Más de 2,000 familias en Iquitos sin agua ni alcantarillado: viven rodeados de basura y con diarreas e infecciones

Rodeados de bolsas, botellas plásticas, residuos fecales y desperdicios médicos, los vecinos y vecinas de los asentamientos humanos Iván Vásquez Valera y 21 de Setiembre, ubicados en la provincia de Maynas, en el distrito de Punchana, a 20 minutos de la ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto, conviven con la basura.

Las calles sin pavimentar son lo de menos en un vecindario que enfrenta altos niveles de contaminación a causa de los residuos que ahí se observan. Esto se debe a que sus habitantes ven sus casas atravesadas por un desagüe a “caño abierto”, ubicado específicamente en las calles de Buenos Aires, 3 de Junio, Progreso y San Luis.

“Nosotros como ciudadanos hemos vivido con la contaminación. Muchos a veces pensamos de qué es la manera de vivir. Pero realmente, conociendo nuestros derechos, sabemos que eso no debería ser así”, sentencia Eneyda López, delegada de uno de los asentamientos, quien hace dos años asumió la tarea de representar a la población frente a la inacción de autoridades municipales, regionales y nacionales.

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Ni agua ni justicia

Sumado a ello, pese a estar cerca de los ríos Nanay, Amazonas e Itaya, el agua no es un recurso del que gocen a plenitud. En realidad, como ocurre en gran parte del departamento de Loreto, este recurso vital también es escaso. Por eso, los residentes de la zona deben esperar la llegada de las cisternas para llenar sus baldes y así abastecerse. Algunos de ellos comentan que sus hijos tienen que faltar a la escuela por esperar el agua, necesaria para asearse, cocinar y, en esencia, para sobrevivir.

Debido a las problemáticas expuestas, en el año 2016, ambos asentamientos, con valentía y coraje, como ellos describen, interpusieron una demanda judicial ante el Tribunal Constitucional por la falta de acceso a agua potable, desagüe y una adecuada disposición de residuos sólidos. La demanda de amparo, dirigida contra el Gobierno Regional de Loreto, la Gerencia Regional de Salud, la Municipalidad Provincial de Maynas, la Municipalidad Distrital de Punchana y la Red Asistencial de EsSalud en Loreto, obtuvo una sentencia favorable hace exactamente dos años. Ganaron. Al menos, eso es lo que dice el papel; sin embargo, la realidad es muy distinta.

“¿Dónde está lo ganado? (…) La justicia no nos llega a nosotros. Esa es una pena que tenemos (…)”, sentencia Eneyda. “El agua de las cisternas tampoco viene como debería ser o como lo merecemos. A veces llega contaminada. Los niños sufren de dolores estomacales como diarreas. Las entidades no lo saben”.

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La disposición, histórica y celebrada por muchos en 2023, reconoció que vivir sin acceso a agua potable ni alcantarillado vulnera el derecho a la salud y a una vida digna. Por ello, el Tribunal Constitucional ordenó al Estado peruano y a las entidades competentes implementar medidas urgentes para garantizar estos servicios en el distrito de Punchana. No obstante, hasta el momento, en la zona también circulan desechos provenientes del Hospital EsSalud de Iquitos, del camal municipal y de una gran parte de los desagües domésticos del distrito. Todos estos vertimientos terminan su recorrido en el río Nanay, y desde allí, desembocan en el Amazonas.

Pese a que la sentencia ordenaba “el cubrimiento inmediato del alcantarillado a cielo abierto (...) así como la construcción de rasantes que impermeabilicen el suelo y coadyuven a evitar el rebalse de las aguas residuales hacia las calles y casas”, hasta el momento la disposición no ha sido cumplida.

"El pueblo, mis vecinos de estos dos asentamientos humanos, estamos esperando que ya nos den la atención necesaria, que tomen en serio esta demanda del Tribunal Constitucional. Lo único que saben decir las autoridades es que no hay presupuesto", enfatiza Lopez.

Escasez de agua potable: "La cuidamos como si fuera oro"

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Loreto es uno de los departamentos con menor porcentaje de población con acceso a agua de la red pública (56,3%). Al mismo tiempo, en el caso de Maynas, las dificultades se replican. En el distrito de Punchana viven 95,426 personas, lo que representa aproximadamente el 8 % de la población total de Loreto, según datos del INEI. Solo en el asentamiento humano 21 de Septiembre existen 441 viviendas distribuidas en 12 manzanas, con una población aproximada de 1,500 personas. En Iván Vásquez Valera, conformado por 260 lotes distribuidos en nueve manzanas, la población asciende a 1,300 habitantes.

Según una encuesta realizada por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en estos asentamientos reside población mestiza y originaria de los pueblos kukama, yagua, shipibo, kichwa (de los ríos Napo y Corrientes, algunos provenientes de Ecuador), awajún, quechua, tikuna, shawi, bora, kapanawa, huitoto, achuar, matsés, chama y urarina. Muchas de estas personas, según afirman, migraron hacia zonas cercanas a la ciudad en busca de una “mejor calidad de vida”.

