.

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Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

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