Rafael López Aliaga: empresa de alcalde de Lima quiere explotar el hotel Machu Picchu, 5 años más
La concesión debería finalizar el 16 de mayo. Pero la empresa inició un arbitraje para seguir con el control del hotel Sanctuary Lodge. Argumentó que necesita 64 meses para recuperar los 11 millones de dólares que dejó de recaudar por la pandemia y las protestas sociales.
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Por José Víctor Salcedo Ccama
El gobernador regional Werner Salcedo Álvarez sonríe y baila en la Plaza Mayor del Cusco. Se mueve entre serpentinas, espuma y pica pica en la despedida de los carnavales. Lo rodean sus funcionarios y trabajadores regionales. Es domingo, 23 de marzo. Solo unos días antes, con gesto derrotado, hablaba indignado del problemón que tiene el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) con Perú Belmond Hotels S. A. por la concesión del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu.
La empresa pretende quedarse con la administración por cinco años y cuatro meses más. Argumenta que, a causa de la pandemia del coronavirus y las protestas sociales tras la vacancia de Pedro Castillo, perdió más de 11 millones de dólares. Que para recuperar esos millones necesita continuar con el control del único hotel en la entrada a Machupicchu.
El gobernador Salcedo Álvarez negó el pedido, lo que llevó a la empresa a iniciar un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima. Mientras tanto, sus trabajadores obtuvieron una acción de amparo con medida cautelar para no perder sus empleos.
Un arbitraje para forzar la ampliación del contrato de concesión
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima
Si Belmond ganara el laudo arbitral y sus trabajadores logran obtener el amparo, se abriría la puerta para que cualquier empresa pidiera la ampliación de su concesión para recuperar lo perdido por la pandemia y las protestas sociales. Y cualquier grupo de trabajadores podría usar una acción de amparo contra el Estado.
Pero vayamos por partes.
El 4 de diciembre de 2024, Belmond, que tiene como accionista a Rafael López Aliaga, presentó una carta en mesa de partes del GORE Cusco. Solicitaba la ampliación de la concesión del hotel Sanctuary Lodge por 64 meses. Alegaba que la pandemia y las protestas sociales le habían causado pérdidas. Se calcula que perdió USD 11.016.816, casi la misma cantidad que las empresas de López Aliaga le deben a la Sunat.
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El GORE respondió que la concesión finalizará de todas maneras el 16 de mayo, tal como se les notificó en mayo del año pasado. En la adenda de 2013, que amplió la concesión por 10 años, se especificó que el contrato “fenecerá en forma indefectible el 16 de mayo de 2025”.
Ante esta situación, la empresa activó la cláusula de solución de controversias del contrato e inició el trato directo, con la opción de acudir al arbitraje si no obtenía un resultado favorable en 30 días. Así lo hizo. “Desde el año pasado hemos solicitado reiteradamente reuniones al GORE…nuestras solicitudes no fueron atendidas…nos vimos obligados a iniciar un proceso legal para hacer valer nuestros derechos”, explicó Belmond en un comunicado.
“Es una leguleyada”, respondió Werner Salcedo.
Paralelamente, la empresa desplegó una estrategia de comunicación. Difundió en medios locales sus supuestos aportes sociales en Machupicchu —algo que no había hecho antes—, organizó reuniones con políticos y autoridades. Una de estas se realizó en el hotel Monasterio, con la presencia de consejeros regionales y políticos.
Empresa de López Aliaga obtuvo la concesión en 1995
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La historia de la concesión empezó en 1995. Belmond obtuvo la concesión del hotel por 20 años en la dictadura de Alberto Fujimori, con una renta mensual de USD 6,000 y el 6 % de sus ingresos mensuales. En diciembre de 2013, dos años antes de que finalice la concesión, el gobernador Jorge Acurio Tito firmó una adenda que amplió el contrato por 10 años adicionales y el pago de USD 10.000 más el 8 % de los ingresos. “Una adenda trucha”, recordó Salcedo Álvarez.
Según la Contraloría (informe de auditoría n. ° 36-2021), la adenda presentó irregularidades administrativas, civiles y penales. Se firmó sin informe legal ni aprobación del Consejo Regional. La inscribieron en Registros Públicos el 27 de diciembre, el mismo día en que Acurio fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, diez días después de haber sido inhabilitado por una condena por corrupción.
Volvamos a los acontecimientos de los últimos meses. El 17 de febrero de este año, los representantes de Belmond se reunieron con el gobernador Salcedo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León Chempén; de Cultura, Fabricio Valencia; y del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas.
Adrianzén gestionó la reunión. A la sede llegaron, a las 17:30, tanto Salcedo como los funcionarios de la empresa: André Carrasset Gros Laurent, Verónica Arbulú Umbert, Jorge Iván Alonso Herrera, Mariella Natalia Trujillo Wurttele y Renzo Santiago Carrasco Domhoff.