“Yo vine a mis siete años de la comunidad de Santa Isabel. Ahorita tengo 47 años. He visto cómo ha crecido mi distrito (…) de aquí venimos de comunidades nativas (…) hemos venido acá para la mejora de nuestros hijos más que todo”, declara Enedya. Sin embargo, la ciudad les tenía preparada otra realidad.

"Hacemos cola para conseguir agua. A veces la cisterna llega cada tres días, otras veces cada cuatro. Así vivimos. Hay niños, padres y ancianos que vienen a recoger su agua, porque acá no tenemos una red que nos abastezca. Así como lo estás viendo, esta es nuestra realidad. Esta es la vida que llevamos en el asentamiento", denuncia Janeth Fasabi Díaz, una vecina del asentamiento. "Aquí cuidamos el agua como si fuera oro, porque para nosotros —que somos la gente más necesitada— es muy valiosa”.

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"Aquí tenemos una gran paradoja: un distrito bañado por tres ríos que aún no tiene acceso al agua. Hay un problema de gestión del recurso (…) Esto es un llamado de atención a las autoridades que, a pesar de contar con una sentencia del Tribunal Constitucional, no han actuado. El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda, la EPS Loreto, el Gobierno Regional y las municipalidades —no solo la de Punchana, sino también la de Maynas— debieron haberse activado, articular esfuerzos, incluso con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (...) y otros sectores, para atender este problema”, declara Alberto Cairampoma Arroyo, profesor de Derecho de Aguas de la Facultad de Derecho de la PUCP.

Por su parte, la antropóloga médica Susana Ramírez Hita, quien ha seguido muy de cerca este caso, advierte que la mayoría de los centros urbanos en los distritos de Punchana y Belén se asientan sobre terrenos bajos y propensos a inundarse. Esto provoca que, durante las crecidas de los ríos, especialmente entre los meses de diciembre y abril, la situación se agrave y resulte aún más insostenible.

Las personas que habitan dichos asentamientos sufren de diarrea, fiebre, vómito, diversas enfermedades de la piel, parásitos, problemas intestinales, infecciones y tumores, según detalla su investigación, que se concretó en el libro: Residuos Toxicos en la Amazonía peruana, la cual está publicada en el Global Atlas of Environmental Justice,

Próxima audiencia con TC será en agosto

El estudio también revela los altos niveles de metales pesados, patógenos y sustancias tóxicas en el suelo, agua y sedimentos del canal, así como del agua de consumo que convierten a estos espacios en verdaderos focos de enfermedades El aire, el agua y la tierra estarían contaminados por residuos orgánicos e industriales; y basura acumulada que nadie recoge.

“Aquí hay problemas graves de salud. Los datos epidemiológicos dejan claro que Punchana presenta niveles de contaminación más altos que otros distritos (…) No están preparados para atender esta situación, ni desde el Ministerio de Salud, ni la Gerencia Regional de Salud, ni el Gobierno Regional de Loreto", argumenta Ramirez Hita.

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En tanto, David Pérez Perea, jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Punchana, también sostiene que la responsabilidad recaería en el GORE de Loreto y en la gestión de Jorge René Chávez Silvano, del partido Somos Perú. "Son 38 asentamientos humanos que la gestión debe atender, aparte de los dos asentamientos humanos que lograron la histórica sentencia (…) Ya se firmó el convenio marco con el Ministerio de Vivienda, que contempla una inversión cercana a los 500 millones de soles, pero aún falta firmar el contrato específico que permita ejecutar la obra (....) Venimos tocando puertas desde el 2023 para llamar la atención del gobierno central y del Gobierno Regional", acota.

La República se contactó con el Gobierno Regional mencionado para conocer qué acciones se han impulsado en relación al cumplimento de la sentencia. Respondieron que desde hace un mes el área logística se encuentra a la espera de la contratación del supervisor de la obra que debería iniciar con el cierre del desague a "cielo abierto". Confirmaron que en agosto el proceso de construcción debería iniciar. "Como entidad, y por disposición del señor gobernador, hemos tenido reuniones multisectoriales desde el mes de enero y febrero del 2024 (...) en las que ha estado presente el defensor del pueblo [Josué Gutierrez]. D todas maneras este año se se va a iniciar en la construcción del alcantarillado", declaró para este medio Walter Villacorta, asesor legal de la gerencia general del GORE Loreto.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del IDL, explicó que este tipo de sentencias son complejas, ya que implican varios mandatos y requieren presupuesto público para su ejecución, lo cual no es sencillo debido al principio de legalidad presupuestal. Por ello, corresponde ordenar al ente demandado que incluya los recursos necesarios en su partida del año siguiente. Sin embargo, advirtió que "muchas veces te encuentras con gobiernos regionales, con municipios que no tienen voluntad política ni de colaboración, y ahí se complejiza todo".

Mientras tanto, el próximo 8 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Loreto realizará una audiencia para revisar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. En tanto, la salud y bienestar de los habitantes del asentamiento humano continúa en riesgo.

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