Renovación Popular y su respaldo al pacto: anuncia apoyo a Fuerza Popular ante pedido de exclusión de la Fiscalía
Renovación Popular expresó su rechazo al requerimiento presentado ante la Corte Suprema por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que el partido Fuerza Popular sea declarado ilegal por presuntas acciones antidemocráticas.
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En respaldo al pacto. Tras la presentación de un requerimiento ante la Corte Suprema por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y solicitar su exclusión de las elecciones generales de 2026, Renovación Popular manifestó su total rechazo a esta solicitud. Además, argumentó que esta medida representa un intento de bloquear o limitar la participación de diversas agrupaciones políticas en el proceso electoral.
Asimismo, enfatizó a través de un comunicado que defiende con firmeza el derecho de todos los peruanos a "elegir con total libertad" entre las opciones políticas que decidan postular en las elecciones.
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"Ni la Fiscalía ni ninguna otra entidad que no sea parte del sistema electoral debe impedir, ni limitar, esta libertad que es la base del sistema democrático nacional", se lee.
Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema para solicitar que se declare la ilegalidad del partido Fuerza Popular y se ordene su exclusión de las elecciones generales de 2026. El fundamento de esta petición radica en que, según el Ministerio Público, dicha organización política habría infringido el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), por "desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales".
De acuerdo con fuentes consultadas, Fuerza Popular no solo ha impulsado discursos y acciones que afectan gravemente a instituciones del Estado, sino que también ha avalado prácticas asociadas a la violencia política. Se le acusa de haber transgredido de manera reiterada los derechos fundamentales de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En ese contexto, la Fiscalía ha solicitado también el cierre de todos los locales partidarios a nivel nacional, así como la prohibición definitiva para que la organización pueda volver a inscribirse en el futuro. Para la Fiscalía estas acciones son necesarias para impedir que se sigan cometiendo actos que pongan en riesgo la estabilidad del sistema democrático.
