Poder Judicial admite demanda contra minera Yanacocha por el despojo de tierras a comunidades campesinas

El Poder Judicial ha tomado la decisión de admitir a trámite una demanda de amparo presentada por la comunidad campesina San Andrés de Negritos, ubicada en el distrito La Encañada, en región de Cajamarca, contra la minera Newmont Yanacocha, filial de la multinacional Newmont Corporation, y cinco entidades del Estado peruano por el despojo de más de 14 mil hectáreas de sus territorios.

El mencionado documento solicita la inhabilitación de la Resolución N.º 143-95-RENOM/AG, en la cual la Dirección Regional Agraria de Cajamarca anuló, de forma inconstitucional, el reconocimiento oficial de la comunidad y habilitó la adjudicación individual de sus tierras comunales en beneficio de intereses privados y de la empresa que explota oro en la zona por más de tres décadas.

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“Mi comunidad tiene 14375 hectáreas y el 90%, por no decir todo, está concesionado por la minera. Todo el impacto social ha sido negativo. Mi comunidad vive en completo abandono, miseria y pobreza. No hay desarrollo. Por eso, no es negocio y no ha sido negocio tenerlo a Yanacocha como vecino o aliado. Confío en que los administradores de justicia puedan aplicar a cabalidad para solucionar estos temas”, declara en diálogo con La República Jesús Castrejón, representante de San Andrés de Negritos.

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Admisión de demanda del PJ podría marcar un precedente de la defensa territorial

El reclamo de la comunidad también detalla como entre los años 1991 y 1996 se permitió el ingreso de la empresa sin el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea general de comuneros. Hecho que fragmentó el territorio con actas sin quórum y firmas irregulares para legitimar el proceso de extracción minera.

En esa línea, con el fin de escuchar los argumentos tanto de los demandantes como de los demandados, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ha convocado a una audiencia judicial el próximo 22 de diciembre de este año. El hecho ha sido considerado como un precedente para defensa del territorio comunal.

"Esto podría abrir la vía para que otras comunidades, sean campesinas o nativas, despojadas sistemáticamente en contextos similares, especialmente frente a proyectos extractivos, puedan reclamar la restitución plena de sus tierras ancestrales bajo el amparo de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT", señala en diálogo con este medio Adán Cassia, especialista legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

"Nosotros no vamos a dar nuestro nuestra mano a torcer, puesto que ya está en camino los reclamos justos de mi comunidad", sentencia Castrejón.

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La acción de amparo está dirigida contra la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca, el propio Gobierno Regional de Cajamarca, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Entidades que, según la demanda, "han tenido participación —por acción u omisión— en actos administrativos que anularon inconstitucionalmente la personería jurídica de la comunidad y fragmentaron su territorio ancestral", detalla Adán Cassia.

Asimismo, se sentencia que la empresa minera se ha visto beneficiada directamente con la ocupación del territorio comunal sin consentimiento de la comunidad. Pese a que en 1990, la misma obtuvo un título de propiedad comunal inscrito en Registros Públicos.

"Este vacío jurídico dejó a la comunidad desprotegida frente a Yanacocha, una de las mineras más poderosas del continente y la mayor productora de oro del mundo. Esa asimetría de poder no es solo económica, sino política y tecnológica, pues imagínate que una corporación global con recursos financieros, influencia internacional y capacidad operativa prácticamente ilimitada frente a una comunidad campesina sin nada más que la riqueza de sus recursos es despojada de su territorio comunal", acota.

En tanto, Juan Carlos Ruiz Molleda, también abogado de IDL, concuerda que los acuerdos firmados por la empresa se dieron sin representatividad de aquellos que viven en la zona de explotación minera. "Este caso muestra cómo someter a una comunidad y despojarla de su territorio (...) Lo que existió fue un proceso de cooptación y manipulación para habilitar el acceso de Yanacocha a tierras comunales”.

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No es la primera vez que la minera Yanacocha se ve involucrada en procesos similares. En el año 2023, la comunidad de San Andrés de Negritos también presentó una demanda contra la empresa por la entrega de concesiones mineras para el proyecto Colorado, el cual representaba una grave amenaza ambiental para la cuenca del río que lleva el mismo nombre.

Actualmente, el caso se encuentra en segunda instancia. Denuncian que, según el art. 155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pese a que la norma lo establece, hasta el momento no han sido notificados físicamente de la sentencia en primera instancia. La próxima audiencia sería el 15 de septiembre de ese año. Esperan un fallo favorable a pesar de los cuestionamientos hacia el proceso.

"Nosotros reclamamos, somos los malos. Ellos hacen lo que quieren y son los buenos. Vienen a nuestra casa, hacen lo que quieren y encima no quieren que le reclamemos. La minera está en cabecera de cuenca. Ellos hacen el derrame, contaminan y los culpables somos nosotros. Ellos han venido, nadie los llamó", enfatiza Jesús Castrejón.

"Durante casi tres décadas, Yanacocha ha operado en el territorio ancestral sin consulta previa ni reparto de beneficios, imponiendo un modelo extractivo que ha fragmentado el tejido social, incrementado la conflictividad social y puesto en riesgo la subsistencia cultural, económica y ambiental de San Andrés de Negritos", precisa el abogado IDL Adán Cassia.

La República se comunicó con la minera para conocer su opinión sobre la decisión del Poder Judicial. Hasta el cierre de esta edición, nos informaron que necesitarían más tiempo para respondernos.

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