Tos ferina causa la muerte de 15 infantes en Loreto, pero el Gobierno redujo presupuesto para vacunación en 2025

En la comunidad nativa Nueva Jerusalén, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto, hay un puesto de salud recién construido hace un año. No tiene puertas instaladas. Mide 9x10 metros y las paredes, de color rojo y blanco, ya cuentan con humedad por la filtración de las lluvias. Al lado de esta infraestructura, compitiendo con el abandono histórico del Estado, se halla el centro de salud P.S. I-1 Jerusalén. Sus paredes agrietadas, sus techos colapsados y el agua reposada en tanques nos internan en la realidad que cada año afronta esta zona del país.

“En mi salón, hay siete niños con dolor de cabeza, estómago y garganta. Son de comunidades de Jerusalén, Nuevo Progreso, Chorros y Yanayacu que acuden al puesto de salud antiguo, el cual tiene grietas y hasta se ha quemado la luz por las lluvias. Hasta el momento, no veo ninguna visita ni campañas en los colegios”, denuncia Eugenio Huite Sejekam, profesor awajún de la comunidad Nueva Jerusalén, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón.

La tos ferina, una infección respiratoria sumamente contagiosa, ha tenido un fuerte impacto en la región amazónica del país. De acuerdo con el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, esta enfermedad ha causado, hasta el momento, la muerte de 15 menores en Loreto, 14 de ellos con edades entre 0 y 4 años. A nivel nacional, el número total de víctimas mortales asciende a 16. La mayoría de los casos se han presentado en la población indígena kandozi, donde han fallecido 9 niños, convirtiendo a esta comunidad en una de las más afectadas del Datem del Marañón, territorio en el que habitan al menos siete pueblos originarios.

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Pese a la crítica situación, el Gobierno de Dina Boluarte ha recortado en S/120 millones el presupuesto del Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) para el año 2025. Este programa, responsable de las campañas de vacunación a nivel nacional, recibirá una de las asignaciones más bajas de los últimos nueve años, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta decisión contrasta con las alertas emitidas desde mediados de 2024 por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), que ya anticipaba un incremento en la mortalidad infantil debido a las bajas tasas de vacunación.

“Históricamente, hay una deuda que se tiene con la población indígena. No solamente en materia de acceso a salud, sino en generar todos los servicios públicos. No podemos decir que por las bajas coberturas tengamos que naturalizar las muertes. La vacunación no es una opción del Estado, es una obligación y una responsabilidad”, sentencia Edson Aguilar, vicepresidente de Voces Ciudadanas

Brechas de salud y deficiente infraestructura

En junio de este año, durante un encuentro convocado por la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas —que contó con la participación de representantes de la Red de Salud Datem del Marañón— se discutieron los retos vigentes para hacer frente a la tos ferina en el país. En ese espacio, se alertó que la carencia de transporte, motores y combustible, así como los plazos prolongados para la llegada oportuna de las vacunas y las limitaciones en la infraestructura sanitaria, eran dificultades que afectaban de manera directa a comunidades indígenas, dificultando el cumplimiento de su calendario de inmunización. A ello se suma, la insuficiencia para conservar adecuadamente las vacunas.

De los 67 establecimientos de salud en la provincia de Datem del Marañón, 22 de ellos se encuentran sin cadena de frío, con equipos deteriorados y/o malogrados. “No hay combustible, ni botes suficientes, ni equipos para conservar las vacunas. Esto influye directamente en las bajas coberturas.”, declara Wendy Albán, responsable de los Grupos de Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud.

En Loreto, la crisis sanitaria no es un evento aislado, pues la región presenta una tasa de inmunización de solo el 28,2% de niños menores de 1 año que han recibido las tres dosis de DPT (que incluye la vacuna contra la tos ferina), muy por debajo del mínimo recomendado del 95%.

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Falta de medicamentos y la presencia de grupos religiosos

A dicha problemática se suma una demanda colectiva, las brigadas de salud que llegan a las comunidades no cuentan con un medicamento básico para contrarrestar los efectos secundarios que generan algunas vacunas. "No tienen ni paracetamol en jarabe para los niños. Si un niño vomita o le duele la pierna, no cuentan con antibióticos para aliviar el dolor. Entonces, los padres familia se asustan y ya no vuelven a ponerle otra dosis", declara Edson Aguilar.

Además, se suma otro factor crítico: la desinformación promovida por grupos religiosos. Según Edson Aguilar y Wendy Alban, sectas pentecostales y evangélicas difunden entre las comunidades indígenas el temor de que las vacunas esterilizan o exterminan. “Estos mensajes han calado porque llegan con más frecuencia que el propio Estado”, advierten.

“Uno de los rubros donde más se ha recortado es en la promoción de la salud. Y eso es clave para llegar a las familias con información sobre eficacia y seguridad de las vacunas.”, enfatiza Albán.

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Un sistema de salud que no protege por igual

Un aspecto relevante es la brecha tecnológica existente entre las vacunas disponibles en el país. Mientras que en los establecimientos de salud del sector público aún se administra la vacuna pentavalente de célula entera —asociada con una mayor incidencia de efectos adversos como fiebre o inflamación—, en el ámbito privado, desde hace más de veinte años, se emplea la vacuna hexavalente acelular, la cual presenta menor reactogenicidad y una mayor tolerancia, especialmente en lactantes.

“Estas características no solo reducen el dolor y el malestar relacionados con la vacunación, sino que también facilitan el cumplimiento del esquema de inmunización por parte de padres y cuidadores. Al ser una vacuna acelular, provoca menos efectos secundarios como fiebre o incomodidad en la zona de aplicación”, afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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No obstante, el problema no se restringe únicamente al tipo de biológico utilizado, sino que refleja también una profunda desigualdad en el acceso entre los sistemas de salud público y privado. Mientras que ciertos sectores pueden costear alternativas más seguras y modernas, otros dependen de una cobertura estatal limitada. Esta disparidad afecta de manera desproporcionada a la niñez indígena y rural, exponiéndola a mayores riesgos sanitarios.

Según la OPS, en lo que va de 2025, en nuestro país se han reportado el mayor número de casos de tos ferina en los últimos doce años. Esta situación evidencia la necesidad urgente de actualizar el esquema nacional de vacunación, así como de implementar una respuesta intersectorial coordinada entre los sectores de salud, desarrollo social, educación y los gobiernos regionales.

“Tenemos que tener un trabajo conjunto a nivel comunitario con los agentes comunitarios en salud, con las mismas poblaciones indígenas, con los mismos líderes indígenas, con los apus, para poder llegar a la población que realmente lo necesita", finaliza Wendy Albán.

Hasta el momento, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), se han registrado 971 casos de tos ferina a nivel nacional, así como 16 muertes asociadas a esta enfermedad. De ese total, 663 casos y 15 de esos fallecimientos se han reportado en la región Loreto. Todas las víctimas eran niños de entre 0 y 11 años de edad.

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