Una propuesta indignante
La reunión duró media hora y no se hizo pública hasta el 11 de marzo. Se filtró la solicitud de Lorenzo Souza Debarbieri, presidente de Belmond, para una nueva reunión. El empresario pedía al gobernador continuar con las coordinaciones acordadas en Lima. En el encuentro de Lima, contó el gobernador, le propusieron ampliar la administración del hotel hasta que haya una nueva administradora.
"Les dije que no, porque no pasaba por firmar una agenda. No existe normativa que permita ampliar una concesión por más de 30 años. Su propuesta fue rechazada", dijo. Después —continuó—, les pedí que no volvieran a hacer esa propuesta, que era indignante.
En Cusco, acusaron a Salcedo de favorecer a la empresa. “Werner Salcedo cumple su compromiso de campaña y recuperará el Sanctuary Lodge para beneficio de la población cusqueña”, respondió el gobernador en un comunicado. Dos días después, el gerente regional, Edward Álvarez, conformó una comisión de entrega y recepción del hotel.
Para entonces, Belmond ya había tomado precauciones. El 28 de febrero, inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima. Exige que el GORE reconozca sus pérdidas, amplíe la concesión por 64 meses o hasta recuperar sus pérdidas, firme una nueva adenda con los permisos necesarios para que siga operando el hotel y asuma los costos del arbitraje.
Un proceso de amparo y una medida cautelar
El mismo día, el juez del Cuarto Juzgado Civil de Cusco, Eliot Zamalloa Cornejo, aceptó una acción de amparo y una medida cautelar presentada por más de 300 empleados de la empresa. Ordenó al GORE abstenerse de afectar sus puestos de trabajo hasta que realice una nueva licitación. Belmond había usado a sus trabajadores para prolongar la concesión. Los mismos trabajadores que intentó despedir durante la pandemia y que fue evitado por el Ministerio de Trabajo.
Quizás sin quererlo, el juez Zamalloa, terminó favoreciendo a la empresa. Llama la atención que Zamalloa fallara a favor de los empleados de una empresa privada en una demanda contra una entidad pública. También que firmara la resolución en su último día en el juzgado de vacaciones y que la asistente judicial, Marcia Luza Bernal, no notificara a tiempo al GORE, dejándolo sin margen de maniobra.
El procurador Luis Orós Quispe no pudo responder la demanda y el GORE fue declarado rebelde. Recién contestó el 17 de marzo. Solicitó ser parte del proceso cautelar, presentó oposición y pidió que la medida cautelar sea dejada sin efecto. Argumentó que la medida cautelar carecía de sentido, no existía relación laboral entre los demandantes y el GORE. No había “amenaza cierta e inminente” a sus derechos laborales.
La concesión no es materia de un proceso de amparo de los trabajadores
Según Henry Delgado Urrutia, catedrático universitario y doctor en Gobierno y Políticas Públicas, la medida cautelar en este caso no corresponde a un amparo constitucional. “Debió dirigirse a su empleadora (Belmond). La terminación de un contrato con el GORE no es materia de debate judicial”. Afirmó que el juez no tenía por qué pronunciarse. “La finalización del contrato compete únicamente a las partes contractuales. La medida cautelar no cumple con los presupuestos procesales constitucionales que guarden para una medida cautelar (de no innovar)”.
El gobernador dijo que actuaron de buena fe. No pensaron que Belmond se aferraría a la concesión. Para disimular lo que parece ser un fracaso —al menos temporal— respondió en conferencia de prensa. Se enfocó en el qué y no en el cómo. Denunció el entreguismo de los noventa, la inacción de sus antecesores y las prácticas corruptas pasadas, pero no presentó una estrategia, ni un plan técnico y legal para enfrentar a la empresa.
La concesión debería terminar el 16 de mayo próximo. Sin embargo, con la resolución judicial y el arbitraje, es probable que el plazo se extienda. “Tenemos que ser respetuosos de la decisión judicial” —admitió el gobernador con gesto derrotado— “estamos cuestionando esa medida cautelar y tenemos que superar el caso en el espacio legal…”.
Rafael López Aliaga es accionista de Perú Belmond
El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló en febrero que Rafael López Aliaga declaró a la Contraloría que todavía mantiene acciones en diez empresas: siete nacionales y tres extranjeras. Una de esas empresas es Peruval Corp., con participación en Perú Holding de Turismo S. A. A. Esta última compañía es accionista de los hoteles Monasterio, Las Nazarenas, Río Sagrado y Machupicchu Sanctuary Lodge, que está en la puerta de entrada de la ciudad inka.
“Soy propietario de las acciones que he declarado ante la autoridad de control nacional y no tengo impedimento alguno para ser propietario de dichas acciones; sin embargo, no ejerzo función alguna en esas empresas”, admitió López Aliaga en una carta notarial enviada al semanario a propósito del reportaje.
En 2024, La República reveló que, hasta mayo de ese año, todas las empresas vinculadas a López Aliaga sumaban una deuda tributaria de S/ 27.546.010.
