Condorcanqui: En un 70% aumentaron las denuncias por abuso sexual contra menores en el 2024

A pesar de que a mediados del año pasado se hicieron públicas las denuncias sobre abusos sexuales que sufrieron menores de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) por parte de docentes y auxiliares, las estadísticas de la UGEL demuestran que esta terrible realidad no ha cambiado: en un año, los casos aumentaron en un 70%, pasando de 54 en el 2023 a 92 en el 2024. Ante este lamentable panorama, especialistas señalaron que la responsabilidad por el incremento de estas cifras recae en el Gobierno de Dina Boluarte, debido a la falta de implementación de medidas efectivas para frenar estos ataques a menores.

De acuerdo con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, entre el 2010 y el 2024 se han registrado 582 denuncias por abuso sexual contra estudiantes en la provincia. Solo en diciembre del año pasado se presentaron nueve acusaciones; en noviembre, 23; en octubre, 16; en setiembre, 16; y en agosto, 5, lo que resalta la urgencia de abordar esta situación de manera efectiva.

Sobre el tema, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, recordó a La República que el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, llegaron a la provincia solo para las cámaras porque las pocas medidas implementadas fueron insuficientes para detener estos abusos horrendos.

“Las medidas del Minedu no han dado resultados porque los casos siguen aumentando. Ese es mi reclamo”, manifestó.

Asimismo, resaltó que uno de los problemas principales es que los apus, ante un caso de violación sexual, exigen a los agresores un monto de entre 1.000 y 3.000 soles para no denunciarlos. Otra dificultad es que los docentes denunciados solo son derivados a otras comunidades, lo que pone en peligro a más escolares.

PUEDES VER: Sutep propone bono de hasta S/30.000 para docentes con maestrías y doctorados

Medidas preventivas

Para Rossina Guerrero, directora de Promsex, mientras no se generen acciones concertadas para acabar con la impunidad y para intervenir en los colegios, este panorama continuará. “El ministro de Educación tiene la obligación de asegurar que las escuelas sean espacios seguros”, afirmó.

Mencionó que el titular del Minedu debe trabajar en medidas de prevención con los docentes y la población, enfocándose en el respeto y en la lucha contra la violencia. Además, criticó que las autoridades muestran una alta tolerancia institucional frente a estos delitos, particularmente en los casos de agresión sexual, justificándolos como prácticas culturales.

Guerrero, con preocupación, mencionó que existe otra emergencia: hay niños, niñas y gestantes contagiados con VIH debido al abuso sexual. “Esto es inaudito. Hay una responsabilidad mayor, porque estas víctimas deben tener acceso a todos los tratamientos necesarios para que el VIH no progrese a SIDA. Es preocupante. ¿Qué está pasando?”, expresó.

Resaltó que las 582 denuncias representan a cada niña, con un daño psicológico y físico, quizás irreparable para su vida. “Todo esto es algo traumático que esos niños llevarán consigo. Sin mencionar a los menores que fueron contagiados con VIH. Están abandonados”.

PUEDES VER: ONU cuestiona al Estado peruano por no defender derechos del niño

Advierten fusión del MIDIS y MIMP

Colectivos, organizaciones y exministras advierten que el gobierno de Dina Boluarte insiste en fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Sostienen que esta medida representa un grave retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres.

A través de un pronunciamiento publicado por el Movimiento Manuela Ramos, se indicó que, ante los recientes y graves casos de violencia de género que involucran a funcionarios públicos y particulares, es necesario fortalecer la institucionalidad de los derechos de las mujeres en el Estado, en lugar de debilitarla.

Asimismo, explicaron que la fusión de estos ministerios representa un retroceso en la especialización de políticas públicas y una amenaza de reducción de los recursos destinados a promover la igualdad de género, la inclusión y el bienestar social, especialmente de las poblaciones más excluidas de nuestro país. Del mismo modo, advirtieron que esta medida vulneraría gravemente el acceso a la atención y protección especializada que estas poblaciones requieren.