Sanctuary Lodge: juzgado revoca medida cautelar a trabajadores de hotel en Machu Picchu

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco, a cargo de la jueza Fanny Pérez, declaró improcedente la acción de amparo presentada por 73 trabajadores de la empresa Perú Belmond Hotels S.A. y revocó la medida cautelar que permitía a la compañía, vinculada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continuar operando el hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu.

Con esta decisión, el Gobierno Regional de Cusco, propietario del inmueble, podría recuperar la posesión del recinto turístico este 16 de mayo, fecha de vencimiento del contrato.

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La demanda

Los trabajadores argumentaban que el fin del contrato vulneraba su derecho constitucional al trabajo. No obstante, la jueza concluyó que no existía una relación contractual entre ellos y el Gore-Cusco, sino únicamente con su empleador (Belmond), por lo que no se configuraba una afectación directa que justificara el recurso de amparo.

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Cabe recordar que en febrero último, el juez vacacional Eliot Zamalloa concedió una medida cautelar a favor de los trabajadores, lo que permitió a Belmond seguir operando el hotel hasta que se convocara una nueva licitación. Esto motivó a la empresa a comunicar que no entregaría el inmueble en la fecha pactada. Sin embargo, la nueva resolución anula dicha medida y reafirma el derecho del Gobierno Regional a recuperar el bien.

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El juzgado concluyó que la demanda carece de sustento constitucional, procesal y legal, allanando el camino para la entrega del Sanctuary Lodge. No obstante, los trabajadores aún tienen tres días hábiles para apelar la decisión, plazo que vencerá este miércoles 23 de abril.

Investigación contra el juez Zamalloa

Asimismo, se supo que la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en Cusco inició una investigación preliminar contra el juez Eliot Zamalloa, por su cuestionada medida en favor de los trabajadores de Belmond.

Juristas calificaron aquella resolución de “arbitraria e ilegal”, argumentando que el artículo 616 del Código Procesal Civil prohíbe dictar medidas cautelares contra entidades estatales. Asimismo, señalaron que el Estado no debe asumir responsabilidades laborales de empresas privadas.

Arbitraje en trámite

La acción de amparo no sería la única 'arma legal' que emplea Belmond para intentar prolongar su permanencia en el hotel, el único ubicado a pocos pasos de la entrada principal a Machu Picchu. El 4 de diciembre de 2024, la empresa solicitó al Gore-Cusco una ampliación de la concesión por 64 meses, alegando pérdidas económicas superiores a los 11 millones de dólares, atribuidas a los efectos de la pandemia de la Covid-19 y las protestas sociales en la región.

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La solicitud se sustentó en una cláusula de controversias del contrato. Sin embargo, el Gore-Cusco rechazó el pedido y se conformó una comisión de entrega y recepción del inmueble. Ante ello, el 28 de febrero de este año, representantes de Belmond iniciaron un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima. En dicho proceso, exigen la extensión de la concesión por cinco años y cuatro meses, o hasta recuperar sus presuntas pérdidas, refrendadas con la firma de una adenda y que el Gobierno Regional asuma los costos del arbitraje.

"Tenemos que estar atentos. El Gobierno Regional se enfrenta a un poder económico y político muy fuerte, representado por Rafael López Aliaga y su influencia en el Congreso", advirtió la consejera regional por la provincia de Quispicanchi, Luz Marina Casafranca. Mientras tanto, Belmond ha rechazado participar en el proceso de transferencia del hotel, previsto para el 16 de mayo, lo que mantiene la tensión entre la empresa y las autoridades regionales.