Amazonas: 532 niñas abusadas y solo 112 docentes destituidos

Desde los 11 hasta los 15 años, Z. W. fue agredida sexualmente por un docente. Lo hacía bajo amenazas de muerte. El sujeto trabajaba como profesor en el colegio de nivel primario donde ella estudiaba, en Santa María de Nieva.

En sus horas libres, la menor trabajaba lavando ropa en la vivienda de la hermana del perpetrador. Fue ahí donde la ultrajó por primera vez. A los 15 años quedó embarazada y el abusador la obligó a abortar. 

El caso de Z. W. es uno en la larga lista de niñas abusadas por profesores en las comunidades nativas de Condorcanqui, y que hasta ahora no encuentran justicia.

 Las cifras son de espanto. Desde el 2010 hasta el 19 de junio de este año se han registrado 532 denuncias por abuso sexual cometido por docentes y auxiliares. Las víctimas: menores entre los 5 y 17 años. Solo en esta semana se conocieron 8 casos nuevos, según la UGEL de Condorcanqui y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD). 

Del total de denunciados, cinco son docentes nombrados y 526 contratados; 213 enseñaron en primaria y 246 en secundaria.

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 Pero eso no es todo, del universo de denunciados, 112 han sido destituidos, 73 han sido absueltos, 55 se encuentran en investigación, 21 han sido reinstaurados y 4 están con cese temporal. Además, 9 casos han sido archivados y 198 han prescrito. 

Y lo que es peor, 165 docentes procesados por el presunto delito de acoso sexual siguen trabajando libremente en escuelas de las comunidades nativas. 

Una sola abogada ve los casos

 José Martínez Adanaqué, presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) de la UGEL Condorcanqui, reveló a La República que solo una abogada se encarga de las 532 denuncias por agresión sexual contra menores de edad debido a la falta de presupuesto, interés y apoyo del Estado.

 Cabe agregar que no solo hay denuncias de abuso y hostigamiento sexual, sino también de maltrato psicológico y físico, entre otros delitos, los cuales suman 975 casos y cuyos expedientes aún no son investigados en profundidad por falta de recursos. 

Lo grave de esta situación es que al no avanzar los casos, muchos de ellos prescriben y los profesores con denuncias continúan dictando clases en los centros educativos de los pueblos alejados, lo que representa un peligro para las niñas, niños y adolescentes.

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Este problema se mantiene sin solución desde 2010 por las carencias de la CPPADD de la UGEL de Condorcanqui. Y no solo por falta de personal, sino también de logística: no cuentan con ‘chalupas’ (canoas) ni combustible para visitar las comunidades nativas que están a dos o tres días de distancia y recoger los testimonios. Por ello, Martínez pide que el Estado brinde presupuesto a dicha comisión de trabajo y que no los abandonen como otras veces.

 “Cuando el tema de los docentes acusados de abuso sexual contra escolares es difundido por la prensa en Lima, recién los ministerios ponen las pilas, nos ayudan un tiempo y luego se olvidan. Necesitamos un apoyo que no sea temporal, sino permanente”, señala.

Víctimas mortales 

En esa línea, Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, menciona que en este pueblo indígena ubicado en Loreto existen muchos suicidios de menores que sufrieron abusos sexuales cometidos por sus propios profesores. Esto sucede debido a que no cuentan con apoyo y, muchas veces, los agresores llegan a un acuerdo con las familias de las víctimas a cambio de dinero. 

Otra de las causas es que las afectadas no reciben un tratamiento adecuado tras los abusos. Cuando van a denunciar a la ciudad, lo cual implica casi tres días de viaje, les piden regresar varias veces para seguir un estudio psicológico, una misión casi imposible, ya que los padres no cuentan con los recursos necesarios para volver, por eso la mayoría no asiste, señala. 

A raíz de que Olivia Bisa alzó su voz y reveló estos delitos que están sucediendo en su comunidad, ha recibido varias amenazas contra su vida. Sin embargo, sus ganas de encontrar justicia son más fuertes. 

Por el mismo motivo, Rosemary Pioc Tena, docente y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, también es amenazada. Ella dio a conocer hace poco la cantidad de abusos sexuales cometidos en los colegios de Amazonas con residencia estudiantil y todos los casos que han quedado impunes desde el 2010. 

Incendio en UGEL 

En junio del 2022 se registró un extraño incendio en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, en la región Amazonas. El fuego consumió gran parte de un centro educativo y alcanzó los expedientes físicos de los docentes procesados por abuso sexual que se encontraban en el lugar y se pensó que se había perdido todo. 

Sin embargo, Rosemery Pioc y la congresista Flor Pablo aseguran que estos documentos aún existen, ya que fueron digitalizados, y solo falta continuar con los procesos. 

De acuerdo con la UGEL de Condorcanqui, en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (Simex) hay 462 documentos registrados y 69 pendientes. Solo 182 han sido digitalizados y 349 están pendientes. Mientras que en el Ministerio Público, 339 expedientes fueron derivados y 192 aún siguen en proceso.

 Ante esta situación, la congresista Flor Pablo propone un plan de intervención en Condorcanqui que incluya un equipo de defensa legal, y apoyo en salud física y psicológica para prevenir, atender y no dejar impune los casos de violencia. También solicitará al fiscal de la Nación un equipo especial con un procurador para que se haga cargo de estos casos. “Viajaremos a Condorcanqui para verificar”, aseguró.

 Y en medio de la ola de críticas recibidas por decir que los abusos contra menores en Amazonas podrían ser una “práctica cultural”, el ministro de Educación, Morgan Quero, retrocedió y pidió que se reabran 67 casos de abusos sexuales en agravio de estudiantes de Condorcanqui, los cuales habían sido archivados. 

Asimismo, señaló que las residencias estudiantiles para niñas en Amazonas serán administradas por docentes mujeres para evitar cualquier situación de abuso. 

¿Es todo? Parece que para el Gobierno sí.

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