Peritos abren celulares de topógrafos colombianos detenidos en territorio peruano

Miembros de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla (Loreto) que investigan a los dos ciudadanos colombianos, detenidos por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, tras realizar estudios topográficos sin autorización en la isla Santa Rosa, iniciaron el peritaje a los teléfonos celulares que la Policía les incautó.

De esta manera, comenzaron el análisis de llamadas, mensajes de texto, fotografías, imágenes de video y ubicación geográfica de los aparatos confiscados al topógrafo Carlos Fernando Sánchez Ortegón (55) y al ayudante de obra John Willington Amia López (47), en busca de alguna prueba que comprometa a los apresados para determinar si existen vínculos con el delito que se les imputa.

Ellos fueron intervenidos el martes mientras realizaban trabajos topográficos en el puerto Santa Rosa, sin autorización ni documentos migratorios.

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Operaban equipos satelitales para medir el cauce del río, según dijeron, con el fin de evaluar el impacto en el muelle Victorio Regia, en territorio colombiano.

Las diligencias que se realizan reune a un grupo de especialistas en entrecruzamientos telefónicos.

"La tarea de las desgrabaciones de los teléfonos celulares va a llevar unos días", pero estimamos que va tener buenos resultados para el proceso”, dijo un miembro de la fiscalía.

"El trabajo se desarrolla con un sistema utilizado por el FBI mediante el cual se enchufan los celulares a una máquina y automáticamente se baja toda la información de los teléfonos, hasta los mensajes, fotos y correos electrónicos que puedan haber sido eliminados", explicó un perito de la División de Criminalística.

En paralelo, el proceso avanza con las declaraciones ampliatorias y otras diligencias, informaron fuentes judiciales.

DETENCIÓN PRELIMINAR

Como se sabe, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra los dos colombianos. La medida rige desde el 12 de agosto y se extenderá hasta el 19, según lo determinado por el Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Ambos están siendo investigados por el presunto delito contra la integridad nacional. Se trata de un caso en flagrancia, es decir, una acción que fue detectada en el mismo momento en que se cometía.

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Durante la audiencia realizada el jueves, el juez a cargo del caso justificó la medida al señalar que es necesaria la presencia de los implicados para garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones y esclarecer las circunstancias de su ingreso y actividad en territorio peruano.

El caso ha puesto en el centro del debate el tema de la soberanía nacional y la necesidad de ejercer un control firme sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, especialmente cuando se trata de zonas fronterizas sensibles.

ABOGADO: NO HAY MOTIVOS

La defensa de los implicados ha sido asumida por la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, en tanto ningún abogado extranjero puede ejercer en territorio nacional sin la debida colegiatura.

Carlos Araujo Cabezas, abogado de los detenidos, informó que sus clientes efectuaban estudios de terreno e instalaciones para una concesionaria que presta servicios a una entidad estatal colombiana de transportes y comunicaciones.

Aclaró que se les imputa el presunto delito contra la integridad nacional, pero sostuvo que la acusación no se ajusta al caso y que no hay motivos para prolongar la detención.

Araujo reconoció que los topógrafos no contaban con autorización para realizar labores en territorio peruano, aunque consideró que se trata de una falta administrativa, y no de un delito.

El abogado aseguró que ya se han presentado los contratos y documentos que justifican la presencia de los detenidos en la isla, únicamente por motivos laborales, en el marco de un consorcio con el Estado colombiano.

Negó cualquier relación con la colocación de una bandera de Colombia en territorio de Santa Rosa, hecho que ha generado tensión diplomática entre ambos países en las últimas semanas.

PETRO: “ES UN SECUESTRO”

Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, calificó el miércoles como un “secuestro” la intervención.

“La detención de los contratistas colombianos en Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro”, escribió Petro en la red social X.

Asimismo, el mandatario sostuvo que “Colombia considera que Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro”, reiterando que, a su juicio, las delimitaciones fronterizas entre Perú y Colombia no están claramente definidas.

Santa Rosa de Loreto permanece fuertemente resguardada por las autoridades en medio del conflicto generado por el presidente Gustavo Petro, quien desconoció públicamente la soberanía peruana sobre este territorio.

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La situación se agravó en los últimos días, luego de que Daniel Quintero, precandidato presidencial colombiano vinculado a Petro y exalcalde de Medellín, izara una bandera de su país en Santa Rosa.

Y en medio de este clima diplomático tenso hoy la presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría llegando a esa región amazónica en la triple frontera. Hace unos días, desde Japón, la mandataria respondió a las declaraciones de Gustavo Petro, quien desconoció la soberanía peruana sobre la isla Chinería. 

"Es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con los hermanos colombianos, de ninguna manera", afirmó.